¿Qué nos pasa como sociedad?

Hay heridas que no sangran hacia afuera. Que no aparecen en los partes médicos ni en las estadísticas del Ministerio del Interior. Son las heridas que una sociedad se hace a sí misma cuando decide, lentamente y sin declararlo, que ciertas cosas ya no importan. Que ciertos límites son negociables. Que cierta violencia tiene explicación suficiente para ser tolerada.

Camus escribió que hay una sola pregunta filosófica verdaderamente seria: por qué seguir. Pero para una sociedad, la pregunta equivalente es otra: por qué obedecer. Por qué respetar. Por qué cuidar lo que es de todos. Y cuando esa pregunta deja de tener una respuesta compartida, cuando el contrato tácito que nos une empieza a deshilacharse, lo que aparece no es libertad. Es vacío. Y en el vacío, tarde o temprano, aparece la violencia.

El 27 de marzo de 2026, ese vacío tuvo un rostro concreto. Una inspectora de 59 años murió en el patio de un colegio de Calama. La mató un estudiante de 18 años que esa mañana entró al establecimiento portando dos cuchillos, líquido acelerante, una máscara, cinta adhesiva y candados ocultos en su mochila. En sus armas había nombres inscritos: los de atacantes de masacres escolares de Finlandia, Estados Unidos y Rusia, asesinos que el joven había elegido como referentes. Horas antes había publicado en YouTube un video titulado «Ataque en el Instituto Lezaeta» y en Instagram una imagen sosteniendo un cuchillo contra el pecho de un peluche, con la leyenda «a quien le interese». Entró al colegio sin que nadie lo detuviera. Sin controles. Sin que ningún protocolo ni ningún adulto advirtiera lo que se aproximaba.

No murió una figura pública. Murió una de esas personas invisibles que sostienen el día a día de una comunidad escolar: las que conocen a los alumnos por su nombre, las que están en el patio cuando nadie más está, las que ponen el cuerpo donde el sistema hace tiempo había dejado de poner nada. Ella no murió por accidente. Murió porque llegó hasta ahí una acumulación de omisiones, silencios y complicidades que Chile lleva años construyendo sin querer mirarse en ese espejo.

Las sociedades no se quiebran de golpe. Se quiebran como se quiebra el hielo en primavera: desde adentro, en grietas invisibles, hasta que un día el peso de alguien que simplemente camina sobre él es suficiente para hundirlo todo. Cada límite que un padre no sostuvo porque era más fácil ceder. Cada intervención que un profesor decidió no hacer porque sabía que nadie lo respaldaría. Cada director que miró hacia otro lado. Cada autoridad que relativizó la violencia cuando venía del lado afín. Cada intelectual que le puso nombre bonito a la destrucción. Todo eso fue agrietando el hielo. Lo de Calama fue simplemente el paso que lo rompió.

Porque esto tiene un origen preciso, aunque incomode nombrarlo. El 18 de octubre de 2019, jóvenes en su mayoría quemaron estaciones de metro, iglesias, centros culturales y universidades. Destruyeron además comercios y sembraron el terror en barrios que nada tenían que ver con las decisiones que se cuestionaban. Y una parte importante de Chile, en lugar de condenar esa violencia con la misma energía con que condenaba la injusticia que la había precedido, eligió comprenderla. Romantizarla. Darle un relato que la hiciera presentable. Nadie dijo con suficiente fuerza lo que era evidente: que quemar no es protestar. Que destruir no es transformar. Que la violencia no tiene causas que la justifiquen, solo consecuencias que la prolongan.

Esa lección quedó grabada. Y se siguió repitiendo: en las bombas molotov dentro de los liceos, en los encapuchados que tomaban establecimientos como si fueran territorios en disputa, en la destrucción sistemática de lo público sin que nadie pagara un costo real por ello. Fuimos enseñando, sin palabras, pero con hechos, que la violencia tiene excepciones. Que el deber es negociable. Que las normas son para otros.

Antes que las redes y antes que la calle, sin embargo, está la familia. No la familia como ideal religioso ni como modelo cultural de otra época, sino como la estructura más básica y más irreemplazable que existe para formar a un ser humano: el espacio donde se aprende por primera vez qué es un límite, qué significa el respeto, qué se le debe al otro. La familia no necesita ser perfecta ni numerosa ni tradicional. Necesita ser presente. Necesita tener adultos que asuman su rol sin delegarlo ni negociarlo.

