El mundo
El Índice de Incertidumbre Mundial (WUI), actualizado este 19 de marzo de 2026, ha escalado a niveles críticos impulsado por la guerra en Medio Oriente, provocando una revisión a la baja del crecimiento global debido al incremento en los precios del petróleo y del gas, así como la incertidumbre sobre su abastecimiento. Este récord histórico de incertidumbre no es solo una cifra abstracta en los monitores de la FED de St. Louis; es un golpe directo al bolsillo de las familias en todo el mundo. Con un petróleo que ya supera los 110 dólares y un gas natural sujeto a fuertes presiones por las tensiones en rutas comerciales clave como el Estrecho de Ormuz y los riesgos sobre las cadenas de suministro energético, el costo de vida global se dispara, encareciendo desde el transporte y la generación eléctrica hasta los procesos industriales y los insumos básicos.
El drama real reside en la asfixia fiscal: mientras los países se ven obligados a gastar más para subsidiar el petróleo, el gas o importar recursos críticos, su capacidad para invertir en salud, educación o infraestructura se reduce significativamente. Estamos ante una verdadera «trampa de reactividad», donde los gobiernos tienen las manos atadas por la deuda y la volatilidad, dejándolos con menos herramientas para responder a las necesidades urgentes de una ciudadanía que ve cómo su poder adquisitivo se debilita en medio de la incertidumbre geopolítica.
Esta incertidumbre no es solo económica: es también institucional y social. Cuando el mundo se vuelve impredecible, las decisiones internas deben ser aún más responsables, porque los errores se pagan más caro. En escenarios como este, la seriedad de la política deja de ser una virtud deseable y pasa a ser una condición indispensable de estabilidad.
Riesgos y desafíos en Chile
En Chile, este escenario de aguas desconocidas se traduce en una amenaza directa a la estabilidad. Como país importador neto de petróleo y altamente dependiente del gas para su matriz energética, la crisis energética presiona las finanzas públicas y reduce la capacidad del Estado para enfrentar gastos necesarios. Esta presión se ve agravada por un dólar que en el mercado local ya está por encima de los $930, encareciendo las importaciones y aumentando la presión fiscal sobre el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), instrumento clave para amortiguar el impacto de la volatilidad internacional en los precios internos.
La combinación de inflación importada, restricciones fiscales y debilitamiento del crecimiento obliga a un ejercicio político que Chile parecía haber olvidado: priorizar. No todo se puede hacer al mismo tiempo. No todo se puede prometer. Y no todo se puede financiar. Volver a esa cultura de responsabilidad será una de las pruebas más difíciles para toda la clase política.
Para nuestro país, se trata de una crisis severa agravada por la situación fiscal que dejó el gobierno de Gabriel Boric. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha advertido sobre el deterioro del balance estructural y las dificultades para cumplir las metas de la regla fiscal, uno de los principales pilares de la estabilidad macroeconómica de Chile. Sus informes han señalado desviaciones relevantes respecto de los compromisos fiscales, mayores presiones de gasto y la necesidad de correcciones para evitar una trayectoria más exigente de la deuda pública. Estas advertencias reflejan la reducción de las holguras fiscales que por años distinguieron a Chile y le permitieron enfrentar crisis económicas y emergencias con fortaleza financiera.
En paralelo, el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) ha sufrido una caída significativa en la última década. Desde niveles cercanos a US$20.000 millones, bajó a alrededor de US$12.000 millones tras el estallido social de 2019 y luego a cerca de US$2.500 millones en 2021 producto del gasto extraordinario para enfrentar la pandemia. Sin embargo, el gobierno del Presidente Boric recibió el FEES recuperado en torno a US$8.000 millones en 2022, cifra que posteriormente volvió a disminuir hasta aproximadamente US$4.000 millones, sin que el país haya debido enfrentar en ese período una crisis económica, social o sanitaria de magnitud comparable. En términos concretos, esto significa que Chile dispone hoy de un colchón fiscal mucho más reducido que el que históricamente construyó precisamente para enfrentar emergencias y catástrofes.
Las oposiciones
Son básicamente tres: el PC y el Frente Amplio; el PS, PPD y la DC; y el PDG. El Partido Libertario es aún una incógnita, especialmente ante la conformación de un gobierno que se caracteriza por una importante transversalidad. Como bien señala Pepe Auth, las negociaciones tendrán un diseño particular según el tema que se trate. Desde ya, resulta fundamental priorizar lo más urgente para la ciudadanía: seguridad, crecimiento, economía, empleo, salud, reconstrucción de viviendas y educación.
