Con ese dinamismo que suele acompañar a la política, de un momento a otro el tema de fondo ya no es solamente el plebiscito del 4 de septiembre y las posturas que tienen al respecto los diferentes actores sociales y políticos. A medida que pasan las semanas, comienza a ser cada día más relevante que ocurrirá en Chile después del 4 de septiembre.
La fecha, ciertamente, no es inédita y genera rápidas evocaciones. El 4 de septiembre de 1970 Salvador Allende obtuvo la primera mayoría relativa en la elección presidencial, lo que abrió sesenta días que conmovieron no solo al país, sino también a distintos lugares del mundo.
El riesgo y la esperanza se cruzaban con una realidad marcada por la corrida bancaria y las amenazas contra la democracia, los deseos fervientes de evitar que el socialismo llegara a La Moneda o bien que consolidara la victoria obtenida parcialmente en las urnas.
La Democracia Cristiana exigió a Allende un Estatuto de Garantías Democrática, ante el temor que el gobierno de la Unidad Popular instalara un sistema totalitario, como solían hacerlo los regímenes comunistas en el mundo. Más dramático todavía fue el asesinato del general René Schneider –fiel representante del respeto a la Constitución y las leyes–, por un comando extremista de derecha.
¿Cómo será Chile después del 4 de septiembre de 2022? ¿Vivirá momentos de esperanza y dramatismo similares a los de hace poco más de medio siglo? ¿Regresará la violencia octubrista? El tema es de una enorme complejidad y solo podemos hacer conjeturas al respecto.
No depende solo del eventual triunfo del Apruebo o del Rechazo, sino sobre todo de las reacciones que tengan los vencedores y vencidos esa noche tan temida como esperada. Esto vale para los dirigentes de ambas opciones, para los partidos que han adherido a las distintas posturas y los convencionales que redactaron la propuesta. Pero a ellos se suman otros actores relevantes: en primer lugar, el gobierno, y en segundo lugar la ciudadanía.
La posición del gobierno –en lo que va del proceso– ha sido en ocasiones ambigua y, en otras, contradictoria. Las expresiones han ido desde la necesidad del triunfo del Apruebo como requisito sine qua non para el cumplimiento del programa del Frente Amplio y el Partido Comunista (ministro Jackson), hasta una comprensión sincera de la legitimidad de ambas opciones en el plebiscito de salida (Presidente Boric), con todo lo que ello implica.
En otro plano, si hace algún tiempo Gabriel Boric sostenía que no había un plan alternativo en caso de ganar el Rechazo, este viernes 15 de julio ha anunciado que en caso de darse este resultado será necesario realizar una nueva elección de convencionales, para seguir con el proceso constituyente. “Vamos a tener que discutirlo todo a partir de cero”, aseguró el gobernante en una entrevista, según su interpretación de lo que habría establecido el plebiscito de entrada.
No se requiere ser un gran jurista para disputar esa interpretación, pero es evidente que estamos frente a un hecho político de gran trascendencia. En primer lugar, porque el gobierno, por primera vez, se pone abiertamente en la posibilidad de que triunfe el Rechazo, contra las predicciones más optimistas del momento caliente de la revolución de octubre, del plebiscito de entrada y de buena parte del proceso constituyente.
En segundo lugar, porque la interpretación sesgada del Ejecutivo busca fijar un tránsito para el cual no tiene prerrogativas, quiere instalar un costo más alto a la eventualidad que la propuesta de la Convención sea rechazada y, de hecho, fija nuevamente una prioridad constituyente para Chile después del 4 de septiembre.
Nuestro país vive una encrucijada decisiva. Es claro que existe una discordia constitucional y parece instalado que la propuesta de la Convención dejará a Chile en una situación similar de división sobre la carta fundamental.
