Recientemente el Fondo Monetario Internacional ha sostenido que no se alcanzarán los equilibrios financieros al 2030, tal y como indica la Dipres, y proyecta que se mantendrá un déficit del 0,9% del Producto Interno Bruto. Estas estadísticas evidencian la exigencia de un ajuste fiscal significativo e ineludible, así como la necesidad de retomar el crecimiento al 4% como prioridad para restablecer los equilibrios.
Adicionalmente, la presidenta ejecutiva de LYD, ha dicho que existe un exceso de optimismo considerando que aproximadamente US$3.000 millones no alcancen a llegar a las arcas fiscales en 2026, lo que incrementaría aún más el déficit fiscal, elevándolo a casi US$9.000 millones. Si a esto se añade un reajuste al sector público, el déficit podría alcanzar los US$11.000 únicamente al concluir el primer año de la administración venidera.
El propio CFA, ha indicado que existe un espacio limitado que restringe la habilidad de la administración futura para afrontar contingencias sin comprometer la consecución de los objetivos fiscales, impidiendo que el gobierno subsecuente pueda poner en práctica sus prioridades programáticas.
Se observa, a su vez, un escenario caracterizado por un estancamiento en los ingresos tributarios netos, a pesar de reformas fiscales consecutivas. En 2024, se recaudó el 17,5% del Producto Interno Bruto, manteniendo el mismo nivel registrado en 2011. Efectivamente, las proyecciones apuntan a alcanzar una recaudación fiscal superior al 19% del Producto Interno Bruto en los años subsiguientes, bajo una perspectiva favorable. No obstante, incluso con esta cifra, no se consigue alcanzar un equilibrio entre los ingresos y los gastos permanentes.
En lo que respecta al logro de objetivos fiscales, nos encontramos ante un escenario de incumplimiento consecutivo en los tres años recientes. La meta reciente fue alterada desde un -1,1% del Producto Interno Bruto hasta un -1,6% del Producto Interno Bruto, pero finalmente se prevé un -2,2% del Producto Interno Bruto. No obstante, la secuencia de déficit fiscal ha durado una década.
En este escenario el expresidente del (CFA), Jorge Rodríguez, sostiene que las flexibilidades fiscales hasta 2030 son «casi nulas», dado que existe un margen escaso para la incursión de nuevos gastos durante dicho periodo.
Debe considerarse que existe un déficit de arrastre, pero también se anticipa un déficit fiscal prospectivo en los años subsiguientes, resultado de reformas que comprometieron el gasto público con una financiación insuficiente. Conforme al mecanismo de financiación de su informe financiero, la PGU no consigue captar el 25% de los ingresos proyectados, lo que resulta en un déficit del 0,7% del Producto Interno Bruto. La reforma de pensiones, que en régimen eroga un 1,2% del PIB, no logra financiar el 05% del PIB, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, lo que pone en duda la recaudación anticipada de la legislación de cumplimiento tributario.
Las proyecciones no son optimistas, de acuerdo con Joaquín Vial, consejero del CFA, únicamente si se sostiene un objetivo de déficit del 1,1%, esto indica que estamos alcanzando niveles de deuda en aumento, que exceden los límites establecidos y continuaría una presión de la deuda en expansión. Por lo tanto, el mantenimiento del estatus quo ya no resulta beneficioso; es imperativo tomar medidas más enérgicas para mitigar esta disparidad fiscal en el horizonte temporal de los años venideros.
Pues bien, el límite prudente de la deuda bruta establecido en el 45% del Producto Interno Bruto debería funcionar como un verdadero límite fiscal. Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda y presidente del Banco Central, ha declarado que el peligro para la economía chilena si la deuda pública excede este límite, conllevaría un incremento en las tasas de interés, incrementaría el riesgo nacional y tendría un impacto negativo en el crecimiento económico.
Dado este diagnóstico de la actual situación fiscal del país, debe considerarse que, aunque todas las estrategias económicas propuestas por los candidatos presidenciales tienen como objetivo primordial el crecimiento, el crecimiento en sí mismo no consigue equilibrar las cuentas en el corto plazo. Debe tenerse en cuenta que únicamente cuatro puntos de reducción en el impuesto corporativo conllevan una recaudación inferior del 0,7% del Producto Interno Bruto, mientras que un punto de crecimiento conlleva una recaudación superior del 0,17% del Producto Interno Bruto.
Es por tanto conveniente evaluar como las propuestas económicas de los candidatos presidenciales, que proponen distintos niveles de ajuste fiscal, lograrán equilibrar o no la posición fiscal del país.
Programas económicos de las candidaturas presidenciales
Evelyn Mathei:
• Modificación inmediata del gravamen corporativo al 23%, adicional a la integración del sistema tributario.
