El Gobierno anunció la estrategia nacional del litio. Aquí no pretendo desarrollar el análisis de dicho anuncio, pero vino a mi mente lo que se ha discutido en este país sobre el rol del Estado en diversas actividades económicas. Desde luego, es una nota de suspenso respecto a si los inversionistas privados estarían dispuestos a invertir en esas condiciones para el desarrollo futuro de esa actividad.
Este tipo de ideas se acentuaron desde el llamado estallido social, cuando un grupo de jóvenes encabezados por Gabriel Boric, han pretendido refundar este país, alejando este tipo de ideas de la importancia que tiene, que continué siendo el sector privado quien empuje el crecimiento y la creación de empleos en nuestra economía.
Sobrevienen entonces dos proyectos de modernización de nuestra economía. Uno de ellos es la previsión social, la cual en las próximas semanas se estará discutiendo en el Parlamento. El otro es un proyecto de ley, que pretende rescatar a la salud privada, lo que implica un salvataje de las Isapres y por ende, su impacto sobre las clínicas privadas.
En el caso de la previsión social, los gobernantes han conducido la idea de que se debe volver a un sistema de reparto, que se haga cargo del pago de pensiones para la tercera edad, pese a que ese sistema fracasó rotundamente en el pasado, antes de que un nuevo sistema fuese creado basado en cuentas de capitalización individual para el ahorro futuro de los chilenos.
El sistema que se desarrolló a través de la creación de AFP, no pudo generar beneficios sustanciales, sobre todo, en lo que se ha denominado la tasa de reemplazo que la pensión debería generar después de la jubilación. La razón es evidente, el sistema privado no captó suficientes ahorros por bajos periodos de cotización y porque los ingresos de los cotizantes eran bajos. Es decir, el problema no ha estado en la administración de esos ahorros, donde la rentabilidad obtenida, fue muy alta, 1, 7 veces de rentabilidad, es decir, aquel ciudadano, que ahorraba $100 pesos, al final de su periodo de cotización, obtenía $170.
Los jóvenes gobernantes pretenden hacer creer que la administración estatal de estos ahorros podría mejorar las pensiones. La idea no tiene sustento porque en el pasado la administración estatal llevó a un rotundo fracaso ese sistema. Solo basta recordar a las cajas de previsión de distintos sectores que, simplemente, quebraron.
Recientemente con motivo de la discusión que se generó por un cambio constitucional que pretendía refundar el país y sus instituciones se generó una fuerte oposición a la idea de volver a la administración estatal, a través de un sistema de reparto, quedando establecido un movimiento denominado “Con mi plata, no». La idea es muy sencilla, la administración estatal fue rechazada por una mayoría muy importante de chilenos, quienes no aceptaron la eliminación de las cuentas de capitalización individual, en desmedro de una administración estatal de los ahorros privados. Nuevamente, un claro ejemplo de que la mayoría de la población no quiere soluciones estatales para un problema tan delicado como es la mantención de la población jubilada del país.
En la actualidad se pretende generar ahorros de 6 puntos adicionales en el mercado laboral para implementar el volumen de recursos que financiarán la vejez. Puedo adelantar nuevamente que las personas no quieren que sus cuentas de ahorro pasen a un sistema de reparto considerando un agravante el que fueran administrados por un ente estatal, por lo tanto, quitando la posibilidad a la gente de decidir quién administrará esos recursos.
¿Por qué el grupo de jóvenes que dirige el país, insiste en una solución estatal, que no mejora las pensiones y que ciertamente no respeta la decisión libre y soberana de las personas para elegir libremente qué hacer con sus ahorros?
En el plano de la salud privada, existe el fuerte convencimiento en los jóvenes que gobiernan el país, que la salud tiene que ser estatal y por lo tanto, no hay espacio para la salud privada. Esto constituye un grave error, porque actualmente, si las Isapres quiebran, no sólo quebraran ellas, sino que también, un número importante de clínicas privadas. Los cálculos que existen implican, que más de 3 millones de chilenos tendrán que trasladarse al sistema público, el cual, actualmente no da abasto. Sabemos que hoy en día una gran cantidad de personas que se atienden en el sistema público, deben realizar largas filas de espera para ser atendidos.
En los dos casos expuestos, podemos apreciar, que el intento de estatizar estas dos prioridades sociales, como son la previsión y la salud, sólo agrega problemas a los chilenos.