¿Marcha bien nuestra democracia? A simple vista podría sostenerse que sí. Después de todo, como mostró la reciente elección del Presidente de la Cámara de Diputados, el oficialismo es capaz de articular mayorías ocasionales, a veces por uno o dos votos, que le permitirían avanzar en sus iniciativas. La gobernabilidad, de ese modo, estaría asegurada.
Pero esa es una falsa visión de la realidad. Ese tipo de victorias, aprobar leyes por márgenes ínfimos o gobernar por decretos, no tiene por efecto la construcción de gobernabilidad. Es, más bien, administrar la inestabilidad. Son triunfos tácticos sin traducción estratégica, conquistas sin retaguardia: basta un cambio en la correlación de fuerzas, una crisis inesperada, para que lo aprobado hoy sea revertido mañana.
La fortaleza de las instituciones y de la democracia, dependen de la amplitud y de la participación con que se logran las soluciones a las necesidades que va planteando la ciudadanía. Las necesidades a las que Chile necesita dar solución hoy no son las mismas que nos planteábamos ayer y seguramente no serán iguales a las que nos plantearemos mañana; pero todas ellas, en cada momento, para que sean soluciones estables y no ensayos que constantemente sean corregidos para volver a dejarnos en el punto de partida, exigen una aceptación amplia, un consenso social.
Por ello la política, cuando funciona, no es solo suma de votos: es también construcción de legitimidad compartida. Esa legitimidad no nace de la imposición, sino del acuerdo. Y todo acuerdo, para ser sólido, se basa en concesiones mutuas. No hay pacto sin renuncia, no hay entendimiento sin pérdida parcial. Ese es el principio que todo gobierno como toda oposición tienen la obligación de tener presente si desean fortalecer la democracia, porque el principio fundamental que sustenta a la democracia no es el del ejercicio sin límites del poder sino la limitación del poder: ¿qué otra cosa, si no, es una constitución democrática?
Y, entre nosotros, la capacidad de entender esa necesidad de acuerdos amplios va a ser puesta a prueba no en los próximos años o meses, sino probablemente en las próximas semanas o días. Proyectos como la conmutación de penas, la legislación sobre inmigración irregular o la decisión de subsidiar o no el precio de combustibles no van a dar lugar a meros debates técnicos, sino que van a poner en tensión convicciones morales, presiones electorales y temores sociales profundos. En estos temas -y en muchos otros que vendrán- no bastará con reunir votos circunstanciales o en aplicar decisiones ejecutivas. Será necesario explicar y, en la medida de lo posible, lograr una participación que vaya más allá del Ejecutivo en las decisiones que por consenso se estimen justas. Y esa posibilidad sólo se puede construir si, antes que nada, todos definen con claridad qué objetivos están dispuestos a sacrificar.
Porque ese es el corazón del acuerdo auténtico: no aquello que se logra, sino aquello a lo que se renuncia. ¿Está el gobierno dispuesto a moderar ciertas posiciones en materia tributaria o inmigración para alcanzar un consenso más amplio? ¿Está la oposición dispuesta a aceptar medidas que, aunque imperfectas desde su perspectiva como por ejemplo en materia de conmutación de penas, contribuyan a una solución de problemas reales? Si la respuesta a ambas preguntas es negativa, entonces lo que queda no es política, sino un simulacro de ella.
Y en un mundo de simulaciones, lo que inevitablemente va a ocurrir es que el país se deslice hacia una zona que puede ser devastadora para la democracia: la combinación de polarización política y estancamiento económico-social. Es una pendiente suave al inicio, casi imperceptible, pero que conduce inevitablemente a un punto de no retorno. La historia -y basta recordar cuáles fueron los orígenes de los regímenes soviético y nazi en Rusia y Alemania- muestra que cuando los sistemas políticos democráticos fracasan en articular soluciones, emergen con fuerza las alternativas refundacionales y populistas. No lo hacen desde la moderación, sino desde la promesa de ruptura; no desde la complejidad, sino desde la simplificación brutal de los problemas; y son casi siempre soluciones que no sólo lastiman, sino que pueden acabar por destruir la democracia.
La euforia provocada por triunfos parciales (la elección de las presidencias de las cámaras es una victoria de ese tipo y también puede llegar a sentirse como tal la banalidad cretina de un oficio a la Contraloría por un gesto de la primera dama) puede levantar polvaredas que impidan ver la realidad. Una realidad que señala que la fortaleza de un gobierno radica en la capacidad de convencer y atraer hacia sus verdades no sólo a sus sostenedores -permanentes u ocasionales- sino a una amplia mayoría política y social. Y que una oposición que se obstina en rechazarlo todo rehuyendo el diálogo y la posibilidad de negociación, no da lugar a una fuerza política capaz de levantarse como alternativa de gobierno, sino sólo a una fuerza de choque en la que terminan por imponerse los matones, los más estridentes y aquellos que tienen en el histrionismo su único talento.
Naturalmente no tiene sentido demandar la búsqueda de acuerdos y consensos a aquellos partidos cuyo horizonte estratégico persigue la refundación de la sociedad y del Estado. Pero sí es exigible a los partidos que protagonizaron la transición desde una dictadura militar a una democracia plena en nuestro país, e incluyo entre ellos a Republicanos, cuyos militantes también participaron en ese proceso. Pero sobre todo es exigible a los partidos de la ex Concertación, que alguna vez hicieron del acuerdo no sólo su principal herramienta sino su seña de identidad fundamental.
La transición democrática fue, precisamente, un ejercicio prolongado de concesiones mutuas, muchas veces dolorosas, pero orientadas a un objetivo superior. Un objetivo logrado por medio de acuerdos y que se traduce en esa democracia que hoy podemos disfrutar.
Recuperar esa capacidad no es un acto de nostalgia, sino de supervivencia. Porque, al final del día, la alternativa a la política de los acuerdos no es una política más pura o más coherente, sino la ausencia de política. Y de ese vacío lo que emerge no es el orden, sino su caricatura.
Una caricatura que bien podría traducirse en una próxima elección presidencial dirimida entre Johannes Kayser y Pamela Jiles.
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