La semana acabó muy convulsionada en España y en Francia. En el primero, la protesta por la aguda escasez de viviendas y las soluciones intervencionistas sobre el mercado terminaron por derrumbar una legislatura que hace tiempo estaba en coma. En el segundo, la frustración por el estado de la educación, denunciada en la protesta estudiantil, se expandió como reguero en demandas políticas. Hoy tiene contra las cuerdas al gobierno francés. Ambas aspiraciones son manipuladas por la izquierda para crear un ambiente de revuelta en vísperas de elecciones.
El déficit de viviendas español es estructural. Tiene múltiples causas, pero las principales están vinculadas a una estrechez de oferta de suelo y una “permisología” que asfixia a la empresa. A estas se agregan los constantes cambios regulatorios a nivel estatal y autonómico que frenan la iniciativa privada y, recientemente, la demonización de los fondos de inversión calificados como “buitres” a pesar de que inciden apenas en el 1% de los 27 millones de inmuebles existentes. A lo anterior, se añade la insuficiente construcción de viviendas sociales (un 2 a 3% del sector cuando la media europea es de un 9%). Otro factor que repercute en la oferta es la falta de mano de obra cualificada y el encarecimiento de los materiales y de la energía. Como si lo anterior fuera poco, salieron del mercado miles de departamentos para convertirse en alojamientos turísticos.
Por el lado de la demanda, es visible la presión que provoca la inmigración sobre el mercado. Entre el 2020 y el 2024 España recibió 5,2 millones de nuevos residentes. A estos se agregan cambios en las conductas sociales (más hogares de personas solas), y un “vaciamiento” del campo que tensiona la demanda en las ciudades. Estas presiones no han sido satisfechas y repercuten en el brutal encarecimiento del sector y la consiguiente frustración social.
Los ocho años de gobierno del PSOE, en coalición con partidos de izquierda y nacionalistas catalanes y vascos, no produjeron mejoras. El diagnóstico era visible en 2018 cuando Pedro Sánchez asumió la Presidencia del Gobierno. Entonces, el stock de viviendas del período del boom inmobiliario (1997-2007) se había agotado. Sin embargo, durante el “sanchismo” pasaron a construirse anualmente entre 80 y 100 mil unidades, muy por debajo de la demanda.
Para enfrentar la situación el gobierno intervino el mercado y alentó a las comunidades autónomas a hacerlo, muchas de ellas de signo político opositor. Se decretaron “zonas tensionadas” a sectores demandados en las grandes ciudades; se aumentaron los gravámenes a los “grandes tenedores” (más de 10 inmuebles); se propusieron bonificaciones impositivas a propietarios que congelaran los precios; se aumentaron los impuestos a viviendas desocupadas; se colocaron trabas a los desahucios, entre otras. Por otro lado, el Estado intervino para incrementar el suelo mediante la recalificación; se impidió que viviendas protegidas pasen al mercado; se pusieron límites al uso para alquileres turísticos, etc. Básicamente, se abordó la demanda y no se estimuló la inversión.
Para poner la situación en cifras: el 2025 se construyeron en España 91.000 viviendas, pero se crearon 225.000 hogares. Según el Banco de España, el déficit acumulado en el periodo 2021 – 2025 superó las 750.000 unidades y sigue aumentando. A esa presión hay que agregar la demanda de no residentes que han comprado propiedades desplazando a otras zonas a los antiguos tenedores.
Las soluciones al problema van en direcciones opuestas. Por un lado, están los que desean incrementar el intervencionismo. Por otro, los que abogan por medidas que estimulen la iniciativa privada. Entre estos se encuentran grupos nacionalistas que creen en el libre emprendimiento. Hasta ahora eran partidarios de Pedro Sánchez, pero finalmente provocaron su derrumbe.
El tema se ha tomado la agenda y está siendo manipulado por la izquierda al amparo del caso de Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años recién fallecida, desalojada de su casa hace un par de semanas. Se hicieron de una mártir. Ignoraron que esta señora tenía un arriendo firmado hace 70 años o que pagaba un tercio del precio de mercado. Se había alcanzado una solución cuando murió. Los que sostienen que el derecho a la vivienda prima sobre el derecho de propiedad se tomaron así la Puerta del Sol y distribuyeron sus consignas cobijados por el drama. En la plaza repartieron sus carpas por pasadizos que bautizaron con los sugerentes nombres de “Lucha de Clases”, “Tercera República”, “Revolución”, “Rabia”, “Intifada” y otros similares.
El PSOE apuesta por esta plataforma para las elecciones del 29 de noviembre. Pretende aprobar dos decretos intervencionistas sobre la vivienda vía un poder legislativo temporal; apoyar un clima de desorden en gestación para presentarse como garantes de la paz social y polarizar el debate para frenar el avance del “fascismo” al poder. Cuenta con el apoyo de partidos aliados, dos centrales sindicales y ONG dispuestas a crear un ambiente que culminará en una huelga general de cuño político el 11 de noviembre, dos días antes del inicio de la campaña.
En Francia, la crisis de la educación secundaria es real. Hay una frustración con los resultados académicos. En la última PISA el país disminuyó 18 puntos en comprensión lectora y 16 en matemáticas respecto al 2022. Por otro lado, de acuerdo a IFRAP (think tank que mide políticas públicas) se ensanchó la brecha entre la educación estatal y particular subvencionada en 30 puntos. En los colegios privados (que representan un 33,4% del total de los establecimientos regidos por el sistema) se concentran los alumnos provenientes de los hogares de mayores ingresos. Es decir, detrás de las protestas se percibe que la educación dejó de ser un vehículo de movilidad social.
Es evidente la frustración entre el profesorado. Si en el conjunto de los trabajadores franceses la satisfacción laboral es de 7,2 puntos sobre 10, entre los docentes no llega a 6. La desmotivación causa ausentismo. Además, un 10% de las horas lectivas no se imparten por problemas de salud, obligaciones burocráticas o administrativas y dificultades para el reemplazo del profesor. A eso se suman los problemas de disciplina, la sensación de abandono al maestro y la erosión de sus salarios. Estos crecieron entre el 2020 y el 2024, pero la inflación absorbió parte del incremento. Así, no es raro que entre el 2021 y el 2025 los candidatos al magisterio cayeran un 45%.
La protesta de los secundarios demanda más profesores y personal escolar; reparación de liceos anticuados; revisión de la carga académica, entre otros, pero eso no se resuelve quemándolos y generando el caos en un país que necesita una terapia de choque para salir de un endeudamiento que llega al 119% del PIB, el doble de lo fijado por la UE. La francesa es la segunda economía de la Unión, representa entre el 20 y 21% de su producto, pero es la tercera más endeudada.
La izquierda se ha puesto al frente del movimiento estudiantil para capitalizar el momento. Agregaron peticiones como el rechazo a las medidas de austeridad; dimisión de los responsables de educación o reivindicaciones por el encarecimiento de la energía. Las caras visibles de esta rebelión son Francia Insumisa, el Partido Comunista, el Socialista y los Ecologistas. Los nacionalistas de Agrupación Nacional condenan la violencia, pero exigen el adelantamiento de las elecciones.
A los chilenos estos acontecimientos nos deben preocupar, porque el patrón se expande por Europa y tarde o temprano va a cruzar el Atlántico, como generalmente lo ha hecho.
