En esto consiste, al menos en parte, la cualidad del político: intuir el peligro, precaverse para los períodos duros, ser capaces de cambiar de actitud cuando las circunstancias lo aconsejen y no insistir porfiadamente en acciones que en un tiempo pudieron ser eficaces pero que a la luz de los acontecimientos han perdido esa cualidad.

Aquí estamos iniciando un mes del cual se habló sin cesar en el verano. En esas conversaciones primaban las conjeturas. Ahora empezamos a vivir la realidad. No ha desaparecido la incertidumbre ni el riesgo (…). Chile tiene la capacidad y la reserva moral suficiente para transformar la crisis en una oportunidad de progreso. Hay que transformar el descontento en esperanza, la desconfianza en compromiso y la rabia impaciente en esfuerzo transformador. Es el desafío de las nuevas generaciones.

Se busca no sólo terminar con lo que Bobbio llamó las promesas incumplidas de la democracia, sino traducir en un nuevo sistema institucional de normas un marco que devuelva legitimidad a la política y permita a la gente participar en forma más decisiva en las decisiones públicas. Tal vez así se pueda responder a la demanda por “dignidad”, es decir, por un mayor respeto por los derechos y libertades de todos y nuevo trato entre los ciudadanos y entre ellos y las autoridades.

En el horizonte se bifurcan los caminos: uno es el del plebiscito y el cambio constitucional, que presupone la continuidad del actual gobierno, y el otro es el de la insurrección y la asonada violenta hasta provocar el fin anticipado del gobierno y hacer inviable el proceso constituyente como está concebido. No hay una alternativa intermedia, ni menos la posibilidad de tomar elementos de uno y otro lado.

El populismo actual, de derecha o de izquierda, es siempre el síntoma de una enfermedad de la democracia, una de cuyas causas es el cortocircuito en los canales de la representación y que se manifiesta en la decadencia de los partidos políticos surgidos en el siglo XIX. Perdida la fe en las instituciones republicanas, no pocos están prontos a confiar una vez más en una figura providencial que -como Alejandro Magno- sea capaz de desatar el nudo gordiano.

Si levantamos la mirada y nos liberamos de las pequeñas cuitas del presente, podremos enfrentar este año con decisión. No somos un país poderoso. Lo que nos hace relevantes es nuestra capacidad de unirnos tras un proyecto compartido.

La neutralidad del gobierno no es un factor positivo. Este tipo de proceso más bien requiere una actitud decidida de parte de la autoridad capaz de favorecer el clima de las deliberaciones y de respaldar las convergencias entre las corrientes mayoritarias.

Este proceso transformador habría sido más límpido y claro si no hubiera coincidido con una ola de destrucción y violencia, que lejos de favorecerlo, se ha convertido en un serio obstáculo a los cambios.

Ha resurgido con fuerza el interés por reponer el voto obligatorio, como fue tradicionalmente en Chile. Un poco de historia reciente puede ser útil para el debate.

Resulta fundamental no poner todas las fichas en el campo constitucional, sino que materializar la agenda social, ocuparse del medio ambiente y hacer andar la economía simultáneamente. Si queremos avanzar, hay que recuperar un clima de entendimiento en que puedan convivir las diferencias, desterrando la intolerancia y la violencia. Corresponde al Gobierno conducir este complejo proceso.

Chile tiene todas las condiciones para superar bien este terremoto social: una economía sana, una población solidaria cuando se la convoca, niveles todavía sólidos de convivencia y probidad, como se reveló en la marcha del viernes en Santiago. La responsabilidad de conducir la recuperación está principalmente en los dirigentes sociales y políticos y, particularmente, en el nuevo gabinete. No dejemos pasar la oportunidad.

A estas alturas los poderes colegisladores debieran tomar cartas en el asunto y zanjarlo mediante la única vía idónea: una reforma constitucional o una ley interpretativa de la Constitución, que señale explícitamente que tampoco cabe el recurso de protección en contra de los fallos del TC, ya que algunos consideran que no se trataría de un recurso propiamente tal sino de una acción constitucional. Esa debiera ser la ocasión de introducir los cambios al TC sobre los cuales hay un amplio consenso: disminuir el número de integrantes y elevar las exigencias para su nombramiento y eliminar el control preventivo obligatorio.