El costo de las licencias médicas para la economía chilena llega al 1,2% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a unos 4.000 millones de dólares, y su crecimiento ha sido sostenido durante los últimos años, ya que hace una década (2014) representaban el 0,6% del producto, asegura en el podcast Libre Mercado la economista y experta en temas de salud, Carolina Velasco.
Con una amplia experiencia como investigadora -trabajó en el Centro de Estudios Públicos (CEP) y Libertad y Desarrollo (LyD) en estos temas- Velasco es ahora directora de Estudios del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián (IPSUSS). Y desde esa posición ha participado en el debate público que surgió a partir del descubrimiento hecho por la Contraloría General de la República de que 25.000 funcionarios públicos viajaron fuera del país haciendo uso de licencias médicas.
Velasco sostiene que en este tema existe algunos ámbitos de opacidad respecto a números que son fundamentales. Por ejemplo, no se tiene claridad de cuántas licencias se cursan en Chile al año o cuántas personas trabajan en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), un eslabón clave del sistema. “No existe una sistematización de información sobre el uso de licencias”, asegura. “El número de licencias está para años anteriores en algunos informes que realiza la Superintendencia de Seguridad Social (Suceso), pero no existe como un visor de datos de licencias médicas como sí ocurre en otras áreas”, agrega.
A su juicio, el sostenido crecimiento de licencias se explica por un conjunto de tres factores. El primero de ellos es el mayor nivel de ocurrencia de enfermedades en personas que están en su última etapa laboral, con un énfasis en temas mentales. Pero ese aspecto está lejos de explicar el grueso del problema. Según la especialista, un segundo elemento es que la licencia médica es el beneficio más completo que existe hoy en Chile en términos de seguridad social.
“Es el más generoso porque cubre el 100% del sueldo. Es más generoso que el seguro de cesantía o el seguro por invalidez. A nadie le conviene definir que su incapacidad ya no es temporal. La licencia de 100% del subsidio es para incapacidades temporales para trabajar. Las incapacidades permanentes pasan al seguro de invalidez. Y ese seguro cubre un 70% del sueldo”, sostiene.
El tercer factor, a juicio de Velasco, es la falta de fiscalización. “No existen sanciones o penas, digamos, asociadas a eso, salvo procesos muy largos. Directamente ya es difícil sancionar a un emisor, a un médico, a quienes pueden dar la licencia. Pero aún más difícil lo es para las personas. Entonces, ni emisor ni usuario tienen sanciones fáciles de alcanzar. Y además los sistemas de fiscalización son débiles, tenemos un sistema fragmentado”, plantea.
Reformas necesarias: estructura de licencias y fiscalización
La economista, que también fue parte del segundo piso del segundo gobierno de Sebastián Piñera en temas de salud, cree que las principales urgencias de reforma se concentran en dos planos: modificar la estructura de las licencias y reestructurar la fiscalización.
En este primer ámbito, propone igualar a todos los trabajadores bajo una misma regla de pago. Actualmente, en el sector público las licencias no tienen carencia, lo que significa que se pagan íntegramente todos los días. En el sector privado, por el contrario, si la licencia es por menos de 11 días, los tres primeros no se pagan.
Para Velasco, la autoridad debe definir si la carencia existe o no, pero tiene que regir para todos los trabajadores, independientemente del sector en el que se desempeñan. Su propuesta es que exista una carencia de dos días, compatible con el Código del Trabajo.
Un segundo aspecto es involucrar al empleador, para que pueda financiar una parte o incluso un tercer día. Y un tercer campo de acción es establecer que la licencia incorpore pagos decrecientes en el tiempo, tal como hoy lo hace el seguro de cesantía, para incentivar la reincorporación al trabajo. La experta propone, incluso, establecer un límite perentorio -que podría ser de seis meses- a partir del cual el trabajador beneficiario sea sometido a una intensiva fiscalización, para determinar si su licencia debe alargarse o si debe pasar de temporal a permanente.
“Hoy día los médicos no tienen protocolos para todas las enfermedades, las condiciones de salud, y para decir, mira, el reposo recomendado para esta enfermedad es este. Es un poco lo que ellos conocen, aprendieron, saben, pero queda muy a criterio del propio emisor de la licencia. Entonces ahí también nos faltan criterios”, dice.
El segundo ámbito al que Velasco aplicaría una reestructuración es el de la institucionalidad y fiscalización. Una alternativa es seguir con lo que impulsó el gobierno del Presidente Gabriel Boric, en el sentido de incluir una contraloría en Fonasa, al igual como las tienen las isapres. La otra, que es complementaria, es fortalecer a la Compin. “Tiene que ser una entidad muchísimo más fortalecida en términos de ser más estricta cuando te va o no a aprobar o rechazar una licencia. Y ahí creo que tiene que fortalecerse su gobierno corporativo, su gobernanza, porque es muy débil”, asegura.