El problema de la salud es una crónica de una muerte anunciada que tiene múltiples variables. Barros Luco decía que cuando el problema es muy grande lo mejor es no hacer nada y nombrar una comisión.
Las bajas cuotas de devolución de las Isapres obedecen a un problema de larga data que no fue nunca resuelto ni por el Ejecutivo ni el Legislativo que terminó con la inconstitucional Sentencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema porque las resoluciones judiciales en Chile sólo afectan a los incumbentes, como lo hizo ver oportunamente el Observatorio Judicial y varios juristas.
El Ejecutivo, muy precipitadamente, interpretó esta sentencia como general porque cumplía uno de los objetivos de su programa que es terminar con el sistema privado de salud, determinando una deuda inexistente y presentando la denominada Ley Corta. El Legislativo no tuvo el liderazgo político de resolver el problema y acusar constitucionalmente a los jueces porque es políticamente inviable.
La salud no está a la altura del desarrollo de Chile y según informes de la autoridad sanitaria hay más treinta tres mil muertes en listas de espera, ochenta y cinco mil patologías Ges no cumplidas por el Estado, alrededor de tres millones de pacientes en listas de espera y lo más grave, sobre quince mil pacientes con cáncer no atendidos.
Responsabilidad sustantiva en este problema la tiene una vieja escuela de salubridad pública que no incorpora los avances de la administración, economía y tecnología modernas y orienta la salud hacia un monopolio estatal en el concepto que salud es un bien público y es el Estado el que debe resolver. Surgen nuevos problemas de salubridad pública como la obesidad infantil, alcoholismo juvenil, drogadicción, salud mental, envejecimiento de la población que plantea nuevos desafíos sanitarios.
Fonasa incorpora nuevos seguros que no se sabe cómo se van a financiar.
¿Cómo enfrentar este grave problema, el más serio que afecta a Chile en décadas?
Lo primero que debemos definir es que salud es un trabajo multidisciplinario de diversos profesionales de la salud como médicos, enfermeras, matronas, tecnólogos, profesionales de la salud, arquitectos, ingenieros, economistas y no es un problema de médicos. No se debe confundir medicina que es sanar o un conjunto de herramientas cuyo objetivo es restituir enfermedades y sanar con salud que es equilibrio orgánico o ausencia de enfermedades. Un buen especialista médico no lo transforma en un buen administrador porque los problemas son otros. Cualquiera que haya estudiado administración sabe que un buen contador no necesariamente es un buen gerente. En suma, este es un trabajo de equipos.
Un aspecto sustantivo que definir es cuál es el objetivo de un sistema de salud. El paciente es el objetivo de todo sistema de salud, el gran olvidado por décadas, como lo determina el juramento hipocrático de los médicos: “Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones”.
Un tercer aspecto sustantivo para avanzar en salud es la modernización del Estado, muy resistida por los gremios de la salud. La pandemia nos demostró que podemos trabajar con un ministerio rector de políticas públicas y los sectores público y privados coordinadamente. Se necesita avanzar hacia un ministerio moderno con una estructura orgánica con vicepresidencias ejecutivas incorporando la tecnología. Hospitales como unidades económicas con gerencias y directorios mixtos público y privados, incorporando la variable productividad y a los trabajadores en los resultados. Estos deben captar recursos del sector privado, sociedades de beneficencia e inversionistas en proyectos tecnológicos.
Se requiere avanzar en la ficha única universal que permita desarrollar en anhelado hospital digital, un sistema electrónico independiente de licencias medidas donde es inconcebible que con el desarrollo de la tecnología actual existan tantos fraudes con licencias médicas. Un Fonasa orientado al paciente para que este tenga acceso igualitario y oportuno a los servicios de salud sin restricción alguna de preexistencia.
Concesionar toda la red hospitalaria. Estos son aspectos fundamentales en modernizar el sector salud.
