Poco antes de concluir su mandato presidencial, a fines de 1988, el Presidente de Estados Unidos Ronald Reagan, firmó una amnistía para los aproximadamente tres mil extranjeros ingresados ilegalmente a su país, que aún estaban indocumentados. Sus palabras en esa ocasión han sido recordadas muchas veces antes y especialmente en las últimas semanas: «Puedes ir a vivir a Francia, pero no serás francés. Puedes ir a vivir a Alemania, Turquía o Japón, más no te puedes convertir en alemán, turco o japonés. Pero cualquiera, desde cualquier rincón de la tierra, puede venir a vivir en Estados Unidos y será un estadounidense». Y en enero de 1989, en su discurso de despedida, reiteró con más fuerza el concepto. «Si alguna vez cerramos la puerta a los nuevos estadounidenses, pronto perderemos nuestro liderazgo en el mundo».
Otros Presidentes han repetido lo mismo, antes y después de Reagan; y el significativo párrafo grabado al pie de la Estatua de la Libertad, deja en claro que Estados Unidos siempre ha sido una nación de inmigrantes, en la medida en que, aun si llegan huyendo, desarrapados o desposeídos, serán recibidos allí, siempre que quieran trabajar y vivir en paz.
Esa definición ha sido puesta en cuestión en estos meses. desde el día de la segunda inauguración de Donald Trump como Presidente. Ese día el nuevo gobernante ubicó el problema migratorio como un tema central de su gobierno. Habló de «muchos millones de inmigrantes ilegales», a los cuales calificó como la mayor amenaza a la seguridad del país, anunciando una expulsión masiva de ellos en los primeros días de su gobierno, usando leyes dictadas años atrás en tiempos de guerra. La premisa aquí no era si eran o no perseguidos, si quieren o no trabajar, ni siquiera si habían cometido algún delito. Incluso un decreto posterior levantaría el derecho de residencia a nacionales de países en que pueden ser perseguidos.
El conflicto que hoy se vive en California y amenaza ya a otros territorios y ciudades de Estados Unidos era predecible desde el comienzo del nuevo gobierno. Trump proclamó en su campaña que Estados Unidos estaba siendo “invadido desde su frontera sur” y, por lo tanto, era aplicable una ley de 1798 (La ley de Enemigos Extranjeros), para habilitar el uso de fuerzas militares, en contra de la prohibición de uso de esas fuerzas en territorio nacional, consagrada en otra ley, después de la Guerra Civil.
La operación de expulsión se inició más lentamente de lo anunciado, implementando expulsiones pendientes a personas que ya se encontraban detenidas o en víspera de expulsiones, pero luego se ha ido ampliando, para realizar raids indiscriminados en zonas habitualmente pobladas de extranjeros, sembrando el pánico no sólo entre los indocumentados, sino incluso entre ciudadanos e inmigrantes legales, que temen ser víctimas de allanamientos y detenciones. Estas acciones, ejecutadas principalmente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), permiten allanamientos o redadas que pueden ocurrir en diversos lugares, incluso en casas, lugares de trabajo y hasta a la salida de los tribunales, deteniendo a personas que han acudido en busca de defensa jurídica
La política migratoria ha enfrentado fuertes críticas en la prensa, el Congreso, las universidades y también ha sido objeto de órdenes judiciales y alegatos en las cortes, con resultados muy disimiles, en la medida en que algunos tribunales han fallado en protección de los indocumentados y otros han respaldado la acción del gobierno, aplicando la ley de muchas distintas maneras. Todo ello ha aumentado la confusión al extenderse a zonas de ciudades habitadas por muchos extranjeros, especialmente latinos, en busca de indocumentados. Y la inclusión de zonas de esas características ha provocado las protestas y desórdenes que se han visto en las últimas semanas. La ofensiva antimigratoria de Trump se ha dirigido claramente en contra del inmigrante latino. También se reportan expulsiones de chinos, árabes y africanos, pero en cifras mucho menores.
El gobernador de California Kevin Newsom ha condenado la decisión de Trump de desplegar la Guardia Nacional en California, llamándola una “violación ilegal de la autonomía de los estados, al tiempo que en Florida, un territorio mucho más favorable e Trump, los líderes latinos republicanos piden comprensión para el conjunto de su comunidad.
