Si levantamos la mirada y nos liberamos de las pequeñas cuitas del presente, podremos enfrentar este año con decisión. No somos un país poderoso. Lo que nos hace relevantes es nuestra capacidad de unirnos tras un proyecto compartido.

La neutralidad del gobierno no es un factor positivo. Este tipo de proceso más bien requiere una actitud decidida de parte de la autoridad capaz de favorecer el clima de las deliberaciones y de respaldar las convergencias entre las corrientes mayoritarias.

Este proceso transformador habría sido más límpido y claro si no hubiera coincidido con una ola de destrucción y violencia, que lejos de favorecerlo, se ha convertido en un serio obstáculo a los cambios.

Ha resurgido con fuerza el interés por reponer el voto obligatorio, como fue tradicionalmente en Chile. Un poco de historia reciente puede ser útil para el debate.

Resulta fundamental no poner todas las fichas en el campo constitucional, sino que materializar la agenda social, ocuparse del medio ambiente y hacer andar la economía simultáneamente. Si queremos avanzar, hay que recuperar un clima de entendimiento en que puedan convivir las diferencias, desterrando la intolerancia y la violencia. Corresponde al Gobierno conducir este complejo proceso.

Chile tiene todas las condiciones para superar bien este terremoto social: una economía sana, una población solidaria cuando se la convoca, niveles todavía sólidos de convivencia y probidad, como se reveló en la marcha del viernes en Santiago. La responsabilidad de conducir la recuperación está principalmente en los dirigentes sociales y políticos y, particularmente, en el nuevo gabinete. No dejemos pasar la oportunidad.

A estas alturas los poderes colegisladores debieran tomar cartas en el asunto y zanjarlo mediante la única vía idónea: una reforma constitucional o una ley interpretativa de la Constitución, que señale explícitamente que tampoco cabe el recurso de protección en contra de los fallos del TC, ya que algunos consideran que no se trataría de un recurso propiamente tal sino de una acción constitucional. Esa debiera ser la ocasión de introducir los cambios al TC sobre los cuales hay un amplio consenso: disminuir el número de integrantes y elevar las exigencias para su nombramiento y eliminar el control preventivo obligatorio.

La Constitución, al tipificar las causales de acusación para los ministros de Estado, además de enumerar delitos específicos establece un motivo genérico: dejar las leyes sin aplicación. Apelando a este precepto todos los sectores políticos han presentado acusaciones constitucionales y los juristas se esfuerzan en cada ocasión por argumentar  dando un significado amplio o restringido a la norma, según sea de qué lado se encuentren.

El gobierno de Chile ha tomado una mala decisión apelando al TIAR. Es de esperar que en los siguientes pasos reafirme, sin matices, que es favorable a una salida pacífica de la crisis venezolana.

Necesitamos una idea de país compartida, o al menos mayoritaria, que sirva de marco a la deliberación democrática, que nos permita superar las ensoñaciones ideológicas y el pragmatismo sin horizonte.

Tanto discutir sobre “el país que queremos” hace perder de vista el país que existe y cambia vertiginosamente. El futuro votante apoyará a quien le de confianza para gobernar y mejorar sus condiciones de vida.

Las próximas elecciones presidenciales en Argentina pueden ser  decisivas. Algunos analistas las consideran emblemáticas para América Latina. Por la importancia del país, atraen la atención más que las que tendrán lugar en Bolivia y Uruguay.