Desde la oposición frenteamplista y comunista, ex personeros de gobierno y del Parlamento han emitido múltiples declaraciones, ahora “preocupados” por las familias. Incluso hablan de la gente en las calles casi como una forma de presión al gobierno, insinuando que ellos serían los “garantes” de que aquello no ocurra. Resulta, al menos, paradojal. ¿Qué hicieron cuando fueron gobierno? ¿Recuerdan el “gas a precio justo” y las múltiples advertencias técnicas que recibieron? Sacar recursos de Corfo y dejar al país con su fondo de emergencia en mínimos históricos da cuenta de una seria irresponsabilidad fiscal. A ello se suman miles de nuevos cargos públicos y decisiones difíciles de justificar, como el intento de compra de la casa de Salvador Allende. Un sector que gobernó sin mostrar mayor comprensión por las urgencias reales que enfrentan día a día las familias chilenas.
Ante esta realidad, la nueva oposición enfrenta una responsabilidad histórica: ejercer una autocrítica sincera, resistir la tentación del populismo de corto plazo y evitar transformar la crítica desmedida en un mecanismo para recuperar a los adherentes que perdió y que finalmente dieron el triunfo al presidente José Antonio Kast. También debe hacerse cargo de su propio legado y de su responsabilidad en el futuro del país.
Les correspondió gobernar sin enfrentar crisis externas de gran magnitud y, pese a ello, dejaron un Estado con estrechez fiscal, aumento sostenido del gasto y una preocupante ineficacia administrativa. Esa realidad debiera invitar hoy a la prudencia y no a la confrontación.
¿Tienen conciencia de que el mundo atraviesa un escenario de guerra con impactos rápidos y directos en el costo de la vida? El ego político y el aprovechamiento de cualquier circunstancia parecen impedir una actitud más responsable. Ya lo vimos durante la pandemia, cuando la confrontación permanente fue muchas veces la regla. Es una forma de hacer política que Chile debiera superar.
Juzgar medidas económicas, el funcionamiento del MEPCO, eventuales ajustes tributarios o la eliminación de trabas regulatorias sin otorgar un mínimo margen de acción a un gobierno que recién comienza, en un escenario internacional especialmente complejo, no contribuye a la estabilidad que el país necesita. Sí lo hace la crítica constructiva: la que dialoga, propone y entiende que la gobernabilidad es una tarea compartida.
Una mala práctica transversal de la política chilena —instalada hace años— es hablar a los propios o a los adversarios a través de los medios en lugar de dialogar con seriedad. Es tiempo de dejar el cálculo personal y recuperar el sentido de colaboración que, por ejemplo, mostró el ex Presidente Piñera al ofrecer su ayuda durante los incendios de Valparaíso pocos días antes de su fallecimiento.
Chile necesita propuestas más que críticas fáciles; diálogo más que acusaciones; aceptación de la nueva realidad política y también una necesaria reflexión sobre las propias responsabilidades. La actual oposición dejó el gobierno hace apenas días, tras cuatro años con resultados débiles en crecimiento, seguridad y gestión fiscal. La estrechez fiscal y las dificultades estructurales del Estado son hoy una realidad que condiciona cualquier margen de acción.
En este escenario, una oposición fragmentada y desorganizada parece optar por el rechazo sistemático, ignorando que su propia gestión dejó un legado fiscal complejo y una estructura de gasto difícil de sostener. En este marzo de 2026, Chile no resiste más obstruccionismo. La urgencia de recuperar la seguridad exige que quienes ayer gobernaron, al menos hoy no dificulten la tarea de reconstrucción nacional.
¿Querrán transformarse ahora en garantes de certezas y soluciones que no supieron entregar cuando les correspondió hacerlo? En un mundo marcado por la incertidumbre, la responsabilidad compartida entre las fuerzas políticas es la única herramienta para evitar que la inestabilidad externa termine afectando la paz social interna.
Todas las oposiciones deben tener plena conciencia de la gravedad del momento que enfrenta Chile y del desafío que implica gobernar en medio del impacto de una crisis global. Frente a ello, el gobierno del Presidente de todos los chilenos no puede estar solo: este es un tiempo que exige responsabilidad, sentido de Estado y, sobre todo, ética política.
Porque cuando el país enfrenta tiempos difíciles, la diferencia entre la política pequeña y la política grande se mide, simplemente, por la responsabilidad con Chile.
