Mientras el mundo observa con atención el fin de un ciclo en Venezuela, la reacción del gobierno de Chile ha sido desconcertante. Ante el colapso del líder de un régimen que expulsó a ocho millones de sus ciudadanos y desestabilizó la seguridad de todo el continente, La Moneda ha optado por gastar su capital político en condenar las formas de la intervención, priorizando una defensa retórica de la soberanía y mantener a un dictador que ganó con fraude, sobre la oportunidad pragmática de la libertad.
Es legítimo discutir los precedentes del derecho internacional, pero es una irresponsabilidad ignorar la realidad: el principal obstáculo para la seguridad hemisférica y la gobernanza migratoria ha sido removido. Y mientras el oficialismo se enreda en declaraciones de principios que parecen añorar el statu quo, Chile pierde tiempo valioso para liderar lo único que realmente importa hoy: la estrategia para el día después.
Como país, debemos entender que la caída del dictador no revierte los flujos migratorios de la noche a la mañana. Existe un mito de que la transición política genera un retorno automático, pero la evidencia comparada nos dice lo contrario: si la transición no garantiza seguridad inmediata, Estado de Derecho y abastecimiento básico, no solo no habrá retorno, sino que podríamos enfrentar una nueva ola de inestabilidad.
Chile debería estar hoy mismo liderando una coalición regional que ofrezca soporte técnico para la reconstrucción del Registro Civil venezolano. Sin instituciones confiables que garanticen la identidad y la seguridad en origen, cualquier «Plan Retorno» es pura fantasía. Más aún, esta es la oportunidad de oro para nuestra propia seguridad nacional. Durante años, la excusa para no ejecutar expulsiones administrativas fue que Caracas no aceptaba los vuelos o cerraba sus consulados. Ese muro ha caído. La Cancillería chilena debe pasar de la queja a la acción, validando interlocutores en el gobierno de transición para reactivar inmediatamente los mecanismos de retorno, reconducción y expulsión.
Defender una sociedad libre y responsable implica tomar decisiones difíciles. No basta con desear que Venezuela sea libre; hay que trabajar para que sea funcional. Si el actual gobierno insiste en mirar el proceso desde la trinchera del lamento anti-imperialista, no solo estará dando la espalda a los venezolanos que claman por libertad, sino que estará renunciando a su deber principal: proteger la seguridad y el orden en Chile.
😇😇😇😇😇😇😇😇😇