Por lo mismo, es necesario mirar con atención el resultado de cada una de las etapas de la revolución de octubre y del proceso constituyente mismo. Además de existir una división en un tema fundamental, es claro que la ciudadanía manifestó su voluntad de cambiar la Constitución vigente, con el 78% de la aprobación ciudadana. Para ello se formó una Convención, que realizó un trabajo y ha presentado una propuesta: eso es lo que será evaluado el 4 de septiembre.
Si llegara a triunfar el Rechazo, significaría no solo un gran fracaso del órgano constituyente, sino también sigue rigiendo la carta vigente.
Esto plantea un desafío objetivo, de la mayor relevancia, que me parece tiene dos aristas. El primero es el desafío constituyente, o constitucional, ante la pervivencia de un problema que parece tener paralizada a la clase política, con la secuela de incertidumbre y agotamiento que produciría la quizá infructuosa salida institucional.
Por lo mismo, el resultado adverso en el plebiscito del 4 de septiembre requiere una actitud madura de la clase política, y no el inicio de aventuras voluntaristas, distorsiones de la fórmulas establecidas o profundización de la crisis. En este sentido, en nada contribuyen declarar por muerta la Constitución vigente, como lo hizo el presidente de la UDI en su momento, o alterar unilateralmente el sentido de la votación y fijar un nuevo proceso constituyente sin consultar a la ciudadanía o a los órganos representativos, como lo ha hecho el presidente Boric.
Pero hay un segundo desafío relevante, que parece estar olvidado, o ha sido dejado en un segundo o tercer plano, en circunstancias que tiene la mayor importancia para la vida diaria de las personas.
Se trata del progreso social y de su contracara: la descomposición de los vínculos sociales y humanos, que se manifiestan en diversas áreas: en la necesidad urgente e imperativa de mejorar las condiciones de vida de la población, de resolver la crisis de seguridad que afecta a tantas ciudades y zonas rurales, la ruptura de las redes sociales, los cientos de miles de “ni-ni” que deambulan por las calles, los campamentos que no paran de aumentar y otros tantos problemas que son parte de la nueva cuestión social, más dolorosa si consideramos que Chile tiene las riquezas naturales y la capacidad para dar condiciones de vida digna no solo a la actual población, sino a muchos millones de personas más.
Sin embargo, para eso se requiere un cambio de foco, que difícilmente podrá entender una clase política ensimismada con los problemas constitucionales y muy lejana a los dramas sociales.
El “clamor que está recorriendo Chile” –en palabras que hace unos años usó el entonces diputado Gabriel Boric– es otro. Es un llamado a mejores condiciones de vida, de salud y educación, a una economía más sana y con posibilidades de mejores trabajos, una inflación más baja y pensiones que permitan vivir de mejor manera la última etapa de la existencia. Es ser atendido y operado a tiempo, poder crecer en un ambiente sano, libre de delincuencia, sin violencia desatada y con posibilidades de desarrollo para los niños.
En definitiva, es la sociedad mejor a la que aspiran millones de chilenos, la misma que es prometida en cada campaña electoral y que luego desaparece tras otras prioridades políticas o ideológicas.
Después del 4 de septiembre, cualquiera sea el resultado, la prioridad debe volver a ser que cada compatriota viva mejor y proyecte su futuro con libertad y condiciones económicas y sociales adecuadas. Ello, ojalá, bajo un marco constitucional unitario, respetado por la inmensa mayoría de los chilenos, que sea una afirmación de futuro y no una querella más sobre el pasado.
Después de todo, llevamos muchos años de acusaciones recíprocas y supuestas soluciones que no llegan. Es preciso avanzar sin pausa, con el corazón y la cabeza, hacia una sociedad donde el problema “constitucional” no exista.
Pero eso, que es mucho, es también muy poco: si no se resuelve la cuestión social, seguiremos horadando la convivencia nacional y, con ello, una de las bases fundamentales del progreso social de Chile.
*Alejandro San Francisco es académico de la Universidad San Sebastián y Universidad Católica de Chile. Director de Formación Instituto Res Publica.