El gobierno y la clase política frente a los desafíos
Como se mencionó anteriormente, el gobierno de José Antonio Kast comienza en medio de un escenario internacional especialmente complejo, sumado al difícil contexto interno que recibe: finanzas públicas tensionadas, un aparato estatal con rigideces difíciles de corregir en el corto plazo y expectativas ciudadanas muy altas tras años de frustraciones acumuladas. Gobernar en estas condiciones exige no solo capacidad técnica, sino también madurez política de todo el sistema institucional.
Ha debido asumir, además, en un contexto de extrema fragilidad en materia de seguridad, marcado por el brutal asesinato de un carabinero el mismo día de su investidura, una señal dramática del avance del crimen organizado y del deterioro del orden público. A ello se suma el impacto económico de la guerra en Medio Oriente y una crisis migratoria aún no resuelta, con ingreso irregular de personas y redes delictuales que han puesto a prueba el control de nuestras fronteras.
Cabe recordar que los partidos políticos y el Parlamento registran hoy los niveles más bajos de confianza ciudadana de las últimas décadas. Esta desconfianza no surgió espontáneamente: es el resultado de años de promesas incumplidas, polarización estéril y una política que muchas veces pareció más enfocada en la disputa táctica que en el bien común.
La ciudadanía arrastra también una desilusión acumulada desde el segundo gobierno de Bachelet, pasando por los efectos del estallido de 2019 y la pandemia. Esa suma de frustraciones explica el cansancio ciudadano con la política y la escasa tolerancia a nuevos errores.
En este contexto de desconfianza profunda hacia la política —y de debilitamiento de la ética pública— se vuelve indispensable reflexionar con seriedad sobre las causas de las crisis que nos han conducido hasta este punto. Porque sin responsabilidad política ni estándares éticos en la vida pública, ningún gobierno —cualquiera sea su signo— podrá responder a las legítimas demandas de los chilenos.
Ética pública y responsabilidad política en tiempos de incertidumbre
La ética pública no es un concepto abstracto. Se mide en conductas concretas: en la responsabilidad fiscal, en la seriedad de las propuestas, en la disposición al diálogo y en la capacidad de anteponer el interés del país por sobre la conveniencia electoral. Sin ese compromiso, las leyes por sí solas no bastan y el bien común termina transformándose en una simple consigna.
La base de todo es la confianza. Y hoy esa confianza está debilitada. Sin confianza no hay responsabilidad cívica ni legitimidad política posible. Cuando la ciudadanía percibe improvisación, contradicciones o falta de transparencia, lo que se erosiona no es solo un gobierno o una oposición: es la credibilidad del sistema completo.
Esa confianza también se juega en la forma en que se ejercen las responsabilidades de Estado. Episodios como las indefiniciones en proyectos estratégicos, como el cable transpacífico hacia Asia, o la falta de información clara en procesos de traspaso de gobierno, afectan algo más profundo que una decisión puntual: afectan la confianza institucional del país.
Parte importante de esa confianza ya se ha deteriorado, y ese vacío es terreno fértil para los populismos de cualquier signo. Por eso la oposición también tiene un deber ético básico: reconocer errores, actuar con responsabilidad y rechazar sin ambigüedades cualquier legitimación de la violencia. Después de lo que Chile vivió, la violencia nunca puede volver a relativizarse como herramienta política.
En esa línea, episodios como el intento del diputado Daniel Manouchehri de impulsar una acusación contra la primera dama muestran hasta qué punto parte de la política puede desconectarse de las prioridades reales de las personas. Cuando todo se transforma en polémica o en acusación, lo verdaderamente importante deja de serlo.
La responsabilidad política también implica entender cuándo una crítica fortalece la democracia y cuándo solo debilita aún más la confianza pública. Hoy el desafío es reconstruir una ética política basada en responsabilidad, realismo y sentido de Estado. Eso significa menos cálculo político, menos promesas inviables y más seriedad en la acción pública.
El oficialismo, por su parte, también tiene su propia exigencia: asegurar competencia, coherencia y experiencia en sus equipos. En un gobierno que comienza en medio de la incertidumbre, la capacidad de gestión no es un detalle, es una condición básica.
Chile atraviesa un momento especialmente exigente y precisamente por eso necesita más responsabilidad que protagonismo, más acuerdos que gestos simbólicos y más visión de largo plazo que disputas menores. El país no necesita más confrontación estéril, necesita política adulta.
No hay margen para juegos políticos inconducentes. Cuando el mundo se vuelve incierto, la única certeza que un país puede ofrecer es la seriedad de su propia política. Porque en tiempos de incertidumbre global, la verdadera prueba de la política no es quién critica mejor, sino quién está dispuesto a actuar con mayor responsabilidad por Chile.
