Sostenidamente se han puesto restricciones al sistema subvencionado, pasando a llevar los principios de autonomía y libertad de enseñanza que garantiza la Constitución, pero sin implementar mejoras al sistema público -haciéndose partícipes del mismo abandono de la educación pública que tanto recriminan-. Los dados están tirados, pero el panorama para el año 2020 no se ve muy prometedor.

Dentro de los hechos importantes que pasan de manera desapercibida por ser poco noticiosos está la discusión que se ha dado en torno a los asistentes de la educación. Discusión que pone de manifiesto, una vez más, la calidad de nuestra legislación y también el afán regulatorio sobre las escuelas, que en este caso afecta especialmente al sector particular subvencionado.

En palabras vacías ha quedado la relevancia de la educación inicial, cuestión que se plasma en la discusión que se ha llevado hasta el momento en la tramitación de los proyectos de ley, como el rechazo al subsidio para los niveles medios que permitía equiparar la situación de los niños, y la no aprobación por parte de la Comisión de Educación del Senado al aumento de mujeres con derecho a sala cuna, que mejoraría el acceso y cobertura en la primera infancia.

Durante el movimiento estudiantil del 2011 se presentaron una serie de iniciativas que buscaban una reforma a este derecho constitucional, algunas con ideas más extremas que otras, y que es probable vuelvan a surgir.

Dado el escenario actual y la presión en el ambiente, pues  las personas ya no están dispuestas a esperar, las alternativas se vuelven más complejas y, en consecuencia, ha llevado a que aparezcan ideas que si bien pueden apagar el incendio hoy, nos pueden poner en aprietos para el futuro a la hora de definir un sistema de financiamiento que pueda complementar a la gratuidad y reemplazar al CAE.

Hoy más que nunca vale la pena preguntarse por aquellos principios que queremos resguardar de nuestra democracia y la manera en que los promovemos. Cuáles son los valores que queremos entregar a los estudiantes.

Se quiere prohibir a todos los establecimientos y niveles de la educación escolar enviar trabajos para la casa, sin considerar las diferencias y particularidades de cada uno. ¿Realmente son los senadores quienes deben tomar este tipo de decisiones? Nuevamente, y contrario a lo que muestra la evidencia, se limita una función propia del profesor y del liderazgo pedagógico.

Llama la atención el proyecto de ley presentado por un grupo de diputados de oposición, que, contrario a toda la evidencia y sin presentar fundamentos, busca volver atrás los cambios introducidos en 2011, restringiendo nuevamente las facultades de los directivos. La iniciativa no sólo significaría un retroceso, sino que además no soluciona las preocupaciones que los propios directivos han manifestado y que dicen relación con la falta de autonomía para la toma de decisiones, entre otras.

La acusación deja claro que en educación el debate está tomado por las ideologías y da una muy mala señal respecto de la posibilidad de generar diálogo para lograr los consensos que se requieren para avanzar.

Es destacable el cambio curricular en tercero y cuarto medio que pone una base común entre las modalidades; también el convenio de convalidación que hace unos días presentó el Mineduc que permitirá a estudiantes convalidar asignaturas con la educación superior, siendo un primer paso para potenciar la articulación del sistema. Sin duda este tipo de programas que ponen foco en la calidad son las que se deben seguir impulsando.

Es importante analizar el funcionamiento del Sistema Único de Admisión hasta la fecha para poder generar un avance. Desde Acción Educar realizamos un estudio que permite ver que Chile cuenta con un sistema de acceso altamente centralizado y rígido, a diferencia de otros países donde, aunque pueden existir sistemas con plataformas de postulación, las instituciones guardan la posibilidad de poder ponderar y definir sus propios instrumentos.

El liderazgo de quien encabece el organismo será crucial para llevar adelante cada desafío, y deberá adoptar una agenda clara y convocante para que tanto la implementación como las mejoras que ya se han presentado puedan llegar a buen puerto.