Una generación desalojada

Todo comenzó con una sala sin profesor. El 17 de septiembre, en el liceo Saint-Exupéry de Créteil, en la periferia sur de París, un grupo de docentes se declaró en huelga porque había plazas que nadie cubría, y unos cuantos alumnos se sentaron a su lado por pura solidaridad. Un mes después ardía el ayuntamiento de Limoges, su campanario se venía abajo y el primer ministro Sébastien Lecornu ordenaba toques de queda en Lille, en Lyon y en barrios de la propia capital. Entre una escena y otra cabe la historia de un país que dejó de cumplir lo que prometía en la puerta de sus escuelas.

Conviene no apresurarse con los saqueos. Son reales, desde luego, y dejan un muerto, más de dos mil quinientos detenidos y cerca de mil policías heridos. Pero leer octubre solo a través de las vitrinas rotas es repetir el error de siempre: confundir el síntoma con la enfermedad. Lo que los estudiantes pusieron sobre la mesa fue bastante más prosaico y, por eso mismo, más grave. Cursos de 35 alumnos, edificios que se caen a pedazos, aulas que en verano llegaron a los cuarenta grados, una plataforma de acceso a la universidad que funciona como una lotería angustiosa. Y un dato que el propio ministerio reconoce: el año pasado no se dictó cerca de una de cada diez horas de clase previstas en los liceos. El Estado que se enorgullece de haber inventado la escuela republicana admite, con sus propias cifras, que ya no logra llenar sus salas.

Durante más de un siglo, la escuela francesa fue algo más que un servicio público. Era el lugar donde la República fabricaba ciudadanos y donde el hijo del obrero podía imaginar otro destino. Bourdieu dedicó buena parte de su obra a mostrar que esa promesa era más frágil de lo que se decía, que la escuela también reproducía las jerarquías que juraba disolver. Aun así, la promesa operaba. Lo que hoy se rompe no es la igualdad de oportunidades, que nunca fue completa, sino algo más elemental: la certeza de que el lunes habrá un profesor frente al curso.

Detrás de todo está la aritmética fiscal. Un gobierno en minoría, con una Asamblea partida en bloques que no se hablan, intenta aprobar un ajuste de 54 mil millones de euros para 2027. El año pasado otro primer ministro cayó por intentar algo parecido. La escuela es simplemente el lugar donde el recorte se vuelve visible, donde la austeridad deja de ser una planilla y se convierte en una sala vacía. Por eso la protesta no se quedó en los liceos. A los estudiantes se sumaron los sindicatos y los viejos chalecos amarillos, gente que no llega a fin de mes y que encontró en esos adolescentes la voz que los partidos ya no le prestaban.

La respuesta oficial ha sido de manual. Se anunciaron a toda prisa tres mil profesores suplentes y, casi en la misma conferencia de prensa, se acusó a la extrema izquierda de querer sembrar el desorden hasta las presidenciales. Puede que haya grupos interesados en el caos; siempre los hay. Pero un gobierno que explica a medio millón de personas en la calle como una conspiración renuncia a entender lo que tiene delante. En Chile conocimos ese reflejo en octubre de 2019, cuando se habló de una guerra contra un enemigo poderoso, y sabemos lo poco que sirvió.

Lo llamativo es que el malestar no se detiene en las fronteras. Los estudiantes italianos marcharon en Roma y Bolonia y anuncian una huelga general para fines de mes. En Tirana, los universitarios exigen la renuncia de Edi Rama. En Atenas acampan en la plaza Syntagma y piden un subsidio de vivienda y topes a los alquileres, mientras en Bélgica invocan abiertamente el ejemplo francés. No hay una coordinación central ni un programa común. Hay algo más difuso y, a la vez, más poderoso: la sensación compartida de que el pacto de posguerra, aquel que prometía que los hijos vivirían mejor que los padres, ya no rige para nadie menor de treinta años.

España ofrece la versión doméstica de la misma fractura, sólo que no pasa por las aulas sino por la puerta de la casa. Bastó el desalojo de Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años expulsada del piso donde vivió siete décadas porque la inmobiliaria quería subirle el alquiler, para que miles de personas llenaran la Puerta del Sol y salieran a la calle en otras cincuenta ciudades. El Congreso tumbó los decretos de vivienda del Gobierno con los votos del PP, Vox y Junts, y Pedro Sánchez respondió adelantando las elecciones al 29 de noviembre. Los sindicatos ya convocan una huelga general. Lo que en París es un liceo sin profesor, en Madrid es un joven de treinta y tantos que comparte piso porque no puede pagar uno propio, o una anciana a la que echan de su vida entera.

Aquí aparece la paradoja que vuelve inquietante todo esto. La rabia nace de reivindicaciones que, en cualquier manual, pertenecen a la izquierda: más escuela pública y alquileres que se puedan pagar. Las encuestas, sin embargo, apuntan en la dirección contraria. Marine Le Pen encabeza las preferencias a seis meses de las presidenciales y califica las protestas de vergüenza nacional. En España, casi todos los sondeos anticipan una mayoría holgada para el PP y Vox. La calle reclama más Estado y las urnas parecen dispuestas a premiar a quienes prometen orden antes que derechos. Hirschman hablaba de la voz y la salida como respuestas al deterioro; lo que asoma ahora es otra cosa: entregarle el voto a quien promete castigar el desorden que la propia voz produjo.

Quizás la izquierda europea enfrente aquí su examen más duro. No le falta diagnóstico; le falta credibilidad para encarnarlo. Cuando gobernó administró la austeridad y dejó que la escuela y la vivienda se degradaran mientras hablaba de otras cosas. Ahora una generación desalojada del futuro sale a la calle con sus banderas, pero no necesariamente con sus votos.