¿Y el Presidente no tenía conocimiento?

En la semana que termina, el Gobierno se vio enfrentado a dos hechos graves que una vez más lo complican y se mantienen presentes en la agenda pública.

El primero de ellos se refiere a la respuesta por oficio que el Presidente de la República envió a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por la compra de la casa del ex Presidente Allende, donde declaró que no tuvo conocimiento sobre potenciales inhabilidades constitucionales para la materialización de la compraventa. 

Esa afirmación, más que tranquilizar, inquieta. Porque en este caso no se le imputa al Presidente haber ordenado directamente una irregularidad, sino haber ignorado que dicha venta  lo fuera, y con ello, haber permitido que ocurriera.

No se debe olvidar que el decreto autorizando la compra de la casa de Allende lleva su firma, por lo que no se entiende que ni la ministra de Bienes Nacionales, ni ninguno de los asesores presidenciales, ni 17 abogados, ni Isabel Allende, ni Maya Fernández, ni el propio Presidente ignoraran lo que dice la Constitución en su artículo 60, respecto a que ni diputados ni senadores pueden celebrar contratos con el Estado bajo pena de ser destituidos y cesar en el cargo, como le ocurrió a la senadora Allende, provocando además la renuncia de Fernández como ministra de Defensa.

Expuesto lo anterior, el Presidente, al declarar que no tuvo conocimiento sobre potenciales inhabilidades constitucionales para la materialización de la compraventa, reconoció implícitamente que desconocía lo que dice la Constitución. Si lo que dijo es efectivo, creo que no puede haber nada más grave que eso, pues guardar y hacer guardar la Carta Fundamental y las leyes, como lo prometió al asumir el poder, es su máximo deber como Jefe de Estado y garante del orden jurídico. Además, de ser cierto, institucionalmente debilita el respeto por el Estado de Derecho, deslegitima la autoridad presidencial y erosiona su credibilidad.

Porque si el Presidente desconoce lo que dicta la Constitución, ¿quién debe hacerla respetar?, ¿quién pone el límite cuando los principios se relativizan y los deberes se diluyen en excusas?, ¿quién la defenderá? Y si la conoce, pero la ignora, ¿qué queda de su promesa al asumir el poder? Preguntas que inquietan y que no se pueden soslayar dada la trascendencia de la justificación presidencial.

El segundo hecho grave ocurrido esta semana fue la presentación por parte del Presidente Boric de un veto presidencial contra su propia iniciativa legislativa destinada a fomentar la actividad económica y que permitía que pudieran establecerse proyectos de inversión en áreas consideradas humedales que contaran con autorización de la autoridad competente y admitía la posibilidad de autorizar el uso de aguas subterráneas en áreas prohibidas, siempre que se contara con evaluación y permiso de la Dirección General de Aguas.

Este proyecto había sido aprobado y estaba listo para ser declarado ley, lo que habría permitido promover inversiones y simplificar trámites, pero 12 días después de la Cuenta Pública donde el Presidente anunció justamente su compromiso de destrabar inversiones, ingresó un veto supresivo que dejó sin efecto esas declaraciones.  

Esta situación es única en la historia legislativa, lo que fue ampliamente criticado por los parlamentarios de oposición, pues daña la credibilidad del país ante los inversionistas nacionales y extranjeros y genera incerteza jurídica, puesto que cuando un Gobierno impulsa un proyecto que cuenta con respaldo transversal y es aprobado, pero después de su aprobación lo veta porque no le parece adecuado, solo provoca desconfianza. Si eso ocurre, por supuesto que no habrá inversionistas dispuestos a desarrollar proyectos donde no hay certeza sobre la seriedad de las decisiones gubernamentales.

Las explicaciones del por qué del veto no resisten análisis, pues ahora dicen que requería mayor rigurosidad técnica, lo que agrava la falta, pues implica un nivel de improvisación impresentable. Y el hecho de que tanto el Partido Comunista como el Frente Amplio respalden el veto presidencial indica que el Presidente cedió ante presiones de los ambientalistas y fundamentalistas de su coalición gobernante, lo que demuestra que el discurso pro crecimiento y pro inversión no pasa de ser más que palabras al viento.

Antes esta situación pareciera ser que en este caso el Presidente tampoco tuvo conocimiento del contenido del proyecto que envió al Congreso, porque no se logra entender que después de aprobado, quiera evitar que se transforme en ley, vetándolo.

Dos hechos graves ocurridos en una semana nos señalan, una vez más, la apremiante necesidad de que la oposición una esfuerzos que permitan generar el cambio que el país requiere, para salir de la decadencia a que este gobierno lo tiene sometido.