Después de aprobarse en las comisiones de Medio Ambiente y de Trabajo de la Cámara, el proyecto de ley de Reconstrucción enfrentaba la votación en la Sala para completar su primer trámite constitucional. Requería 78 votos para su aprobación y consiguió 90. En la discusión en particular se aprobó con mayorías similares la mayoría de los artículos, entre ellos la baja de impuesto corporativo, la invariabilidad tributaria y la reintegración, a los que se agrega la exención de contribuciones a mayores de 65 años por una amplia mayoría y el crédito tributario al empleo. Rechazados fueron sólo cuatro artículos. Uno fue la eliminación de la franquicia tributaria Sence y otro los cambios a la ley de propiedad industrial. También se rechazó una modificación a las normas sobre compras públicas y otra a la certificación de competencias laborales.
Pasa ahora al segundo trámite, donde debe ser discutido por el Senado. Hay que ponderar la eficaz gestión del ministro de Hacienda Jorge Quiroz y su equipo, que elaboraron en corto tiempo un proyecto complejo y sostuvieron muchas reuniones de análisis y negociación con diversos sectores hasta llegar a este resultado, que resulta satisfactorio para sus objetivos iniciales, pero al mismo tiempo mostró flexibilidad para incorporar cambios requeridos por sus contrapartes. El inesperado cambio de gabinete del día martes no alteró la agenda fijada para el proyecto de Reconstrucción.
Fundamental para esta tramitación ha sido el trabajo del ministro de Segpres, José García Ruminot, de amplia experiencia parlamentaria en las comisiones de Hacienda de la cámara de Diputados y el Senado (que presidió hasta hace poco) pues permitió avanzar en tiempo y forma en una reforma técnicamente exigente. Haciendo dupla con él, el ministro del Interior Claudio Alvarado, como jefe político del gabinete, fue fundamental para atender las inquietudes de distintos parlamentarios, principalmente del oficialismo, pero también de oposición, de manera de lograr las mayorías necesarias para su aprobación.
Es justo también reconocer la labor del presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, el diputado Republicano Agustín Romero, quien manejó con destreza los tiempos para lograr el cumplimiento de los plazos que se habían propuesto. Los diputados Guillermo Ramírez, UDI, y José Carlos Meza, Republicano, hicieron lo propio en las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo.
En la discusión técnica sobre el proyecto, algunos economistas manifestaron dudas sobre la sostenibilidad fiscal del mismo, estimando que la deuda como porcentaje del PIB superaría el 45% para el año 2028. Discrepo de esas dudas, y así lo hicimos ver en una carta publicada en El Mercurio el sábado pasado junto a grupo de economistas y ex autoridades del área económica.
Si bien como en toda iniciativa existen riesgos, lo importante es si estos son acotados, lo que a nuestro juicio se cumple con creces pues los cálculos de crecimiento en el informe financiero del proyecto, necesarios para estimar los ingresos fiscales a 10 años, fueron muy conservadores proyectando un crecimiento del PIB anual de 2,8%, que debiera verse superado y ser mayor al 3% en el período señalado. Esto será posible, entre otras cosas, por las reducciones de impuestos del proyecto y la remoción de regulaciones que forman una verdadera maraña.
Hay una segunda razón. El informe financiero del proyecto, por razones metodológicas, no incluye otras medidas sobre las que se está trabajando en el gobierno, como son las reducciones de gastos. Ya se han ejecutado rebajas del orden de US$2.000 millones y se han anunciado otras que llegarían a mil millones adicionales. Con la publicación del Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre y el Decreto de Responsabilidad Fiscal que se darán a conocer próximamente tendremos más claridad. En cualquier caso, como es obvio, las compensaciones para las bajas de impuesto necesarias para la sostenibilidad fiscal pueden lograrse con alzas de otros impuestos, pero también con rebajas de gasto que el gobierno está realizando. Esa es parte de la promesa del gobierno del Presidente Kast y está en plena ejecución.
Por último, el equilibrio fiscal después del proyecto es una condición deseable y necesaria, pero no suficiente. El proyecto debe generar también crecimiento y la teoría y la práctica respaldan la tesis que las bajas de impuestos favorecen la inversión y la producción, algo cada vez más necesario después de conocer el decrecimiento del PIB en el primer trimestre de 2026.
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