Ha resurgido con fuerza el interés por reponer el voto obligatorio, como fue tradicionalmente en Chile. Un poco de historia reciente puede ser útil para el debate.

Resulta fundamental no poner todas las fichas en el campo constitucional, sino que materializar la agenda social, ocuparse del medio ambiente y hacer andar la economía simultáneamente. Si queremos avanzar, hay que recuperar un clima de entendimiento en que puedan convivir las diferencias, desterrando la intolerancia y la violencia. Corresponde al Gobierno conducir este complejo proceso.

Chile tiene todas las condiciones para superar bien este terremoto social: una economía sana, una población solidaria cuando se la convoca, niveles todavía sólidos de convivencia y probidad, como se reveló en la marcha del viernes en Santiago. La responsabilidad de conducir la recuperación está principalmente en los dirigentes sociales y políticos y, particularmente, en el nuevo gabinete. No dejemos pasar la oportunidad.

A estas alturas los poderes colegisladores debieran tomar cartas en el asunto y zanjarlo mediante la única vía idónea: una reforma constitucional o una ley interpretativa de la Constitución, que señale explícitamente que tampoco cabe el recurso de protección en contra de los fallos del TC, ya que algunos consideran que no se trataría de un recurso propiamente tal sino de una acción constitucional. Esa debiera ser la ocasión de introducir los cambios al TC sobre los cuales hay un amplio consenso: disminuir el número de integrantes y elevar las exigencias para su nombramiento y eliminar el control preventivo obligatorio.

La Constitución, al tipificar las causales de acusación para los ministros de Estado, además de enumerar delitos específicos establece un motivo genérico: dejar las leyes sin aplicación. Apelando a este precepto todos los sectores políticos han presentado acusaciones constitucionales y los juristas se esfuerzan en cada ocasión por argumentar  dando un significado amplio o restringido a la norma, según sea de qué lado se encuentren.

El gobierno de Chile ha tomado una mala decisión apelando al TIAR. Es de esperar que en los siguientes pasos reafirme, sin matices, que es favorable a una salida pacífica de la crisis venezolana.

Necesitamos una idea de país compartida, o al menos mayoritaria, que sirva de marco a la deliberación democrática, que nos permita superar las ensoñaciones ideológicas y el pragmatismo sin horizonte.

Tanto discutir sobre “el país que queremos” hace perder de vista el país que existe y cambia vertiginosamente. El futuro votante apoyará a quien le de confianza para gobernar y mejorar sus condiciones de vida.

Las próximas elecciones presidenciales en Argentina pueden ser  decisivas. Algunos analistas las consideran emblemáticas para América Latina. Por la importancia del país, atraen la atención más que las que tendrán lugar en Bolivia y Uruguay.

Luego de casi 15 años de experiencia, el Tribunal Constitucional requiere varios cambios, a mi juicio, dos de ellos prioritarios. Uno se refiere al nombramiento y número de sus integrantes, y el otro, más profundo, a sus atribuciones.

El ciclo autoritario que marca el inicio del siglo XXI parece coincidir con la decadencia del papel hegemónico de EE.UU. Junto a la incertidumbre del futuro, se advierte una búsqueda de los valores democráticos y libertarios de los “padres fundadores”, la búsqueda de un nuevo sentido común, una voluntad de que EE.UU. recupere su legitimidad cultural y política y que pueda contribuir positivamente a la emergencia de un nuevo orden mundial más solidario. La presidencia de Obama no fue en vano.

La sociedad con razón lucha por mayor transparencia y vigilancia del ejercicio del poder. Allí donde entra la luz, retrocede el abuso. El problema surge cuando, por la decadencia del debate público y la debilidad de las ideologías, la contienda política recurre como arma principal a la denuncia del  escándalo que afecta al adversario sin enfocar el problema en toda su complejidad.