pensiones

Llevamos doce años sin que nuestros dirigentes políticos, tanto del Poder Ejecutivo como parlamentarios, puedan alcanzar un acuerdo para mejorar las pensiones de quienes cotizan regularmente, o sea, de la mayoría de país. Han pasado tres gobiernos de orientaciones políticas opuestas que lo han prometido sin lograrlo. Hoy estamos más cerca que nunca de reformar algunos de los aspectos claves, pero se podría volver a fracasar.

¿Qué podríamos hacer para llegar a puerto en esta materia ahora? Sugiero ensayar lo que casi siempre se hace cuando una negociación se tranca por un empate entre posiciones opuestas con fuerzas equivalentes: trasladar la decisión a un dominio distinto o entregarla a un tercero que ambas partes acepten. Fue el caso de la Mediación del Papa en el conflicto del Beagle. Es la invocación del VAR en el fútbol, cuando la discusión por una infracción amenaza con una pelea entre los jugadores y varios días de conflictos entre hinchas.

Para acordar qué hacer en este caso conviene precisar cuáles serían los puntos más valorados por las partes en conflicto. Para la derecha lo más valioso e intransable parece ser, uno, que la gran mayoría de los aportes necesarios para subir pensiones vayan a las cuentas individuales de cada cotizante, o sea 6 de los 6 puntos, sin reparto obligado inter cotizantes. Y, dos, que sus cuentas individuales no las administre el fisco sino entidades privadas como las AFP para que sus ahorros estén resguardados de la mala administración del fisco y la tentación de los políticos de sacar de allí recursos fiscales para los programas públicos que les consiguen votos, como, por ejemplo, la eliminación del CAE y como lo han hecho para gastos generales en otros países, por ej. Argentina.

Por parte de la izquierda, en el otro lado, lo más valioso parece ser, uno, que haya reparto de los fondos para pensiones y, así, que quienes reciben las más altas aporten para elevar las más bajas pensiones. Y, segundo, que sea el Estado quien administre al menos una parte de las pensiones, para que las mayores cotizaciones no se conviertan en más utilidades para entidades con fines de lucro como las AFP.

Estoy consciente que la discusión actual entre gobierno y oposición no está planteada como lo he presentado arriba. Estamos enredados en que aportantes den un préstamo al Estado y otras formas de esconder la pelota o chutearla al córner. Pero lo esencial es lo planteado aquí.

Para salir de ese impasse propongo que sean las personas, los cotizantes, quienes decidan siempre quién les administra sus aportes previsionales. ¿Cómo? Creando una AFP estatal, para que ella sea una opción adicional para quienes las prefieren. Parece haber como un tercio de la población chilena que cree que el Estado es un mejor administrador. Están en su derecho a creerlo y a actuar en consecuencia. Entonces, acordemos que esta reforma contemple que se creará una AFP estatal a la cual los cotizantes podrán transferir sus fondos (sin costos de transferencia) para que se los administren y entregue las pensiones a sus clientes en condiciones equivalentes a las privadas. Los cotizantes determinarán así el tamaño que alcanzará la AFP estatal, según lo mucho o poco que la escojan (no los políticos con una ley). Probablemente ella alcanzaría un tamaño semejante al BancoEstado dentro del conjunto de bancos privados. El VAR que decide aquí son los cotizantes, y con esto resolvemos dos de los cuatro puntos clave en disputa y que tienen trancado el mejoramiento de pensiones.

Porque, dicho de otra forma, con esta parte de la reforma se superaría el mayor obstáculo para acordar el aumento de las bajas cotizaciones actuales de 10 a 16 por ciento: el argumento de que eso elevaría aún más las ya elevadas utilidades (lucro, dirán algunos) de esas organizaciones aborrecidas por un tercio de la población como son las actuales AFP (en al menos 60%).

Nos quedan las otras dos objeciones centrales de uno y otro bando: se trata de si obligar a un monto para reparto, cuánto, y cómo. La transacción que propongo en esta materia es que la derecha acepte un cierto monto de Cotización Para Pensiones Equitativas (reparto), digamos 1 o 0,5%, y la izquierda acepte que el destino solidario de esa cotización no lo decida ni administre el Estado, sino que sea el cotizante también el que escoja en qué forma se realiza y cuánto, (obviamente con un mínimo). Las Administradoras, todas ellas, las privadas, la estatal y otras, deberán ofrecer obligatoriamente unas tres o máximo cuatro modalidades o formas de “Aporte Solidario” certificadas por una comisión competente de alto nivel. Una de estas formas o modalidades debiera ser la misma que hoy propone el gobierno, como sería, por ejemplo, subir en un monto fijo todas las pensiones inferiores a cierto mínimo. Otra modalidad de reparto podría ser un número de aportes mensuales para cubrir lagunas previsionales de personas por jubilarse con pensiones inferiores a cierto mínimo. La tercera modalidad distributiva o de reparto podría ser que las AFP destinen una parte de sus utilidades (idealmente las que sean extra-ordinarias o que excedan un límite máximo anual) al mejoramiento de las pensiones más bajas.

Con esto dejamos que sea el ejercicio de la libertad de escoger de los cotizantes la que decida el modo de hacer que las pensiones cumplan la función social de hacerlas menos desiguales de lo que serían sin ese componente solidario.

Así podríamos argumentar con fundamentos que las administradoras de nuestro sistema de pensiones privado también tienen una función social redistributiva. No tendrían exclusivamente fines de lucro ni reproducirían todas las desigualdades de ingreso de la sociedad o del mercado. Colaborarían también a reducir sus desigualdades.

Con una reforma como esta estaría justificado además hacer un cambio muy significativo: el nombre puesto por el Gobierno de Pinochet a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y reemplazarlo por el de Entidades de Previsión Social (EPS). Porque sería cierto que no sólo administran fondos de privados para entregarles pensiones con sus ahorros, sino que administran fondos para hacer menos desiguales las pensiones y nuestra sociedad en su conjunto.

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