Tanto la Constitución como la ley establecen el principio de autonomía, de manera que las instituciones de educación superior puedan definir sus proyectos y propósitos institucionales, así como los medios para conseguirlos. Por tanto, los criterios y estándares para la acreditación les deben permitir determinar autónomamente los medios (recursos, procesos y resultados) para conseguir sus fines y asegurar la calidad.

Esta política significa un gasto enorme para el Fisco, y para 2021 aumentará en $82 mil millones debido al ingreso de siete nuevas instituciones a ella. Además de impedir que se destinen recursos para otros fines, queda sujeta a la posibilidad de seguir aumentando en la medida que otras universidades decidan adscribir a ella.

Muchos de quienes defienden que es la ciudadanía la que debe escribir su Constitución, no piensan igual cuando se trata de defender a las comunidades y a los propios padres para que tomen la decisión sobre la reapertura de las escuelas y de enviar a sus hijos a clases presenciales.

La cantidad de proyectos de ley presentados en el Congreso nos lleva a cuestionar su necesidad y si acaso nuestro sistema educativo tiene una rigidez tal que es incapaz de entregar márgenes de discrecionalidad para adaptarse y resolver por sí mismo las dificultades que enfrenta debido la pandemia.

Si bien debiera ser algo obvio, la pandemia ha relevado el valor que tiene la familia como núcleo fundamental de nuestra sociedad y en especial en la educación de los niños.

El rol de los alcaldes, tanto como sostenedores como autoridades locales, debe estar en la línea de prepararse de la mejor forma para un posible retorno, el cual puede que incluso no ocurra durante el año 2020, pero que con certeza requerirá de un trabajo importante para hacerlo adecuadamente, entregando confianza a las familias.

Avanzar en sistemas que permitan conocer y prevenir situaciones como el ausentismo, la deserción, el compromiso escolar, los problemas de convivencia y un sinfín de otras dificultades es fundamental para mejorar nuestro sistema educativo.

Senadores de oposición han entrampado el debate del proyecto de ley que busca ejecutar la obligatoriedad de kinder para acceder a la educación básica. La discusión pone una vez más de manifiesto que se ha dejado en segundo plano a los más pequeños por pretensiones particulares y da cuenta de la poca rigurosidad con que se evalúan los proyectos.

Condonar las deudas del CAE como se propone no haría más que retroceder en ello, destinando recursos a quienes hoy sí tienen capacidad para retribuir al Estado lo que les fue prestado.

Pensar que la ley 21.091 resolvió el problema de financiamiento de la educación superior parece ser un poco ingenuo. Hoy por hoy, la pandemia y la crisis económica que le sobreviene nos fuerzan a pensar de manera seria y responsable el sistema, de manera de poder poner los recursos efectivamente donde más se necesitan.

A algunos grupos y diputados parecieran pesarles más sus ideologías antes que el interés por el bienestar del sistema educativo. Solo así pueden entenderse las palabras la diputada Cristina Girardi contra la posibilidad de prestar apoyo a las instituciones de educación superior y especialmente a las universidades privadas.

Si bien el plan a primera vista puede parecer apresurado y ha contado con diversas críticas, es positivo en diversos aspectos.