Debemos definir que sistema de salud queremos. Un sistema en que se define la salud como bien público y es el Estado quien lo debe resolver. En ese concepto Fonasa desarrolla una serie de seguros donde se puede optar a seguros complementarios que tienen el grave inconveniente que no están regulados y no operan sobre los 70 años por los altos deducibles.
La alternativa es un sistema mixto donde es el paciente el que tenga la libertad de elegir libremente el prestador, subsidiándolo directamente para que tenga acceso igualitario y oportuno a los servicios de salud sin ningún tipo de restricciones, preexistencias, económica, de raza o de cualquier índole. El paciente debe estar al centro. Esta es una decisión política donde debemos evaluar cuál es la mejor forma de asignar los recursos.
Un quinto aspecto es implementar un sistema nacional preventivo en salud incorporando los centros de salud familiar, mutuales y la red hospitalaria. La medicina familiar, alfabetización sanitaria por intermedio de programas de nutrición y educación sanitaria, fomento del deporte, una batería obligatoria de exámenes preventivos como exámenes de sangre, mamografías, ecotomografías, colonoscopías, exámenes de diagnóstico por imágenes entre otros. Las consultas médicas preventivas en ginecología, urología, oftalmología, endocrinología, gastroenterología, entre otras, son esenciales en la detección precoz de enfermedades. Las leyes de etiquetado, desincentivar la comida chatarra, entre otras, es la forma de combatir el grave problema de la obesidad infantil, alcoholismo juvenil, drogadicción, salud mental. Me pregunto ¿es el servicio militar social pagado una herramienta de educación sanitaria y de cohesión social?
Por último, para diagnosticar asertivamente el enfermo, debemos sincerar la grave responsabilidad del Estado por años, tanto el legislativo como del ejecutivo. Un país que “interpreta” las leyes y no corrige por años las graves falencias de su sistema de reajustabilidad privado, a pesar de las advertencias de diversos ministros de la Corte en los 2000 es la causa que originó la Resolución del Tribunal Constitucional del año 2010 que abrió las puertas de la judicialización del sistema. Según informes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entre el 2013 y 2022 se presentaron más de 2,2 millones de causas en las Cortes de Apelaciones. Es de destacar que el Ejecutivo demoró casi una década en decretar la resolución de la tabla única de factores interpretando la Resolución del Tribunal Constitucional del año 2010.
Gran parte de este problema se origina en la conflictividad del sector por la excesiva injerencia de los gremios de la salud. Este atochamiento de causas es el origen de la Sentencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema del año 2022, que además de interpretarla con carácter retroactivo se interpretó por el Ejecutivo como general, lo que es inconstitucional de acuerdo con nuestro Código Civil, como lo hizo ver oportunamente el Observatorio Judicial, estableciendo una deuda inexistente. El Ejecutivo, en sintonía con su programa de gobierno de terminar el sector privado y dejarlo como seguros de “segundo piso”, rápidamente interpretó esta Resolución Judicial calculando una deuda inexistente. No existió liderazgo político para acusar constitucionalmente a los jueces lo que produjo esta ineditita crisis en salud.
¿Cómo arreglar el problema?
A pesar de que soy escéptico por los fuertes intereses involucrados, planteo ciertos ejes esenciales para mejorar nuestro sistema de salud.
Un gran acuerdo nacional en función a parámetros básicos.
Primero, determinar que es el paciente el centro de toda política pública en salud.
Segundo, se necesita un Estado moderno que incorpore las herramientas de la administración, economía y tecnología modernas.
Tercero, debe ser la prevención el foco del gasto en salud.
Cuarto, el foco del gasto debe estar orientado al paciente para que este elija libremente donde atenderse subsidiando directamente a las personas en un sistema mixto con participación pública y privada.
Quinto, debe existir un seguro catastrófico universal obligatorio.
Sexto, el personal debe tener un sistema especial de incentivos y protección en su trabajo.
*Jaime Calderón Riveros – Ingeniero Comercial