El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, asegura que está “expectante” respecto del momento que vive la minería chilena en estos momentos.
En pleno desarrollo de la Cesco Week, uno de los principales eventos de la minería mundial que se realiza en Chile entre el 13 y el 17 de abril, el líder de una de las seis ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) le toma el pulso a la actividad, admitiendo en esta entrevista con Libre Mercado, de El Líbero, que ve una actitud positiva del nuevo gobierno en términos de impulsar el dinamismo de este sector.
“Parte de la expectativa se refiere a eso; uno ve un ánimo distinto, una confianza distinta en el sector y en la industria que no es la que veníamos observando anteriormente. Y eso se nota, digamos, en la apertura que hay para analizar ciertos cuellos de botella que son los que nos están afectando”, sostiene Riesco.
El abogado describe una paradoja que define el momento de la industria. “Tenemos precios relativamente altos, tenemos una situación de demanda que impulsa esos precios altos, una demanda esperada para los próximos años que es muy intensa, derivada de la electromovilidad, la transición energética, toda la implementación de inteligencia artificial que demanda muchos recursos mineros y sin embargo tenemos una producción que está estancada desde hace aproximadamente 20 años”, explica.
“No hemos podido responder a esa mayor demanda ni aprovechar todavía ese mayor precio en mayores producciones”, admite.
Esa brecha entre potencial y realidad tiene una explicación estructural. El gran boom minero privado de los años 90, que dio origen a faenas como La Escondida, Collahuasi o Quebrada Blanca, permitió multiplicar la producción en pocas décadas. Pero desde entonces, las minas se han vuelto más exigentes: las leyes del mineral bajan, los yacimientos se hacen más profundos y los costos de operación suben. Las inversiones de los últimos años han servido para mantener niveles, no para crecer. Y los proyectos completamente nuevos, los llamados Greenfield, prácticamente han desaparecido del horizonte.
Riesco destaca que uno de los nudos más críticos que el nuevo gobierno de José Antonio Kast ha comenzado a abordar es el de la permisología. A su juicio, el sistema de evaluación ambiental que nació en los años 90 como un paraguas protector para los proyectos ha derivado, con el tiempo, en una administración “muy complicada” que hace difícil satisfacer exigencias que a veces califica de “arbitrarias”. “Esa estructura necesita ser urgentemente revisada para darle más agilidad”, sostiene.
Pero la permisología no es el único cuello de botella. La judicialización, explica Riesco, puede representar dos tercios del tiempo total que demora un proyecto en concretarse, llevando a que un desarrollo minero pase siete, ocho o incluso diez años sin certeza jurídica. En ese frente, el presidente de Sonami valora el anuncio de adoptar un modelo similar al de Brasil, donde el Estado no solo otorga los permisos, sino que también los defiende ante eventuales impugnaciones. “Si llega a judicializarse, la judicialización es contra el Estado y el Estado es el que defiende sus permisos, no el titular”, explica.
Consultado sobre las perspectivas de precio del cobre hacia 2030, Riesco prefiere no aventurar cifras precisas, pero traza una línea gruesa optimista. Las proyecciones apuntan a déficits de entre 6 y 10 millones de toneladas de cobre fino al año, más de lo que Chile produce hoy, lo que sostendría niveles de precio altos en el mediano plazo. Sin embargo, advierte una trampa que el país no puede ignorar: si la oferta no responde a tiempo, parte de esa demanda podría simplemente desaparecer, porque los industriales dejarían de apostar por un insumo cuyo abastecimiento no está garantizado. «No podemos caer en la contradicción de defender niveles de descontaminación y de descarbonización futura sin proveer los principales medios, que son los minerales, para poder llegar a esa situación», concluye.