Por más de ocho meses se extendió la toma en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que podría haber terminado con un desalojo a la fuerza por parte de Carabineros, sin embargo, las negociaciones de dos nuevas autoridades y sus nexos con los protagonistas de la protesta fueron la clave para destrabar el conflicto. 

La movilización comenzó el 8 de julio cuando un grupo de manifestantes, liderados por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile (ACES) y la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular ingresó a las instalaciones y se mantuvo en el instituto hasta el pasado 22 de marzo, once días después del cambio de mando. A ellos se sumaron la Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos, y la Coordinadora de Víctimas de Perdigones. La extensión de la toma y las demandas exigidas por sus protagonistas llegaron a un punto sin retorno para quienes negociaban desde adentro del INDH. 

Así fue como la ministra del Deporte, Alexandra Benado, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydée Oberreuter, habrían sido las figuras claves para destrabar los conflictos entre el INDH y los estudiantes secundarios de la ACES, debido a sus vínculos previos con ellos, los que le permitieron al Presidente Gabriel Boric evitar un desalojo forzoso en los primeros días de su administración.

Los hilos de la ministra Benado comienzan en la fundación Londres 38 donde fue coordinadora general desde marzo de 2017, hasta el 20 de enero de 2022. La organización de derechos humanos ligada a la memoria fue una de las que apoyó firmemente la toma de la ACES, aduciendo que el INDH operaba como «cómplice de los crímenes del Estado».

En varias ocasiones Londres 38 suscribió comunicados de organizaciones sociales donde anunciaban el “apoyo irrestricto” a las exigencias de la toma, que incluían la renuncia del director de la organización Sergio Micco y del Consejo, que el instituto definiera o manifestara que en Chile hay violaciones sistemáticas a los DD.HH, que hay presos políticos y que estos deberían ser liberados. A su vez, Benado también fue crítica del actuar de Micco y durante las manifestaciones del estallido del 18-O tuiteó que las declaraciones del director desacreditaban a los funcionarios y daban “más chipe libre a los abusos y violaciones a los derechos humanos”. 

Dicha fundación que apoyó constantemente la toma, donde trabajó la ministra, es dirigida por Erika Hennings, abuela del exvocero de la ACES y uno de los líderes más conocidos, Víctor Chanfreau, quien participó desde el inicio y hasta casi los últimos días de la ocupación del instituto. 

Chanfreau fue uno de los voceros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios y tomó relevancia desde el 2 de enero de 2020 como líder de las manifestaciones contra la Prueba de Selección Universitaria (PSU) que generaron, ese mismo año, la cancelación de la PSU.

Su rol e incorporación al movimiento guardan relación con su abuelo Alfonso Chanfreau, militante del MIR, desaparecido desde el 30 de julio de 1974. “Cuando me tocó asumir la vocería tenía un objetivo, acabar con las injusticias que vienen hace más de 40 años. Él es mi abuelo por el que se me ha insultado, detenido desaparecido y aún buscamos justicia. La querella del gobierno no nos asusta, #NoMasPSU no es violencia sino justicia @AcesChile”, escribió en su cuenta de Twitter.

Chanfreau no quiso referirse a las negociaciones con las autoridades de gobierno que lograron el fin de la toma, aunque aseguró que “Micco no fue capaz de hacer nada por resolver el conflicto y que si no hubiera sido por los trabajadores del INDH nosotros aún nos mantendríamos sin respuestas”.

Benado mantiene otro vínculo con la madre del estudiante, Natalia Chanfreau, quien organizó el año 2003 una huelga de hambre en contra de “la impunidad en Chile”, en la que participó la actual ministra del Deporte. “Nosotros, cansados ya de mentiras, de promesas y falsas expectativas, y conscientes que no hay reparación posible, porque nada ni nadie nos devolverá a nosotros a nuestro familiares, ni a Chile los compatriotas perdidos, nos declaramos en huelga de hambre indefinida”, declararon catorce jóvenes el 18 de agosto de 2003. Alexandra Benado participó en ella en memoria de su madre Lucía Vergara, asesinada por la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Pero sus lazos no quedan ahí. Según fuentes del INDH, Benado sería cercana a la consejera de ese organismo, Margarita Romero, quien le pidió la renuncia a Sergio Micco y que se negó al desalojo como opción para terminar con la toma. 

Romero -consejera del INDH desde 2016- lideró la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y en actualmente preside la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad.

Fue precisamente el 20 de diciembre, según consta en acta, que Romero emplazó a Micco a realizar un informe sobre todos los avances y conversaciones que se realizaron con los manifestantes. El pasado 23 de marzo, día que finalizó la toma de la sede central del INDH, la consejera llegó acompañando a los dirigentes de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del INDH (AFFINDH) que pretendían hacer la “entrega formal” del edificio.

