El proyecto de ley de Financiamiento de la Educación Superior (FES) sigue acumulando críticas transversales en el mundo académico. El rector de la Universidad Finis Terrae y exsubsecretario de Educación Superior durante el segundo periodo de Sebastián Piñera, Juan Eduardo Vargas, conversó en Libre Mercado sobre las consecuencias que tendrá el proyecto si se aprueba como está.
Vargas, que representa a un grupo de siete universidades que ha recurrido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por un aspecto central del proyecto, no dudó en enviar un mensaje a los parlamentarios que deberán votar la iniciativa: «De no mediar cambios sustanciales en el proyecto de ley, lo que vamos a observar es un efecto tremendamente negativo en el sistema de educación superior, pero también tremendamente negativo en las arcas fiscales. Y por eso me atrevo a hablar de una bomba de tiempo.»
Riesgo de autonomía y aumento de control estatal
Vargas fue enfático en apuntar la pérdida de autonomía universitaria como el punto más grave del FES. La razón principal radica en la prohibición del copago (salvo para el decil 10), lo que aumenta drásticamente la dependencia financiera de las instituciones respecto del Estado.
“Si uno tuviese que definir qué es lo más grave que tiene, dentro de las muchas cosas lamentables, es sin duda el efecto negativo en la autonomía”, aseguró el rector.
El mecanismo de financiamiento, a través de aranceles regulados y la eliminación del copago, crea una dependencia presupuestaria que, a su juicio, coarta la independencia y la calidad. «Cuando tú dependes en un 80% en términos de ingresos de la autoridad de turno, aunque no lo quieras, aunque sea de una manera solapada, de alguna manera pierdes esa autonomía para ser crítico», aseguró Vargas.
Además, sostuvo que esta dependencia no solo afectaría la capacidad crítica, sino también la calidad de los proyectos educativos al mermar los ingresos que se destinan a docencia, investigación y vinculación con el medio.
Aranceles regulados y sesgo en competencia
Una de las críticas que llevó a siete universidades privadas adscritas a gratuidad a recurrir al TDLC tiene que ver con la fórmula utilizada para recalcular los aranceles regulados (el monto que el Estado transfiere por cada estudiante con gratuidad).
“Hemos visto un sesgo por parte de la autoridad que, esgrimiendo argumentos técnicos, aumenta las transferencias de recursos a las universidades tradicionales en desmedro de las transferencias a las universidades privadas,” denunció Vargas.
El rector de la Finis Terrae explicó que este sesgo no tiene una «justificación técnica sólida» y constituye un efecto negativo en la competencia en el sector. Añadió que si bien el reclamo ante el TDLC se centra en la gratuidad actual, los aranceles que resulten de este proceso se harán extensivos a todas las universidades que adscriban al FES, con un impacto sistémico para todo el sistema de educación superior.
Contradicciones ideológicas y copago
Otro flanco de crítica del exsubsecretario se centra en la contradicción de un gobierno que presenta este proyecto de ley que prohíbe el copago, pero que en los hechos, lo aumenta para miles de estudiantes.
El rector explicó que el arancel de referencia que financia el Crédito con Aval del Estado (CAE) “por primera vez en la historia… no se va a reajustar por IPC”.
En esa línea, dado que los aranceles universitarios sí se reajustan por inflación, la brecha de financiamiento que debe cubrir el estudiante aumentaría. “¿Qué va a ocurrir en los hechos? Que dado que el arancel de la universidad evidentemente se reajusta por IPC, en la práctica ese estudiante va a tener que hacer un copago superior a los 2 millones de pesos (en el ejemplo numérico). Pero miren lo absurdo, pelean por el copago y en la práctica lo que están haciendo… es aumentando el copago”, advirtió.
A esto se suma la naturaleza del financiamiento para el estudiante, que aunque se evita la palabra «crédito», implica un mecanismo tan oneroso que podría llevar a pagar hasta 3,5 veces el costo de la carrera a una tasa de interés cercana al 17% anual.
Segregación y mayor estratificación del sistema
Vargas advirtió que el proyecto FES tendrá un efecto colateral profundamente negativo en la cohesión social: la segregación universitaria.
Explicó que al eliminar las becas propias de las instituciones (que hoy permiten a universidades de buen nivel atraer alumnos de menores recursos con importantes descuentos) y prohibirles el copago, las universidades que hoy no están en gratuidad se verán forzadas a tomar una decisión compleja. «Hay un grupo pequeño (de universidades) pero que representan a universidades de muy buen nivel… que probablemente en este contexto no van a entrar al sistema del FES. ¿Y qué va a provocar? Que esas universidades se van a hacer aún más de élite», afirmó.
El rector sentenció que estas instituciones se convertirán en espacios donde no se podrá recibir alumnos con FES ni tampoco con becas, lo que resulta en un sistema de educación superior «mucho más segregado».
Como reflexión final, el exsubsecretario llamó a los parlamentarios a no repetir la historia reciente de leyes que han tenido efectos perniciosos en el sistema de educación, como la prohibición del copago, la selección y el lucro en establecimientos escolares: “¿Qué obtuvimos como resultado? Una mucho mayor inversión, un mucho mayor gasto por parte del Estado en desmedro del aporte privado con un incremento nulo, sino negativo, en calidad”.
El gasto fiscal oculto: morosidad y contradicciones presupuestarias
Vargas también puso la alerta en que el proyecto FES constituye un peligro para las arcas fiscales, puesto que el costo real no estaría dimensionado en el informe financiero. Uno de los supuestos cuestionados es la morosidad, la que se asume como inexistente o muy baja.
«De partida se asume que no hay morosidad, o prácticamente no hay morosidad. Y eso, por muy eficiente que sean los sistemas de cobro, me cuesta creer, me cuesta creer que nadie se escape», señaló el rector.
Otro costo inmenso no considerado, de acuerdo con el rector, es la probable adscripción a la gratuidad de universidades que hoy no están en el sistema, lo que implicaría un gasto estatal altísimo.
Finalmente, Vargas advirtió sobre la contradicción en que se sustenta el informe de costos: postergar la universalidad de la gratuidad. «Fíjate lo contradictorio. Este gobierno que rasgó vestiduras con la gratuidad universal, este mismo gobierno es el que está proponiendo postergar la gratuidad universal«, sostuvo, concluyendo que esta maniobra es utilizada para justificar que el proyecto «supuestamente no le causa un costo para el fisco.»