• Ajuste anual de 2.000 millones de dólares.
• Crecimiento, Incremento adicional hasta alcanzar un máximo de un punto.
Jeanette Jara:
• No se ha propuesto una dimisión de impuestos.
• Solo recaudación de fondos mediante la lucha contra la evasión fiscal. Recaudación que ha sido cuestionada por FMI, fundamentado en la experiencia acumulada a nivel internacional.
• Se propone una propuesta de sueldo vital que se estima con un subsidio estatal decreciente para su viabilidad.
• En ausencia de una propuesta de ajuste fiscal, se mantiene el estado de estatus quo y la presión del déficit de arrastre y prospectivo.
Kast, José Antonio:
• Disminución progresiva del impuesto corporativo al 23%.
• Crédito fiscal al empleo formal, que puede implicar una tasa corporativa efectiva de hasta el 20%.
• Incremento de un punto adicional de crecimiento.
• Ajuste sugerido de 6.000 millones de dólares anuales hasta completar 21.000 millones de dólares al término del mandato.
Johannes Kaiser:
• Reducción inmediata del impuesto corporativo desde el 27% hasta el 15%.
• Crecimiento, incremento superior a un punto adicional o más.
Se propone un ajuste fiscal inmediato de 15.000 millones de dólares.
En las propuestas presentadas no se considera otras áreas como mayor gasto en salud, seguridad, educación, pensiones, en virtud del limitado espacio fiscal para mayor gasto.
En conclusión:
Un plan gubernamental con un ajuste fiscal deficiente y tardío o inexistente, puede exponer a Chile a superar el 45% del Producto Interno Bruto de deuda pública bruta a finales de 2026, tal como lo han señalado entidades como el Fondo Monetario Internacional y JP Morgan. Así, se restringe la posibilidad de restablecer los niveles del Fondo (FEES) actualmente cercanos al 1% del Producto Interno Bruto, cuando entidades como el Fondo Monetario Internacional han sugerido niveles superiores cercanos al 7% del Producto Interno Bruto para abordar tanto crisis internas como externas.
Además, bajo un escenario conservador, los programas económicos de las candidaturas presidenciales que incluyen ajustes fiscales más significativos y oportunos tienen una mayor probabilidad de restablecer los equilibrios fiscales, alcanzando la consolidación fiscal a finales de 2029 y generando un control de la deuda pública bruta bajo el límite del 42% al 40% del Producto Interno Bruto.
Es importante resaltar, que el incumplimiento del objetivo autoimpuesto del 45% del Producto Interno Bruto de deuda pública bruta no se limita a una cuestión de fiabilidad en la política fiscal, sino que también conlleva un riesgo de deterioro en la clasificación crediticia, lo que conlleva un incremento en el costo de la deuda, que ya constituye un 1,5% del Producto Interno Bruto.
Además de lo anteriormente mencionado, la reforma de pensiones instituyó el Fondo de Ahorro para los Trabajadores (FAPP) como una entidad independiente del gobierno central. Por lo tanto, el préstamo de los trabajadores contemplado por la reforma en función de la cotización del 1,5% no se considera deuda pública. En un contexto de estrés fiscal, la consolidación de la deuda pública del gobierno central, más el FAAP que el Estado garantiza, incrementa el riesgo de deuda si se consolida la deuda pública del gobierno central, más el Fondo de Ahorro para los Trabajadores (FAAP).
En última instancia, basándonos en nuestra proyección conservadora que considera un escenario realista basándose en la experiencia de la última década en materia fiscal, se deduce que la propuesta económica de Evelyn Mathei podría incrementar la deuda bruta al 50,64%. Esto se debe a que el ajuste que plantea se limita a la gestión de sus medidas económicas y no al déficit de arrastre y prospectivo. La propuesta de Jeanette Jara, que no sugiere un ajuste fiscal y propone medidas tales como el salario mínimo que requerirán subsidio estatal, no asume la responsabilidad del déficit de arrastre y prospectivo y podría elevar la deuda públicas al 55% del PIB. En última instancia, en el contexto de proyecciones fiscales conservadoras y sin la propuesta de incrementos de impuestos con una carga fiscal al límite, las estrategias económicas que podrían mitigar el déficit fiscal y reducir la deuda pública al 42% – 40% del Producto Interno Bruto, son las propuestas económicas de José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Estos proponen un ajuste fiscal significativo de 21.000 millones de dólares y 15.000 millones de dólares en el próximo mandato presidencial.
Juan Pablo Swett. Presidente Multigremial Nacional – Juan Alberto Pizarro. Presidente Comisión Tributaria Colegio de Contadores de Chile