La negociación de la subsecretaria que “salvó” a Boric del desalojo forzoso

El INDH designó este año a una comisión de consejeros integrada por Yerko Ljubetic, Debbi Guerra y Branislav Marelic para negociar con los líderes de la toma. Las conversaciones iban bien, según cuentan. Sin embargo, se habrían paralizado en febrero cuando los dirigentes estudiantiles se reunieron con el comando de Gabriel Boric y abordaron una de sus principales demandas: la liberación de los detenidos en el contexto de las protestas posteriores a octubre de 2019. 

Tras el primer acercamiento entre el gobierno y la ACES, las negociaciones estuvieron a cargo de la subsecretaria de DD.HH, Haydée Oberreuter, quien comenzó a reunirse -días antes de asumir- con los líderes de la movilización y la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (AFFINDH), quienes habrían tenido un rol importante desde adentro para zanjar la crisis.

Tras esta conversación, la AFFINDH solicitó el 20 de marzo al gobierno del Presidente Boric la creación de una mesa de diálogo para atender las demandas de las víctimas de la “violencia estatal” y llamó a los ocupantes a entregar las dependencias del instituto a sus funcionarios.

Precisamente ese día se cumplía el plazo de un dictamen emitido por Contraloría que obligaba al organismo a recuperar el control de sus dependencias en un plazo de 30 días que había comenzado el 18 de febrero. “Las autoridades del INDH se encuentran en el imperativo de adoptar de inmediato las medidas que en derecho correspondan para restablecer la utilización del referido inmueble y asegurar que este sea empleado para el fin público para el que se contrató”, se lee en el dictamen firmado por Jorge Bermúdez.

Su pronunciamiento se dio luego de que los diputados UDI Juan Antonio Coloma, Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez se dirigieran a la Contraloría para exigir una respuesta sobre la “ocupación ilegal de la sede tomada por la ACES”. 

La participación de la subsecretaria en las conversaciones fue entonces determinante para evitar un desalojo forzoso por parte de Carabineros de la sede ubicada en Eliodoro Yañez 832. Una expulsión que se habría concretado a pocos días del cambio de mando presidencial y hubiese abierto un flanco para Gabriel Boric. 

Sin embargo, la intervención de la subsecretaría generó un profundo malestar y preocupación en el Consejo del INDH, ya que, según acusan trabajadores y consejeros, la gestión se habría realizado sin tomar contacto con las autoridades de la institución. 

Uno de los miembros del consejo comenta fuera de micrófono a El Líbero que la irrupción de Oberreuter implicó “bypasear” la autonomía del instituto. “La subsecretaria de Derechos Humanos intervino para que los jóvenes depusieran la toma y entregaran el edificio al INDH. Ahí hubo una cuestión que fue un poco compleja porque de alguna manera se bypaseó a la dirección ejecutiva y al mismo consejo, inclusive a la autonomía de la institución”, sostiene.

“Ahí no hubo ninguna conversación ni diálogo entre la dirección ejecutiva o la dirección superior del consejo para esta intervención o intermediación y eso podría, al menos, no generar una coordinación entre los distintos órganos del Estado.”, añade. 

Habría sido entonces la cercanía de Benado y de Oberreuter con los líderes de la toma la que permitió que ese conflicto cesara.

Alianza de la ACES con los sindicatos 

Los estudiantes secundarios no solo tuvieron aliados para negociar en el gobierno entrante, sino también en el sindicato del INDH. Cuando el grupo liderado por la ACES ingresó al edificio se encontraron con dirigentes gremiales de las dos asociaciones de funcionarios existentes que adherían a su causa. 

Según un comunicado escrito por trabajadores del instituto contrarios a la toma -al que El Líbero tuvo acceso- durante los ocho meses habría existido una coordinación entre las asociaciones de funcionarios y los líderes de la ACES. Incluso, acusan que dos de las dirigentes del INDH viajaron desde Temuco y Puerto Montt a Santiago el día anterior a la toma para estar dentro de la sede cuando esta se concretara.

Anteriormente la Asociación Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (ANDEDH) y la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Instituto Nacional de Derechos Humanos (AFFINDH), ya habían realizado -de forma separada- un paro. Al igual que los líderes de la ACES el petitorio de los trabajadores incluía la renuncia de Micco y una definición, por parte del instituto, respecto de las víctimas de trauma ocular.

En ese entonces, los sindicatos se manifestaron en contra de realizar labores esenciales para el mandato legal del INDH, principalmente en el período de pandemia. En concreto, los funcionarios declinaron realizar las visitas de chequeo al Sename, cárceles, entre otras instituciones para verificar el cumplimiento de los DD.HH., argumentando temas de seguridad.

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