Las declaraciones de ciertos constituyentes en la línea de eliminar la educación particular subvencionada o restringir la libertad de enseñanza serían contrarias a lo que nos hemos comprometido y suscrito como país.

Los mismos países a los que el constituyente electo Daniel Stingo hace alusión tienen alguna participación privada pagada con recursos del Estado. La finalidad de ello es poder dar a las familias una alternativa distinta a la estatal, resguardando de esta forma su derecho a la libertad de enseñanza y religiosa.

Sí, en Kínder la cobertura es cercana al 90%; pero la cifra esconde que en la práctica los niños no asisten. El 66% de ellos es inasistente crónico, lo que tiene repercusiones en el corto y largo plazo.

Incluso en situación de cuarentena es posible plantear soluciones para mantener la presencialidad, al menos de grupos prioritarios, como los niños en su primera infancia, estudiantes más vulnerables y con necesidades educativas especiales.

Por muchos esfuerzos que se han hecho, la educación remota no logra sustituir la experiencia de la educación presencial, en especial cuando se trata de estudiantes más vulnerables que cuentan con menos apoyo y condiciones para poder seguirla. No, quienes abogamos por la apertura de escuelas no estamos poniendo el currículum por sobre la vida de los niños y demás miembros de la comunidad escolar, como ha argumentado el Colegio de Profesores en diversas ocasiones.

El horizonte debe ser el tener suficiente oferta de docentes de buena calidad.

Los Liceos Bicentenario han logrado mantener sus buenos resultados en el tiempo, logrando ser una alternativa de excelencia en todas las regiones del país, revalorizando la educación pública al punto que se han convertido en la opción preferente de los padres.

Tanto la Constitución como la ley establecen el principio de autonomía, de manera que las instituciones de educación superior puedan definir sus proyectos y propósitos institucionales, así como los medios para conseguirlos. Por tanto, los criterios y estándares para la acreditación les deben permitir determinar autónomamente los medios (recursos, procesos y resultados) para conseguir sus fines y asegurar la calidad.

Esta política significa un gasto enorme para el Fisco, y para 2021 aumentará en $82 mil millones debido al ingreso de siete nuevas instituciones a ella. Además de impedir que se destinen recursos para otros fines, queda sujeta a la posibilidad de seguir aumentando en la medida que otras universidades decidan adscribir a ella.

Muchos de quienes defienden que es la ciudadanía la que debe escribir su Constitución, no piensan igual cuando se trata de defender a las comunidades y a los propios padres para que tomen la decisión sobre la reapertura de las escuelas y de enviar a sus hijos a clases presenciales.

La cantidad de proyectos de ley presentados en el Congreso nos lleva a cuestionar su necesidad y si acaso nuestro sistema educativo tiene una rigidez tal que es incapaz de entregar márgenes de discrecionalidad para adaptarse y resolver por sí mismo las dificultades que enfrenta debido la pandemia.

Si bien debiera ser algo obvio, la pandemia ha relevado el valor que tiene la familia como núcleo fundamental de nuestra sociedad y en especial en la educación de los niños.