Condonar las deudas del CAE como se propone no haría más que retroceder en ello, destinando recursos a quienes hoy sí tienen capacidad para retribuir al Estado lo que les fue prestado.

Pensar que la ley 21.091 resolvió el problema de financiamiento de la educación superior parece ser un poco ingenuo. Hoy por hoy, la pandemia y la crisis económica que le sobreviene nos fuerzan a pensar de manera seria y responsable el sistema, de manera de poder poner los recursos efectivamente donde más se necesitan.

A algunos grupos y diputados parecieran pesarles más sus ideologías antes que el interés por el bienestar del sistema educativo. Solo así pueden entenderse las palabras la diputada Cristina Girardi contra la posibilidad de prestar apoyo a las instituciones de educación superior y especialmente a las universidades privadas.

Si bien el plan a primera vista puede parecer apresurado y ha contado con diversas críticas, es positivo en diversos aspectos.

Por más que la evidencia demuestra lo fundamental de la educación parvularia y que la cobertura en los niveles medios (de 2 a 4 años de edad) es mucho menor en los quintiles más vulnerables, este proyecto de ley ha causado controversia.

La excepcional circunstancia que estamos viviendo producto del coronavirus requiere esfuerzos importantes y también ir adaptándose en la medida que se va desarrollando la crisis.

La pregunta de fondo es por qué hoy es tan poco atractiva esta profesión para los estudiantes y, más complejo aún, por qué las altas tasas de deserción que se producen a los pocos años de su ejercicio, que afectan especialmente a la educación pública.

No cabe duda -y en ello están puestos los esfuerzos-  en que es necesario mejorar nuestro sistema de admisión y en específico la PSU. Con todo y tal como se ha repetido los últimos días, ninguna prueba será perfecta en cuanto a equidad. Más allá de la posibilidad de corregir las preguntas por nivel socioeconómico, avanzar en la medición de habilidades, etc., hay una cuestión práctica de por medio: quienes estén mejor preparados, obtendrán mejores puntajes y luego mejor éxito académico en la educación superior. Es por lo anterior, que mejorar la calidad de las escuelas es la medida correcta y la manera adecuada de entregar oportunidades para continuar con los estudios

Una inquietud transversal es poder entregar continuidad en el aprendizaje. Dada la mala experiencia del 2019, es de esperar que la educación no quede a la orden de las manifestaciones, tomas y paros que se generen. El inicio de clases marcará, en alguna manera, la línea con que se viene el 2020, por lo que hay un desafío importante en lograr que se haga correctamente.

Hace unas semanas se dio a conocer el nuevo ordenamiento de los colegios en base a su desempeño, el que traía buenas noticias. Sin embargo, poco y nada se dijo al respecto.

El CRUCh está a tiempo para hacer los cambios necesarios y dar tranquilidad a las familias, evitando perjudicar aún más a los estudiantes, que se judicialice el problema y en definitiva se afecte al sistema en su conjunto.

Sostenidamente se han puesto restricciones al sistema subvencionado, pasando a llevar los principios de autonomía y libertad de enseñanza que garantiza la Constitución, pero sin implementar mejoras al sistema público -haciéndose partícipes del mismo abandono de la educación pública que tanto recriminan-. Los dados están tirados, pero el panorama para el año 2020 no se ve muy prometedor.