Exigimos, esa es la primera palabra del último párrafo del comunicado público de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) luego del anuncio del paso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad que hizo el Presidente Gabriel Boric esta semana.
Sin ninguna autocrítica ni tristeza por lo que está viviendo ese servicio a raíz de la corrupción que lo corroe por dentro, el gremio que debiese velar por la integridad de sus representados pareciera más preocupado de mantener su posición y status que por el bienestar de sus asociados.
La Operación Apocalipsis que esta semana volvió a poner en el banquillo de los acusados a los gendarmes, no es más que la punta del iceberg. Esta vez fueron 44 los involucrados en una red de corrupción que se suman a los otros tantos de los que nos hemos ido enterando durante este año. Pero, tal vez esto no es lo más preocupante pues ya parece chiste repetido.
Lo que más preocupa es escuchar a la Asociación de Gendarmes hablar de que una reforma de este tipo “carece de seriedad”, de que la rechazan tajantemente y que exigen “la apertura inmediata de una mesa de trabajo”.
Revisar esas declaraciones no hace más que confirmar la necesidad urgente de reformar Gendarmería.
¿Qué pidió el gremio? Respetar derechos adquiridos, estabilidad laboral, carrera funcionaria, resguardo al rol institucional, mejoras laborales y respeto al derecho de sindicalización.
Que Chile cuente con una policía penitenciaria profesional, con rango institucional dependiente del Ministerio de Seguridad Pública no significa cambiar sus derechos adquiridos en materias de salario, perfectamente estos pueden ser incorporados en la nueva escala de sueldos. La carrera funcionaria y la estabilidad laboral están aseguradas en una institución de carácter policial, basta con ver lo que sucede con las policías, las bajas deben estar justificadas. Lo que pasa, es que con una estructura de este tipo se terminaría con la presión gremial para “salvar” al compañero que ha cometido actos de corrupción, pues es un elemento que no puede permanecer en la institución porque genera un daño permanente, por lo tanto, la baja está justificada.
Para qué hablar del rol institucional, su resguardo estaría definido en la ley y las mejoras laborales serían evidentes, podrían acceder a capacitaciones y una carrera robusta. La sindicalización no debiese estar incluida. Las instituciones policiales son apolíticas, no deliberantes y obedientes, ninguna de esas condiciones se cumple hoy y, luego de leer el comunicado de uno de los gremios, tampoco queda claro que su objetivo sea proteger al servicio.
De los seis puntos que enumera la Anup en su declaración pública, sólo el último sería el problema. Con la reforma que anuncia el Presidente, se acabaría la sindicalización -es decir los grupos de poder- y con ello, el control de las cárceles pareciera que podría ver luces de volver a las manos correctas.
El problema no son los 44 gendarmes corruptos, el problema es que sus gremios se preocupen más por perder privilegios que por el futuro del servicio y sus funcionarios.
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Como siempre tan certera Sra Pilar.
La asociación o sindicato de funcionarios, no es solo para mejorar su situación de sueldos, que es lo mas habitual, sino que también deben velar por la ética de sus asociados y deberían ser los primeros en detectar este tipo de delitos descubiertos, y denunciarlos.