Partió el año con un sismo noticioso, cuál es la solicitud de formalización del general director de Carabineros Ricardo Yánez, por su eventual responsabilidad en el delito de omisión “de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio” durante su gestión como encargado de Orden y Seguridad durante la revolución de octubre. Además, el fiscal Xavier Armendáriz pidió formalizar también al exgeneral director Mario Rozas y el exsubdirector, el general Diego Olate, ambos retirados.
Las interrogantes que esta acción de la fiscalía genera son múltiples porque han pasado 51 meses desde el 18-O y cabe preguntarnos por qué ahora se les ocurre intentar formalizar a estos oficiales y al general director en ejercicio; un general que está en buena sintonía con el gobierno, cuenta con el apoyo formal del Presidente y la institución está en buen pie y tiene mucha confianza ciudadana.
Es difícil encontrar justificaciones a esta formalización porque no debemos olvidar que la izquierda, a través de Baltazar Garzón, la Comisión Chilena de DD.HH. más otros juristas, presentaron un escrito en marzo de 2021 a la CPI, pidiéndole a la Corte que investigue, acuse e inicie un juicio al Presidente Sebastián Piñera y a sus colaboradores civiles, militares y policiales, por “crímenes de lesa humanidad” que habrían sido “cometidos de manera generalizada y sistemática” desde octubre de 2019.
Esto muy acorde con la posición que tenía el entonces diputado Gabriel Boric, quien en TV y en un debate con Jadue para las primarias, emplazó directamente al Presidente Piñera, diciéndole: “Es insólito que a cuatro exministros de Estado de un gobierno que ha violado los derechos humanos en democracia, de manera brutal, no se le haya hecho ninguna acusación con respecto a eso”, agregando: “Sepan que a quienes sean responsable vamos a perseguir nacional e internacionalmente con todas las vías de la ley, así es que señor Piñera, está avisado”.
Pero no les resultó lo que querían, porque nueve meses más tarde, en diciembre de 2021, la misma Corte Penal Internacional desestimó la acusación por presuntos delitos de lesa humanidad, y explícitamente señaló en esa ocasión que “la oficina del fiscal, después de evaluar todos los antecedentes disponibles, descarta fundadamente que existan antecedentes sobre situaciones que puedan ser consideradas delitos sobre los que la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción, concluyendo que las situaciones que le han sido comunicadas carecen del mérito necesario para abrir un examen preliminar de las mismas”.
Si la CPI desechó esas acusaciones, cuyo máximo propósito era intentar “pinochetizar” al Presidente Piñera y su gobierno, a los oficiales de las FF.AA. y Carabineros y a la derecha, por el tema DD.HH. y reforzar así lo de los 30 años ¿por qué insistir en lo mismo ahora, presentando acusaciones que guardan similitud a las que presentaron Garzón et al?
Se explica porque la izquierda radical -el FA y el PC- desean terminar con Carabineros tal como es hoy y harán todo lo posible para lograr su objetivo. Lo expresaron reiterada y claramente durante el octubrismo. ¿Se acuerdan del Perro Matapacos, de los ACAB, de la refundación institucional, de las bombas molotov contra su personal? Y si se defendían, ¡estaban violando los DD.HH. de las personas pues! No es raro entonces, que los querellantes que presentaron la causa contra el general Yáñez, como lo publicó el viernes El Líbero, sean abogados cercanos al oficialismo e incluso una de ellas es una actual funcionaria del Ministerio del Interior.
Si formalizaran finalmente al general director, ¿qué motivación podría tener la oficialidad y los Carabineros para actuar cuando se requiera, si pendiera sobre sus cabezas el riesgo de ser acusados de violadores de DD.HH. y crímenes de lesa humanidad por quienes quieren terminar con la institución? ¿Estarán dispuestos a actuar, si de hacerlo pueden perder su carrera, su futuro, incluso ser destituidos de inmediato, aún sin comprobar su responsabilidad?
Y de ocurrir la formalización, ¿podría el general Yáñez seguir al mando de la Institución?
Esta situación es de las que mayores consecuencias podría causarle a Carabineros y a todo el país, en la peor crisis de seguridad de nuestra historia. No se entiende el afán de la Fiscalía en insistir en un tema que la izquierda ha tratado de demostrar hasta el cansancio en las más altas instancias mundiales, sin lograrlo.
¿Por qué tanta inquina contra una institución que en tres años más celebrará sus 100 años de existencia? ¿Es un nuevo intento de la izquierda radical para refundarla, quitarles su presupuesto y limitar su accionar?
Si lo lograran, todo Chile lo va a lamentar y el crimen organizado va a festejar.
Muy de acuerdo en el fondo de lo planteado. Sin embargo, dos acotaciones, existe el DELITO de responsabilidad de mando??? Código, ley, artículo porfa, para no seguir repitiendo slogan y estupideces de zurdos subversivos. Y la segunda, hay un dicho que dice, como pecas pagas, este General Director ha liderado la política de dar de baja inmediata, aún no habiendo ni siquiera una mera formalizacion…..