Para mostrar la magnitud del problema que se enfrenta, basta agregar algunos números. La gran mayoría de los estadounidenses proviene de la migración; la población originaria es muy menor, al menos en la imagen que los habitantes retienen. En Estados Unidos residen 62 millones de latinos, un 19% de los 337 millones de habitantes del país. Y anualmente un 25% de los que nacen son de origen latino. Todo eso ya convierte a Estados Unidos en el tercer país latino del mundo, más que España, que no llega a los 50 millones.
Los latinos habitan además en los estados más grandes: casi un 40% de la población de California es de origen latino y detrás están los millones en Texas, Nueva York, Florida y Nueva Jersey. Y viven especialmente en las áreas metropolitanas de Nueva York, Los Ángeles, Miami, Houston y Chicago. Sólo en Chicago vive un millón y medio de latinos. Una creciente clase media o baja, que se ha ido formando a lo largo de muchos años, que ha elegido gobernantes en sus estados y miembros del Congreso, nunca pensó verse envuelta en esto.
Lo más extraño de la situación actual es que, con el tiempo, los latinos han ido asumiendo posiciones políticas diversas, en consonancia con su integración al país. Los latinos que podían votar en Estados Unidos hace algunas décadas, no usaban el derecho o votaban abrumadoramente por el Partido Demócrata. Ello ha ido variando desde hace un tiempo y alcanzó una nueva realidad en la última elección. Las encuestas a boca de urna mostraron que el 53% votó por Kamala Harris y un 45% por Donald Trump, lo cual es un aumento de 10 puntos para el republicano desde la elección de 2020. Alguna prensa incluso habló de una nueva alianza Wasp-Latina, señalando que una cercanía de las dos mayores etnias del país (blancos de origen europeo y latinos) podía constituirse en un estable núcleo de dirección del país.
Esa alianza parece un espejismo en la actualidad. Mientras Stephen Miller, un importante vocera de la Casa Blanca pide a los agentes federales alcanzar una meta de 3.000 arrestos diarios, en California se suceden las redadas contra los barrios latinos, y en Miami los agentes entran a los tribunales para arrestar personas que han llegado allí en busca de protección y se aplican procedimientos de expulsión acelerada que no incluyen la autorización judicial.
Trump parece cada vez más decidido a crear una red más amplia antimigrantes, mientras que los latinos republicanos del sur de Florida buscan obtener alguna moderación y atraer al Presidente que ellos eligieron, a un diálogo más razonable. Pero los llamados a una mayor moderación no parecen tener eco en la vocera de la Casa Blanca, Abigail Jackson, quien afirma que “el Presidente Donald Trump está cumpliendo su promesa de deportar a los extranjeros ilegales y el pueblo estadounidense esta agradecido de eso”. Pero del mismo lado, la diputada republicana María Elvira Salazar, una firme partidaria de Trump, que se describe como “republicana orgullosa” dice que la administración debe cumplir la promesa del Presidente de “echar a patadas a todos los criminales que están aquí ilegalmente”; pero luego agrega que la “incerteza” en su distrito principalmente latino, “le rompe el corazón” y que las medidas actuales amenazan el debido proceso legal. La delegación de Miami en el Congreso busca una reunión con Trump, que aún no obtiene.
La incerteza invade a todos los latinos, sean ellos nativos, inmigrantes legales o indocumentados. Más del 50% de la esa población en Los Ángeles dice que no se manifiesta porque “tiene miedo” de ser privada de sus derechos. Como en muchos otros temas de la administración Trump, la incertidumbre parece ser el signo de los tiempos. Pero en materia migratoria no se ve, como ocurre en otras áreas, que el Presidente esté muy dispuesto a cambiar o moderar su postura.
El pdte y su gobierno está cumpliendo lo prometido en su campaña electoral, con esas ideas y objetivos fue democraticanente electo. Ahora debe cumplir lo prometido. Quizás a ud le cueste mucho entenderlo, uds no entienden que son empleados de sus electores, se creen con derechos propios y elegidos por un ser superior, aterrice, esos tiempos ya pasaron, ahora tendrán que trabajar y producir, no producir problemas, producir bienestar. Menos mal quenud ya no es reelegible