¿Cómo es posible que quien es una de las principales responsables del descalabro en el que está sumido Chile, vuelva, por tercera vez, a ocupar un rol protagónico en la carrera presidencial? En vistas a la nula oposición a su figura y trayectoria parece ser que los políticos de fuste se han quedado sin capital. Darle la pelea a la ex Presidenta es pan comido.
Michelle Bachelet comenzó con el proceso constitucional. Fue en marzo de 2018 cuando entregó al Congreso su borrador, el cual fue desechado, puesto que los votantes eligieron a Sebastián Piñera y no a Alejandro Guillier quien sí contemplaba un cambio de Constitución en su programa de gobierno. En el experimento bacheletista participaron más de 200 mil personas que se reunieron en cabildos y encuentros locales autoconvocados. ¿Con qué derecho, legitimidad o mandato popular inició la Presidenta un proceso que cambiaba los fundamentos institucionales del país? No hay ningún registro de que la ciudadanía hubiese querido ir por un rumbo al que, poco después, nos conduciría el Acuerdo del 15 de noviembre.
A este forado de su gestión, que hoy debiese enrostrarle, sin descanso, la prensa y la oposición se suman el caso Caval y la reforma tributaria, comienzo del deterioro económico del país. En detalle, si entre 2010 y 2013 -el período inmediatamente anterior a la reforma- el Fisco tuvo una tasa de incremento promedio en los fondos recaudados por impuestos de 12,4%, tras la reforma -entre 2014 y 2016- cayó a 3,4% (Dipres) precipitando el estancamiento en la magra cifra de 1,8% de crecimiento económico. El otro aspecto inaceptable es haber incrementado el gasto en personal y bienes y servicios del Estado en US$3.500 millones, casi la mitad de todo lo que recaudó la reforma tributaria en un año. En términos reales, con Bachelet, dicho gasto aumentó 25,6% sin ninguna mejora en los servicios para los ciudadanos.
Todo lo anterior nos habla de un rotundo fracaso político al que podríamos agregar una reforma en educación que solo ha mermado la calidad y desmantelado los cimientos de la meritocracia, destruyendo las oportunidades de miles de niños que hoy deambulan sin futuro y sin patines en salas de los otrora “emblemáticos”, hoy convertidas en cuarteles de adoctrinamiento revolucionario.
Como si fuera poco, el caso nunca investigado de las redes del PC y las FARC saltó a la luz pública bajo su mandato y, por supuesto, sigue sin investigar. ¿Por qué es importante? Porque si la justicia se hubiese hecho cargo, y las pruebas hubieran sido contundentes, el PC debió ser declarado inconstitucional. El artículo 19, 15, reza: “Son inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política. Corresponderá al Tribunal Constitucional declarar esta inconstitucionalidad. Sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en la Constitución o en la Ley, las personas que hubieren tenido participación en los hechos que motiven la declaración de inconstitucionalidad a que se refiere el inciso precedente, no podrán participar en la formación de otros partidos políticos, movimientos u otras formas de organización política, ni optar a cargos públicos de elección popular […]”.
Como puede apreciar, hace mucho tiempo que en nuestro país no se aplica la ley y el problema no lo tiene la ley, sino las personas que debiesen responsabilizarse por su cumplimiento. Es clarísimo que si hechos como la relación PC- FARC se hubiesen aclarado con las consecuencias del caso, no hubiese habido 18-O, al menos en lo que fue su aspecto políticamente más relevante. Hablo del golpe de Estado que le propinó la izquierda antidemocrática a Piñera, la misma que hoy tiene la desfachatez de hablarnos de que durante los próximos dos años no nos hará otra revolución, después lo va a ir pensando.
Ante estas amenazas, la derecha, en lugar de acusar públicamente la decisión de la extrema izquierda de destruir la República y demandar investigaciones, abrir juicios y dejar en evidencia el carácter totalitario del octubrismo, hace como “quien oye llover”. ¿Cómo pretenden liderar el restablecimiento del país, sacarlo de las garras de la miseria que avanza con la proliferación del crimen organizado y el estancamiento económico, si para ello se requiere de legitimidad, es decir, de capital político?
Tampoco se investigaron las acusaciones del expresidente de la constructora brasileña OAS, Léo Pinheiro, quien, según el diario brasileño Folha de Sao Paulo, dijo que su empresa financió la campaña política de la ex Presidenta de Chile en 2013 a cambio de concesiones para construir un puente al sur de Chile. La guinda de la torta es la polémica en la que se vio envuelta Bachelet mientras ocupaba el cargo de Alta Representante de la ONU para los Derechos Humanos por no entregar un informe sobre la crítica situación que viven los ciudadanos chinos, sin mencionar que, volviendo al plano local, la Fundación Horizonte Ciudadano -creada por ella en 2018- está siendo investigada en el marco del caso fundaciones.
Mientras Bachelet avanza sin resistencias y con un amplio apoyo mediático, casi en calidad de intocable con un aura de pétrea santidad, en la derecha no saben hacer otra cosa que relamerse las heridas que les dejó “su derrota”, como si, en el plano político electoral no se hubiese tratado del rechazo a la culminación del proceso revolucionario del octubrismo y, en lo institucional, del pronunciamiento ciudadano sobre el contenido de un texto y la forma en que se realizó el proceso. En su ego infinito, los líderes de derecha todavía no entienden que no se trataba de ellos, de sus propuestas o de sus aspiraciones electorales, sino del octubrismo, la refundación institucional y un texto muy, pero muy inferior al vigente.
La derecha se niega a aprender de sus propias experiencias, tampoco quiere hacerse cargo de quiénes son realmente aquellos que se encuentran en la vereda opuesta, siguen pensando que la gente quiere acuerdos, cuando lo que se exige son soluciones y, mientras más tiempo pasa con los mismos líderes que la han dinamitado de fondo y forma, más lejos se ubican respecto del ciudadano al que dicen querer representar. Ni un solo miembro del sector tiene capital suficiente para liderar la oposición a una izquierda golpista, globalista y cercana al crimen organizado. Son políticos sin capital que perdieron el norte, la capacidad de resistir y de proponer soluciones.
