Un proceso constitucional como el que acordó emprender la mayor parte de la clase política en noviembre de 2019 –cuando el país parecía incendiarse por los cuatro costados– puede asimilarse a una operación a corazón abierto de alto riesgo que se realiza cuando peligra la vida del enfermo y este debe ser intervenido de urgencia.

Casi un mes después del inicio del estallido social, el riesgo del quiebre institucional parecía inminente. El de una intervención mayor, como la puesta en marcha de un proceso constitucional que con alta probabilidad pondría fin a la Constitución vigente, también conllevaba un riesgo no menor en un contexto de aguda inestabilidad social. En consecuencia, la grave crisis política demandaba optar por una de dos alternativas: dejar que el estallido social siguiera su curso con imprevisibles consecuencias o dar inicio a una operación “a corazón abierto” del sistema político, ni más ni menos que la posibilidad –un plebiscito la podría convertir en realidad– de redactar una nueva Carta Fundamental. Notablemente, hubo quienes optaron por la primera alternativa y no se plegaron al Acuerdo de Paz que finalmente definió el curso institucional que tomaría la crisis a partir de esa fecha.

En uno de los más extraños giros de nuestra historia política reciente, los mismos que se opusieron a esa salida institucional, el ahora llamado octubrismo, por la vía de una inédita elección tomó el control de la que sería la joya de la corona: la Convención Constitucional. Poco después, hace un año, la revuelta octubrista se hizo de los puestos de privilegio en la institucionalidad emergente disponiendo de los dos tercios requeridos para imponer sus disruptivas propuestas. Pero esa misma toma de control, en lo que podría ser una de esas “astucias de la historia” (Brunner dixit), es la que parece estar detrás del que se ha transformado en el más probable resultado del proceso constitucional: el Rechazo, que inesperadamente se afianzó con el correr de los últimos meses de trabajo del organismo redactor. El maximalismo de esa mayoría, que ahora se sabe que fue ocasional, tiene en las cuerdas al que iba a ser el resultado lógico del plebiscito de salida, la aprobación de la propuesta constitucional.

Pero la Convención se tomó un riesgo no calculado, una suerte de doble o nada: proponer un texto refundacional al gusto de la mayoría circunstancial del octubrismo, un texto constitucional a contrapelo del parecer de la mayoría de los chilenos según las encuestas de opinión pública –algo que, por lo demás, no era difícil presumir–. Todo indica que habría bastado apenas una razonable dosis de moderación para asegurar el Apruebo.

Desde luego, darse una nueva Carta Fundamental implica tomar riesgos. Una expresiva mayoría ciudadana estuvo dispuesta a tomarlos en el plebiscito de entrada. ¿Cuánto riesgo están dispuestos a tolerar ahora los chilenos, cuando se les propone un conjunto de reformas que importan un riesgo apreciable para la democracia y para el desarrollo del país? La respuesta la conoceremos en pocas semanas, pero las encuestas sugieren que para una mayoría el techo de tolerancia ya fue alcanzado, y que se ha instalado una creciente aversión al riesgo en relación a la propuesta constitucional. En 2020 la ciudadanía se pronunció sin vacilaciones por reemplazar la Constitución vigente, pero ahora no parece dispuesta a ratificar un texto que pondría en riesgo la estabilidad democrática y la unidad de la nación. Y, en cambio, lo estaría para continuar con el proceso constitucional luego de rechazar la propuesta, aceptando la tesis del Presidente Lagos que «el proceso constituyente en el que estamos embarcados no terminará el 5 de septiembre».

*Claudio Hohmann es ingeniero civil y ex ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

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