En la medida que Chile siga enviando señales de inestabilidad y retroceso en el modelo económico de libre mercado al mundo, menos incentivos tendrán los inversionistas extranjeros —y los propios chilenos— para invertir en el país. Porque no hay peor idea que cambiar el techo de la casa en medio de la tormenta, corresponde recordarle a la ciudadanía que el lloro y el crujir de dientes que se está produciendo producto del fin del flujo de inversión será mucho peor que el descontento que existía en Chile justo antes del estallido social.
Es un error decir que todo tiempo pasado fue mejor. El Chile de octubre de 2019 tenía muchos problemas y limitaciones. El gobierno del Presidente Piñera había perdido el rumbo. Obsesionado con intentar pasar una reforma tributaria y otra reforma a la ley de pensiones que tenían pocas chances de sortear la mayoría de la oposición en el Congreso, el Mandatario estaba hundido en la desaprobación. Varios años después de haber terminado el boom de las exportaciones, el país no tenía fuerzas que impulsaran una nueva ola de crecimiento. La gente estaba molesta porque el sueño de la tierra prometida que la había llevado a endeudarse para educar a sus hijos y para adquirir las herramientas que les permitieran competir en el sistema no se materializaba. El estallido social fue la consecuencia del descontento, no su causa.
Pero no se necesita volver al pasado. Lo importante es que el país recupere su posición de líder en América Latina como centro de atracción de inversión extranjera. Para volver a ser una economía que crece vigorosamente hay que atraer inversionistas extranjeros y no ahuyentar los dineros que ya están en Chile. Eso se logra construyendo un país con bases institucionales sólidas, políticas amigables con el mercado y que promuevan la inclusión social en base al esfuerzo personal y no a la dependencia de la gente en los subsidios estatales. Para ser un país exitoso nuevamente, tenemos que construir un balance entre un estado que promueve la inclusión a la vez que promueve la inversión.
Para lograr ese objetivo, hay que hablar tanto de derechos sociales como de responsabilidad individual. Además, hay que entender que ninguna sociedad se desarrolla sin que haya un marco legal poderoso que proteja los derechos de propiedad. La única forma de reducir la pobreza y la desigualdad es logrando, primero, que el país crezca más rápido. Porque no tiene sentido aspirar a tener un país en que todos seamos igualmente pobres, de poco sirve demonizar la riqueza y el dinero. Sin dinero, jamás vamos a poder lograr los niveles de vida que poseen los países de la OECD a los que aspiramos parecernos. Para que la gente tenga mejor calidad de vida, para que haya más protección al medioambiente y para que las oportunidades se multipliquen, debe primero haber crecimiento económico. Para lograr el crecimiento, debe haber inversión. Para que haya inversión, hay que dejar de demonizar a los inversionistas extranjeros, a las multinacionales y a las personas en Chile que están ahora sacando su dinero para llevarlo a lugares seguros —a lugares en que se protegen los derechos de propiedad y se generan incentivos para que la gente invierta.
Aunque algunos crean que el mundo mira a Chile por su proceso constituyente, aquellos en el resto del mundo que se molestan en mirar lo que pasa en nuestro país ven una nación polarizada, controlada por un gobierno voluntarista que, cuando más necesita atraer inversión extranjera, anuncia aumento de los impuestos. Esos observadores también ven las complejas señales que envía una convención constitucional radicalizada y fundacional que decidió innovar incluso en las cosas que mejor funcionaban en la constitución actual.
Las señales que Chile envía al mundo hoy son malas. Nadie que busque oportunidades de inversión mira con entusiasmo a un país que está redefiniendo todas sus reglas, que demoniza el capital, que quiere poner obstáculos a los emprendedores y que amenaza con subirle los impuestos a aquellos que todavía tienen sus riquezas en el país. Habría que ser loco para creer que Chile es un destino atractivo para invertir.
En dos meses, el país decidirá si opta por el suicidio que implica aprobar este mal proyecto de constitución. La alternativa no es el cielo. De ganar el Rechazo, el camino en los próximos años estará lleno de obstáculos y amenazas. O sea, tenemos que escoger entre el suicidio y el manicomio. Naturalmente, siempre es mejor seguir vivo, pero no va a ser un periodo de miel sobre hojuelas.
Con todo, después de haber estado enviando malas señales al mundo por casi tres años, es momento de comenzar a enviar señales amigables a los inversionistas extranjeros y al capital. La única forma de salir del pozo en el que se está hundiendo el país es a través de una férrea defensa de los derechos de propiedad y de terminar con la demonización del capital. Sin inversión extranjera, jamás podremos salir del estancamiento en que ahora se encuentra el país.
*Patricio Navia es sociólogo, analista político y profesor de la UDP.