Eso es precisamente lo que se ha ido perdiendo. No por maldad, sino por agotamiento, por ausencia, por una cultura que confundió el afecto con la ausencia de consecuencias. Hoy hay padres que llaman a los colegios a exigir explicaciones cuando la nota de su hijo no refleja lo que ellos creen que merece. Que discuten con profesores en lugar de respaldarlos. Que protegen a sus hijos de las consecuencias de sus propios actos, convenciéndolos de que el error siempre es del sistema, del profesor, del colegio, de la sociedad. Nunca de uno mismo. Y así, sin saberlo, les enseñan la lección más peligrosa de todas: que la responsabilidad siempre es de otro.

Un joven que crece sin autoridad real en casa llega al mundo sin la capacidad de reconocer ninguna otra autoridad. No la del profesor. No la del inspector. No la de la norma. Y un colegio lleno de jóvenes así no es una comunidad educativa. Es un territorio sin ley esperando que algo lo detone. La familia no es un valor de derecha ni de izquierda. Es el primer lugar donde una sociedad se sostiene o se cae. Y cuando falla, todo lo demás llega demasiado tarde. A eso se sumó algo igualmente devastador: una generación formada más por algoritmos que por adultos. Las redes sociales no son neutrales. Tienen una gramática propia que premia lo extremo, amplifica la rabia y normaliza la agresión como forma de existir en el mundo. Un adolescente que pasa horas frente a una pantalla no está descansando. Está siendo educado. Por plataformas que no tienen ningún interés en su bienestar emocional, sino en su atención. El resultado es una generación con alta estimulación y baja tolerancia a la frustración. Emocionalmente sola en medio de una conectividad permanente. Hambrienta de pertenencia en un mundo que le ofrece seguidores en lugar de vínculos.

Y a esa soledad se suma, en demasiados casos, la droga. Chile tiene uno de los consumos de marihuana más altos de América Latina entre adolescentes. La pasta base y la cocaína han penetrado sectores que hace una década parecían inmunes, y atraviesan todas las clases sociales, modificándose solamente la sustancia que se consume. El debate público, capturado por la discusión ideológica sobre legalización, esquiva la pregunta más urgente: qué estamos haciendo con los jóvenes que ya están consumiendo hoy. Ignorar el rol de las sustancias en la escalada de violencia juvenil no es progresismo. Es negligencia con cara de tolerancia.

Debajo de todo esto hay una pregunta más profunda: ¿qué nos debemos unos a otros? El contrato social no es un documento. Es un acuerdo tácito que sostiene la convivencia: respeto tus derechos porque confío en que tú respetarás los míos. Acato las normas porque creo que nos protegen a todos. Cuido lo colectivo porque entiendo que lo colectivo también me cuida. Ese acuerdo se está rompiendo. No de manera dramática, sino en la acumulación silenciosa de pequeñas rupturas: el que destruye lo público porque «es del Estado», el que evade su responsabilidad porque el sistema es injusto, el que agrede porque siente que no le debe nada a nadie. Son gestos que parecen menores pero que van educando en una idea profundamente corrosiva: que las obligaciones son opcionales y los derechos son absolutos. Cuando una sociedad pierde ese equilibrio, el espacio entre el conflicto y la violencia se acorta peligrosamente.

Nada de esto ocurre en el vacío. Ocurre en un país donde la clase política lleva años sin dar el ejemplo que le exige a los demás. Parlamentarios que se insultan en el hemiciclo. Figuras públicas que usan el desprecio como herramienta de debate. Autoridades que condenan la violencia cuando viene de sus adversarios y la explican cuando viene de sus afines.

Y hay algo aún más corrosivo que el insulto entre parlamentarios: el doble estándar con que se juzga la violencia según quién la ejerce y quién la recibe. En Chile se ha instalado una lógica perversa que los jóvenes observan con perfecta claridad: si un carabinero usa la fuerza, es represión que merece condena inmediata y cobertura permanente. Si un manifestante agrede, destruye o ataca, es comprensible, es la rabia acumulada, es el resultado de la injusticia. Esa asimetría moral no pasa desapercibida. Los jóvenes la aprenden. La internalizan. Y terminan creyendo que la violencia no tiene una definición objetiva, sino política: depende de quién golpea y a quién. Cuando una sociedad acepta eso, ya no tiene autoridad moral para sorprenderse de nada.

