La primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast no puede quedarse únicamente en un listado de anuncios para el corto y mediano plazo en beneficio de las familias de Chile. Más bien debiera ser una pasada de cuenta al gobierno anterior. No podemos resignarnos a que la administración saliente se lleve consigo la carga de una extensa lista de problemas inconclusos, irregularidades y responsabilidades políticas que terminen prescribiendo por falta de voluntad política a favor de la transparencia y el castigo a la corrupción.
La auditoría interna del Estado detectó un riesgo fiscal superior a los 9.200 millones de dólares, mientras el informe del Ministerio de Hacienda del cuarto trimestre de 2025, en el cual el gobierno anterior omitió deudas por unos 10.500 millones de dólares, alterando la proyección real de la deuda pública no son errores ni baches. Estamos ante un modus operandi que debe ser aclarado. Es lo que todo chileno merece.
El hallazgo que debe denunciar el Presidente es alarmante: Gabriel Boric entregó el Estado con una deuda que duplica la recibida por él a manos de Sebastián Piñera (recordemos que ese gobierno tuvo que recurrir a financiamiento que no tenía contemplado para enfrentar la pandemia y antes de eso, apoyar a todas las pymes que sufrieron el embate de los violentistas durante el golpe de Estado el 2019).
Los números son particularmente elocuentes. El traspaso de deuda desde Michelle Bachelet a Sebastián Piñera alcanzó US$1.213 millones; el de Piñera a Boric fue de US$1.609 millones. Pero el traspaso desde Boric a Kast escaló a US$3.200 millones
Durante la era Boric, el presupuesto acumulado de la nación entre 2022 y 2025 alcanzó los US$348.156 millones, el mayor gasto público de toda la historia de Chile. Nunca antes un gobierno administró semejante volumen de recursos. Sin embargo, al revisar los resultados, cuesta encontrar mejoras estructurales que reflejen ese nivel de gasto. No hay mejoras visibles en seguridad ni en salud, tampoco avances en educación o modernización estatal que explique semejante desembolso.
Las preguntas son inevitables: ¿Qué se hizo con la plata? ¿Cómo es posible que, con el presupuesto más alto de nuestra historia, el Estado esté más endeudado, tenga mayores compromisos ocultos y un deterioro evidente en su capacidad de gestión?
A lo anterior sumemos la preocupante cadena de negligencias administrativas y desórdenes institucionales que hoy comienzan a salir a la luz. El caso de Codelco es emblemático. La empresa estatal está siendo investigada por una sobrestimación de 27 mil toneladas de producción durante el mes de diciembre de 2025. No se trata de un simple error técnico. Es una distorsión de información estratégica que afecta la credibilidad de la principal empresa estatal del país. Peor aún, compromete evaluaciones de gestión y genera daños fiscales como bonos mal asignados por 14,3 millones de dólares, que, dicho sea de paso, los sindicatos ya anunciaron no están dispuestos a devolver.
El Presidente tendría que sumar a la larga lista la situación de Junaeb, una verdadera caja negra del Estado, con presuntos fraudes por más de 14 mil millones de pesos en alimentación escolar, licitaciones absurdamente mal diseñadas y una inoperancia tan grosera, que desató el escándalo en 2024 cuando la entrega de útiles escolares para 2,6 millones de alumnos concluyó recién en octubre, a siete meses de iniciado el año escolar.
Otra situación que nos ha dejado perplejos es la de las licencias médicas falsas. En mayo del 2025 el entonces ministro Mario Marcel informaba que 6.592 funcionarios de 131 instituciones tenían sumarios iniciados por eventuales irregularidades. ¿Resultado después de un año? Investigaciones administrativas que nadie sabe en qué terminaron y 150 millones de dólares sin ser recuperados.
En su primera Cuenta Pública, Gabriel Boric anunció su gran idea para que Enap proveyera gas “a precio justo”, es decir, más baratos que los del mercado. La historia terminó con un costo total para el fisco de $591 millones. Hablamos de la módica suma de $117 mil por cilindro.
Son tantos los escándalos y situaciones por aclarar que el país entero clama por una dosis de verdad y responsabilidad que sea ejemplificadora para futuros gobernantes.
La Cuenta Pública es la oportunidad de decirnos que todo va a estar bien porque en Chile no se tolerarán más este tipo de abusos que sirven de caldo de cultivo para estallidos sociales y golpes de Estado. Queremos salir de la resignación que produce la única desigualdad que realmente debiese de preocuparnos: el cáncer de la corrupción que, hasta ahora, parece no tener remedio. El Presidente debiese de comprometerse con todos nosotros que habrá un cambio radical, que ese Estado donde el control se debilitó, la ejecución presupuestaria perdió rigor y la administración de los recursos públicos se frivolizó será desmantelado.
No hay mejor piso para la legitimidad del gobierno actual que pasar la cuenta a quienes gobernaron de forma totalmente irresponsable. En ese contexto la acusación constitucional en contra del exministro Grau es clave. No se trata de mirar al pasado por revancha política. Se trata de defender la probidad a todo evento, caiga quien caiga y de impedir que miles de millones de dólares desaparezcan sin que nadie responda.
Hoy, 1 de junio, Chile no necesita una ceremonia protocolar. Necesita que la Cuenta Pública se transforme, literalmente, en una pasada de cuenta.
