Es destacable el cambio curricular en tercero y cuarto medio que pone una base común entre las modalidades; también el convenio de convalidación que hace unos días presentó el Mineduc que permitirá a estudiantes convalidar asignaturas con la educación superior, siendo un primer paso para potenciar la articulación del sistema. Sin duda este tipo de programas que ponen foco en la calidad son las que se deben seguir impulsando.

Es importante analizar el funcionamiento del Sistema Único de Admisión hasta la fecha para poder generar un avance. Desde Acción Educar realizamos un estudio que permite ver que Chile cuenta con un sistema de acceso altamente centralizado y rígido, a diferencia de otros países donde, aunque pueden existir sistemas con plataformas de postulación, las instituciones guardan la posibilidad de poder ponderar y definir sus propios instrumentos.

El liderazgo de quien encabece el organismo será crucial para llevar adelante cada desafío, y deberá adoptar una agenda clara y convocante para que tanto la implementación como las mejoras que ya se han presentado puedan llegar a buen puerto.

Uno de los mayores problemas del CAE radicaba en el sobreendeudamiento que generaba en los estudiantes, cuestión que si bien se mejoró luego de los cambios introducidos en el primer gobierno de Piñera -como la tasa subsidiada al 2% y ser contingente al 10% de los ingresos- no soluciona los problemas de la morosidad, pues estos beneficios sólo se aplican en la medida que se esté al día de los pagos. Lo que hace falta es una propuesta que termine con el sobreendeudamiento y genere los mecanismos para ponerse al día en el pago.

El problema que se generó tras conocerse el informe emitido por la Contraría, el cual resuelve que los alumnos que perdieron la gratuidad este año por sobrepasar la duración formal de sus carreras deberán pagar el total de la matrícula y no el 50%, ha sido la gota que rebalsó el vaso.

El espacio está dado para repensar no sólo la PSU, sino la totalidad del sistema de acceso y es en esa discusión donde se debe insertar una propuesta respecto del instrumento que finamente se utilizará.

Las iniciativas del gobierno no pueden mirarse de manera aislada, sino bajo una narrativa con un objetivo común que las oriente. Esta no puede ser otra que el liderazgo directivo.

Un año más el Simce presenta, en general, un panorama ya conocido (…) Lo principal y obvio sería enfocarse en los métodos de enseñanza. No obstante, existen una serie de factores igual de relevantes que son necesarios tener presente.

Existen reparos entre algunos parlamentarios al proyecto de ley de educación parvularia porque, por un lado, propone un subsidio no basal y, por otro, creen que los recursos no llegarán a los jardines vía transferencia de fondos (VTF), sino que se beneficiará a los colegios particulares subvencionados. Ambas inquietudes -completamente válidas- tendrán que verse en la discusión en particular. Lo que importa es que hay un punto de unión, dado que después de mucho tiempo hay una oportunidad histórica para generar una política conjunta al respecto.

Actualmente, la Comisión Nacional de Acreditación -encargada de verificar la calidad de las carreras e instituciones universitarias- sólo la conforman la mitad de sus miembros, mientras se espera que el Senado ratifique los nombres que le ha propuesto el Ejecutivo hace ya más de un mes. Ello es preocupante pues, el reducido quorum con el que opera acrecienta el sesgo con que son tomadas las decisiones y  la legitimidad de los procesos que se están llevando a cabo.

Reducir el debate a expandir la gratuidad, no hace más que perjudicar y cerrar todas las puertas para dar con las posibles mejoras al sistema de financiamiento, que como han dicho claramente los senadores, hoy tiene falencias que es necesario subsanar.

El temor frente a que el Cruch continúe al mando no es infundado, pues durante estos años ha demostrado su ineficiencia -incluso obstinación- para introducir mejoras en la prueba. Además de la poca transparencia e imparcialidad de sus decisiones, resulta ejemplificadora la discriminación que se ha tenido desde el día uno con el sector técnico profesional.