Y en ese escenario, el Partido Comunista aprobó formalmente en su Comité Central, antes incluso de que el nuevo gobierno asumiera, impulsar «hitos de movilización» contra la administración de Kast. No como reacción a una medida concreta. Como estrategia anticipada. Un partido con representación institucional, con parlamentarios electos, con acceso al debate democrático, decidiendo en frío que su rol de oposición pasa por las calles antes que por el Congreso. Mientras esa decisión queda sin condena transversal, le seguimos enseñando a los jóvenes que el poder de la presión vale más que el poder del argumento.

Hay una ironía que duele especialmente. Los mismos dirigentes estudiantiles que marcharon en 2011 exigiendo el fin del CAE y educación gratuita llegaron al gobierno en 2022. Boric, Jackson, Vallejo, Cariola: la generación que hizo de la deuda estudiantil su bandera más poderosa tuvo cuatro años para resolver el problema. Y no lo hizo. El FES llegó tarde, mal diseñado, sin viabilidad legislativa ni fiscal. El propio Senado advirtió que no tenía condiciones para prosperar. Economistas de distintos sectores lo calificaron de inviable. Y durante esos cuatro años, el movimiento estudiantil guardó silencio. No marchó. No exigió. Esperó con una paciencia que nunca había tenido con otros gobiernos.

Hoy marchan de nuevo. Con las mismas consignas. Como si nada hubiera ocurrido en el medio. Pero hay algo que no mencionaron en ninguna de esas marchas, algo que debería ser imposible de ignorar: que mientras ellos agitaban carteles en Santiago, en el Medio Oriente, en Ucrania, en Gaza, jóvenes de su misma edad morían en guerras reales. Que el mundo atraviesa una reconfiguración geopolítica y económica de consecuencias históricas que ya está generando impactos en Chile. Que hay crisis que no se resuelven con una marcha y amenazas que no desaparecen con una consigna. Marcharon con la comodidad de quienes no han conocido el verdadero costo de perder lo que tienen.

Y también cabe preguntarse algo más incómodo aún: ¿por qué un joven que tiene trabajo, que ejerce su profesión y genera ingresos, no debería devolver a la sociedad el costo de su formación? La educación superior no es un derecho absoluto sin contrapartida. Es una inversión colectiva que el país hace en sus ciudadanos esperando que esos ciudadanos contribuyan de vuelta. Un sistema donde quien puede pagar no paga, donde es posible estudiar indefinidamente sin costo real y donde la responsabilidad individual desaparece detrás del relato de la deuda injusta, no es justicia social. Es otro síntoma del mismo problema: la idea de que los deberes son opcionales.

La tragedia de Calama es un anuncio más. Lo más grave puede ser lo que viene. Estos jóvenes que crecieron normalizando la violencia, que aprendieron que el deber es opcional, que marcharon siguiendo consignas prestadas sin memoria ni contexto, que nunca supieron de una guerra más que por una pantalla, serán quienes gobiernen Chile mañana. Serán los legisladores, los jueces, los ministros, los directores de escuela. Y lo que son hoy no es un accidente. Es el resultado de lo que nosotros, los adultos, decidimos enseñarles. O decidimos no enseñarles.

Sartre decía que estamos condenados a ser libres. Que no hay excusa que nos libere de la responsabilidad de elegir. Esa condena es también la nuestra como sociedad. No podemos escudarnos en la crisis, en la pandemia, en el capitalismo, en las redes sociales, en ningún relato que nos coloque cómodamente en el lugar de las víctimas. Elegimos mirar hacia otro lado. Elegimos no condenar cuando debíamos condenar. Elegimos ceder cuando debíamos sostener.

Una mujer de 59 años murió en el patio de un colegio intentando proteger a sus alumnos. Eso no tiene vuelta atrás. Pero lo que hagamos con ese dolor sí es una elección.

¿O vamos a seguir eligiendo el silencio?

«La única cosa necesaria para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada.» — Edmund Burke.