Acertado análisis el de don Jaime. Quisiera agregar que esto comenzó hace años, siendo evidente que, más allá de castigar eventuales violaciones a los derechos humanos y otorgar cuantiosas reparaciones, se evidencia el propósito de inhibir «a futuro», lo que en gran medida se ha ido logrando con el paso de los años y que quedó en evidencia durante la asonada octubrista cuando el personal que debió defender con sus armas los asaltos a los cuarteles, no lo hizo. Lamentable pero así estamos.
Acusación contra el general Yáñez, disuasión y uso proporcional de la fuerza.
El mundo al revés. El general Ricardo Yáñez está siendo procesado por supuestos delitos cometidos en el cumplimiento de su función de mantener la seguridad y el orden público —obligación principalísima de los gobernantes de un Estado y para lo cual este cuenta con el monopolio de la violencia física legítima— durante la asonada revolucionaria iniciada el 18 de octubre de 2019 (que buscaba derrocar al gobierno constitucional del presidente Sebastián Piñera) mientras se premia con indultos y con pensiones de gracia a los delincuentes que, atentando contra los derechos humanos de la gran mayoría de los habitantes de nuestra patria y aplicando una violencia ilegítima superlativa, realizaron innumerables actos vandálicos. En más de 19.000 eventos graves de alteraciones del orden público incendiaron el Metro de Santiago e iglesias patrimoniales; saquearon supermercados; destruyeron bienes públicos y privados; y atacaron al personal de Carabineros con diversos elementos: contundentes, incendiarios o de otro tipo; tales como bombas Molotov, hondas que lanzaban bolitas de acero (de rodamientos) que causaban lesiones oculares; 554 ataques a cuarteles policiales y 1200 vehículos de carabineros con daños estructurales.
Lo que sí podría reprochársele al general Yáñez y a su antecesor, el general Mario Rozas, es la responsabilidad que les cupo en la violación de los derechos humanos del personal bajo su mando al prohibirles el uso de sus armas de fuego; razón por la que ellos no lo hicieron ni siquiera en defensa propia —no obstante que en tales casos estaban exentos de responsabilidad criminal, según lo dispuesto en los artículos 10 del Código Penal y 208, 410, 411 y 412 del Código de Justicia militar— lo que dio como resultado más de cinco mil carabineros lesionados: 126 recibieron impactos balísticos, 5 con pérdida ocular y 82 quemados con artefactos incendiarios.
El general Rozas, junto con ufanarse porque los carabineros no hicieron uso de sus armas de fuego —lo que a mi juicio es motivo de vergüenza— declaró: “el ministro de la época, Andrés Chadwick, me ordenó controlar el orden público dentro del ámbito legal y respetando irrestrictamente los derechos humanos”. Evidentemente, con ello el gobierno pretendía “sacar las castañas del fuego con las manos del gato” y deslindar sus responsabilidades en caso de que la actuación de carabineros, en cumplimiento de su función policial, produjere bajas fatales.
Complementando lo antedicho, cabría una explicación sobre dos conceptos íntimamente relacionados con el tema del control del orden público y que son mal entendidos por una gran parte de políticos, académicos, periodistas, la población en general e, incluso, por los propios policías. Me refiero a la disuasión y al uso proporcional de la fuerza.
La “disuasión” es un efecto psicológico que se logra mediante la amenaza de un daño que el agresor no está dispuesto a aceptar y que los beneficios que espera lograr si actúa no compensarían los daños que podría sufrir.
Si las fuerzas de orden y seguridad están autorizadas para usar sus armas letales solo en casos de legítima defensa, cuando esté en riesgo la vida de personas, quedan sin capacidades ofensivas, disuasivas o represivas, no constituyendo una amenaza real y sus miembros reducidos a la calidad de meros espantajos; observadores de quienes estén cometiendo o se apresten a cometer actos terroristas, vandálicos o de violencia insurreccional.
Si quienes están dispuestos a cometer graves atentados saben que los policías tienen prohibido usar sus armas letales o que no se van a atrever a emplearlas —ya sea por impedimento legal o porque si lo hicieren serían defenestrados o condenados a severas penas de presidio por “abuso de la fuerza” o por “violar los derechos humanos”— tienen la seguridad de que podrán actuar impunemente por lo que no solo van a cometerlos, sino que se verán estimulados a seguir cometiéndolos.
La “proporcionalidad en el uso de la fuerza” no significa igualdad: que si un delincuente agrede con piedras, con un arma blanca o con una bomba Molotov a un carabinero, este debe responderle con los mismos elementos.
La proporcionalidad significa que la fuerza debe estar en proporción a la resistencia ofrecida, a la gravedad del delito, a la situación que se controla, al peligro representado por los delincuentes y al objetivo legítimo que se persigue, lo que en casos graves justifica el empleo de medios letales.
La desproporción en el uso de la fuerza no solo puede predicarse respecto de la que es excesiva para cumplir con un determinado fin legítimo, sino que también respecto de la que es insuficiente para lograrlo.
La proporcionalidad en el uso de la fuerza consiste en la respuesta a la pregunta: ¿cuánta fuerza utilizar? Obviamente, ella debe ser superior a la de los delincuentes.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en ciencia política