Inquietud y preocupación. Esa es la sensación que hoy existe respecto de la Convención Constituyente cuando estamos a la vuelta de la esquina de que se venza el plazo para que dicha instancia proponga una nueva carta fundamental (el 4 de abril), prorrogable hasta el 4 de julio. No solo lo encima del plazo, sino que sobre todo el tenor de las propuestas que se han presentado y de varias de las que han prosperado durante las últimas semanas han hecho que los chilenos comiencen a mirar con creciente desconfianza y rechazo el trabajo de dicho organismo. De hecho, la última encuesta Cadem muestra un virtual empate entre la gente que confía y la que no confía en la Convención. Y esto se debe, en parte, a que los chilenos han advertido que se pueden terminar aprobando “cosas que parecen loquísimas”, como incluso reconoció Giorgio Jackson en Uruguay.
La desconfianza se ha tomado los espacios de discusión. Y es que aquellos que depositaron su esperanza en la Convención para construir un mejor Chile, una casa común, han sido testigos de cómo ese objetivo quedó relegado a un segundo plano. En cambio, ha primado la trilogía de particularismos, radicalismo identitario y la agenda hegemónica del Partido Comunista. Esos intereses se han sobrepuesto a las sentidas demandas sociales (salud y pensiones) que motivaron las movilizaciones pacíficas como la marcha del millón de personas el 25 de octubre de 2019.
Por el contrario, han avanzado iniciativas que, por ejemplo, limitan ampliamente el derecho a la propiedad, dejando en manos de una ley determinar el daño patrimonial causado al expropiado, en la que solo se permite reclamar “la legalidad del acto”, dejando fuera todo derecho a objetivar -por medio de expertos- una indemnización acorde al menoscabo. Es decir, el Estado puede pagar lo que quiera, cuando quiera y de la forma que pueda; no hay derecho a reclamo.
Asimismo, en la Comisión de Forma de Estado aprobaron el articulado que establece que “Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural”, sin advertir las repercusiones políticas, económicas, sociales o culturales que pueda tener esta idea de plurinacionalidad; de hecho, en países como Bolivia, este sencillo vocablo que puede sonar atractivo para algunos ha implicado problemas con derechos adquiridos en materias económicas que el Estado no ha podido resolver de forma satisfactoria. Además, la falta de transparencia en la aprobación de esas normas solo alimenta la sensación en la opinión pública de que hay grupos que están haciendo una gran “pasada” aprobando normas que son un traje a la medida para ellos mismos, algo muy lejos de una casa común. Todo ello, enmascarado con un discurso de reivindicación.
A ello se suma el rechazo a las propuestas ciudadanas, dándole un portazo a miles de chilenos que quisieron ser parte del proceso. En tan solo dos días, los convencionales votaron en contra de iniciativas populares que lograron reunir decenas de miles de firmas para ingresar y ser discutidas. Desde las comisiones se negaron a debatirlas, bloqueando toda posibilidad y desechando iniciativas que contaban con más de 30 mil apoyos ciudadanos. A algunos voceros les dieron cinco minutos para exponer iniciativas que suman muchos más apoyos que los votos de muchos convencionales. En simple: a los convencionales solo les interesa promover sus ideas, agendas, y por qué no decirlo, sus intereses particulares, sin escuchar siquiera lo que quieren los chilenos. Se formaron un diagnóstico preconcebido, y no buscan escribir una Constitución que represente a toda la ciudadanía.
Gran parte del país depositó su confianza y esperanza en la Convención esperando generar los cambios que necesitamos. Sin embargo, la convención ha errado el camino. No solo por sus pésimas ideas, como la de promover un sistema unicameral (el que prima en democracias débiles como El Salvador, Nicaragua o Venezuela) o de limitar la independencia del Poder Judicial, sino que también porque acusan un “constante ataque comunicacional”, aludiendo a una especie de “coro catastrofista” por parte de un sector que quiere el fracaso del proceso. El echarle la culpa al empedrado (la prensa) es parte del discurso de los líderes autoritarios o del chavismo en Venezuela.
Lo cierto es que no se trata de personas intocables. Todo convencional y el propio organismo deben ser sujetos de críticas, ya que tienen en sus manos -nada más ni nada menos- que la redacción de una propuesta de nueva Constitución. Como hasta acá han presentado y discutido casi puras malas ideas, es evidente que los chilenos y todos tenemos derecho a manifestarnos. Justamente aquí la crítica no es al proceso, sino a aquellos que promueven iniciativas que son perjudiciales para nuestro país.
Al parecer los constituyentes no se han percatado de ese peligro o más bien han optado por ignorarlo con tal de sacar adelante su agenda ideológica. Parece que sienten que se “encontraron la virgen en un trapito”, y que deben aprovechar sus cinco minutos para dejar todo “atado y bien atado”, institucionalmente hablando. Con esa actitud, lo que están consiguiendo es redactar un texto que resultará más fácil de rechazar que de aprobar, siendo ellos mismos quienes -por su obstinación y egoísmo- terminen por sepultar el proceso y con ello la esperanza que una mayoría del país tuvo en la verdadera casa de todos.
*Esta columna la firman además: Ignacio Pinto Roth, Cientista Político y Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos; Patricio Gajardo, Analista Político, Historiador y Magister en Estudios Internacionales; Camila Salas, Psicóloga, Diplomada en «Equidad de género en el servicio público» y “En proceso constituyente”; y Francisco Javier Orrego, licenciado en Derecho Universidad de Chile y Director ejecutivo de “Cabilderos”.