Desde la instalación del nuevo gobierno, buena parte de la oposición y del ecosistema mediático ha reaccionado, con una ridícula y falsa escrupulosidad moral, frente a cada error, o ajuste interno como si se tratara de una crisis estructural o ideológica del actual proyecto político. Como si toda salida de una autoridad debiera esconder una falta ética grave o el debilitamiento de un proyecto político entero. Es posible que esto esté sucediendo porque nos acostumbramos con la pasada administración a que esto fuese la regla. Sin embrago, la reciente salida de Mara Sedini, así como las críticas y cuestionamientos que enfrentó Steinert, parecen responder a algo mucho más simple, y bastante más legítimo: un problema de funcionamiento y diseño organizacional.
Y aquello no debería escandalizar a nadie.
Durante el gobierno de Gabriel Boric, Chile presenció renuncias y caídas políticas asociadas a situaciones profundamente reprochables o, al menos, gravemente irresponsables. Ahí estuvo el episodio de Izkia Siches entregando información falsa respecto a un vuelo de expulsión de migrantes; el deterioro político de Giorgio Jackson en medio del Caso Convenios y la pérdida transversal de confianza institucional; o el caso de Manuel Monsalve, marcado por acusaciones de extrema gravedad que terminaron destruyendo completamente su continuidad política y gran parte del relato basal del gobierno. En esos casos, la discusión pública giraba en torno a responsabilidades éticas, negligencias severas o conductas incompatibles con el ejercicio del poder. Así como también, la deslegitimación de un relato político, una agenda de gobierno y las credenciales éticas tanto del Presidente como de sus ministros y asesores, quienes en varias instancias decidieron guardar silencio (y blindar a los presuntos implicados) en casos de alta connotación pública y moral.
Pero ese no parece ser el caso actual.
Ni Sedini ni Steinert fueron removidas en medio de acusaciones de falta a la verdad, enriquecimiento ilícito, abandono de deberes o faltas morales escandalosas. Por el contrario, todo indica que sus dificultades estuvieron relacionadas con descoordinaciones internas, estilos de liderazgo, dinámicas de comunicación o simplemente incompatibilidades con las exigencias del cargo y el funcionamiento del equipo político. Y aunque eso pueda ser incómodo, también es parte normal del ejercicio de gobernar.
Existe una tendencia cada vez más arraigada en la política chilena a moralizarlo todo. A convertir cualquier diferencia de desempeño en una batalla ética definitiva. Como si reconocer que una autoridad “no funcionó” equivaliera automáticamente a declararla indigna o incompetente. Sin embargo, un gobierno serio también debe tener la capacidad de corregir estructuras, redefinir equipos y asumir cuándo determinadas piezas no logran articularse adecuadamente dentro de un proyecto político.
No toda salida es una tragedia institucional. No toda crítica constituye una condena moral.
Y quizás el problema de fondo es que parte importante de la discusión pública chilena perdió la capacidad de distinguir entre incompetencia, desacople, desgaste político, corrupción y en definitiva, proyectos políticos fracasados. Todo se mezcla en una misma narrativa de escándalo permanente, donde la legitimidad del recambio pareciera depender de encontrar culpables moralmente impuros. Con todo, dicha oposición que se escandaliza por ciertas modificaciones, incluso errores propios del ejercicio del poder, olvida que en su minuto se destacó por su desprolijidad, irresponsabilidad, inconsistencia (mejor conocida por las “volteretas”). Sin embargo, estas características no revelaron, como intentan instalar algunos, una capacidad de adaptación y de humildad de la anterior administración. Estas fueron un síntoma de un proyecto fracasado desde sus cimientos, que fue imposible de sostener y se vio obligado a navegar en una suerte de liderazgo misceláneo y sin rumbo.
La paradoja es evidente: durante años, Chile convivió con autoridades que permanecieron en sus cargos pese a errores gravísimos, desórdenes institucionales o cuestionamientos éticos severos. Hoy, en cambio, pareciera que incluso un mal diseño organizacional debe ser interpretado como prueba de una decadencia moral estructural. Sin embargo, ninguno de los errores, modificaciones ministeriales o reposicionamiento de ciertas prioridades han indicado un problema del objetivo político-ideológico en sí mismo; de hecho es bastante probable –y el tiempo quizás lo dirá– que sea todo lo contrario.
Pero gobernar también implica administrar equipos humanos. Y en política, como en cualquier espacio de alta responsabilidad, existen personas valiosas que simplemente no logran funcionar adecuadamente en determinados cargos, contextos o estructuras. Reconocer eso no degrada la política; probablemente la vuelve más adulta y sensata. En este sentido, se vuelve muy necesario que tanto los medios, como parte de esa oposición que aún reúne ciertos principios democráticos (excluimos inmediatamente a la extrema izquierda del FA y PC de tal aspiración), retomen la senda de la objetividad y la cordura a la hora de tratar el debate público. Existen errores y errores, cambios y modificaciones, proyectos con objetivos prudentes y otros totalmente descabellados (que muchos de ellos apoyaron sin más). Pero no todos son lo mismo, ni tienen las mismas consecuencias. Es por esto que se hace urgente volver a analizar la contingencia nacional con sentido de realidad y algo de nobleza ideológica.
Con todo, a ello se le debe agregar que esta debe ser criticada constantemente, pero la norma debiese estar en evaluarla según sus garantías para sostener la democracia, el progreso y el robustecimiento del país. Y quizás, al sincerarse con estos principios, gran parte de la izquierda chilena comenzará a criticar con mayor humildad, prudencia y menos hipocresía.
Contundente, golpe a línea de flotación. Bueno.