Siguen subestimando a la ciudadanía

En una reciente declaración, los partidos de gobierno sostuvieron que de rechazarse la propuesta no propiciarán otra discusión constitucional. Con ello buscan mostrar que la opción «En contra» da más estabilidad al país y permite atender mejor las demandas ciudadanas. Sin embargo, ¿es creíble una declaración que va en contra de todo lo que han dicho en los últimos años y hasta hace tan sólo pocos días atrás? ¿Por qué de pronto la ilegítima Constitución de Pinochet se vuelve la legítima Constitución de Lagos? ¿Por qué ahora sí es posible atender los problemas en educación, salud y pensiones sin modificar aquella Constitución que según ellos era la causante de todos los males y la que impedía todas las reformas?

En la breve declaración afirman que, de aprobarse la propuesta constitucional, sólo se generará mayor incertidumbre debido a la creación de nuevas leyes, organismos públicos y posibles discusiones interpretativas. ¿Olvidan que la propuesta que ellos apoyaron creaba aún más organismos y leyes? ¿Acaso los partidos oficialistas desconocían las consecuencias obvias de un cambio constitucional cuando lo impulsaron con fuerza? ¿No era precisamente ese cambio -que ahora critican- lo que buscaban? Por supuesto que una nueva Constitución significa cambios en leyes y genera nuevas discusiones para su adecuada interpretación, sin embargo, ello no necesariamente es sinónimo de inestabilidad.

Por una parte, no se trata de un texto refundacional con cambios radicales y estructurales profundos -como lo fue la de la fallida Convención-; por otra, la propuesta da suficientes garantías de estabilidad, dado que en sus transitorios establece que una vez que se apruebe el texto todas las leyes se mantienen vigentes, con el objeto de implementar gradual y ordenadamente de la nueva Constitución.

Quizás el cambio más relevante -por su importancia y por la magnitud de las modificaciones- es el de sistema político, el que requerirá de modificaciones legislativas para implementar, por ejemplo, la disminución de los parlamentarios, las nuevas exigencias para ser electos, así como la paridad, entre otras. Incluso de rechazarse la propuesta, de izquierda y derecha, han insinuado la necesidad de reformar el sistema político, comprendiendo que ahí está el nudo de la crisis social y política que enfrentamos.

Declaran que su compromiso es resolver los problemas en seguridad, inmigración irregular, y dar oportunidades laborales con una economía que dé estabilidad (siendo gobierno no podría ser de otra forma). Sin embargo, la propuesta incorpora normas para fortalecer Carabineros, crea la Fiscalía Supraterritorial para contar con órganos especializados para enfrentar el crimen organizado, mandata la creación de una Policía Fronteriza y una Defensoría de las Víctimas. Además, da claras muestras de estabilidad económica al proteger la propiedad y consagrar la libre iniciativa económica, además promueve el emprendimiento y la innovación. No parece que la propuesta impida atender las urgencias ciudadanas, todo lo contrario.

La declaración de los partidos que hoy son gobierno no sólo subestima la inteligencia de los ciudadanos, con declaraciones poco creíbles e inconsistentes con las que han sido sus pretensiones históricas, sino que además son totalmente irresponsables tanto respecto del proceso constitucional que ellos impulsaron con fuerza, así como con las expectativas ciudadanas, las cuales al parecer, pueden tratar de forma antojadiza según sus propios intereses políticos del momento.