Aunque todos los niños aprenden que el Viejito Pascuero (Santa Claus) no existe, hay algunos adultos que siguen actuando como si los regalos llegaran del Polo Norte y no tuvieran un costo monetario que alguien debe cubrir. En estos últimos meses, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha actuado como si los recursos públicos fueran infinitos y como si la responsabilidad fiscal no requiera sacrificios y un gobierno con la valentía para decir que no a algunas demandas legítimas.
La generación de Boric es hija del crecimiento y de la abundancia. Es cierto que esa abundancia nunca llegó a todo el país, pero la gran mayoría de los líderes del Frente Amplio provienen de familias que caben cómodamente en el quintil de más ingresos del país. Ellos crecieron en la abundancia que el país gozaba dada las altas tasa de inversión nacional y extranjera que ayudaron a que el país se desarrollara de forma rápida y sostenida hasta mediados de la década pasada.
Tal vez por eso, Boric y sus aliados a menudo actúan como si las arcas fiscales tuvieran recursos ilimitados. La decisión de ofrecer un aumento de salarios de 12% al sector público, mucho más de lo que verán aumentar sus ingresos la gran mayoría de los trabajadores del sector privado (que en muchos casos deberán sentirse agradecidos de no sumarse a la lista de desempleados), refleja que el Gobierno no entiende que la prioridad del gasto público debiera estar en ayudar a los que menos tienen más que en intentar mantener la capacidad de consumo de los que no están tan mal.
El foco gubernamental en ir en ayuda de la clase media antes que socorrer a los más pobres no es algo nuevo. La decisión de establecer la gratuidad en la educación superior ha sido una política que ha alimentado la pobreza y ha alimentado la desigualdad. En vez de centrarse en reducir el déficit habitacional e inyectar recursos a la educación preescolar y básica, los gobiernos chilenos han optado por poner recursos en un sector que incluye a cientos de miles que estarán entre los de más ingresos en el país en solo unos pocos años.
La llegada de inmigrantes ha exacerbado las necesidades de los sectores de menos ingresos -y ha hecho crecer de forma acelerada el déficit habitacional. Pero en vez de convertirse en un aliado de las inversiones inmobiliarias que permitan a la gente acceder a vivienda digna (y de su propiedad), el Gobierno aparece más interesado en bloquear nuevos proyectos inmobiliarios y en reinventar una rueda cuadrada de sistema de vivienda pública que no permita a la gente ser propietaria de los lugares donde vive.
Precisamente porque en 2023 habrá recesión y porque la inflación seguirá reduciendo la capacidad de consumo de los chilenos, es esencial que el gobierno privilegie dos prioridades en sus políticas públicas. Primero, hay que mejorar la eficiencia del gasto público.
A medida que van pasando los años, el número de personas que trabaja en el sector público ha crecido más de la cuenta y sus sueldos se ubican bastante por sobre lo que paga el mercado, especialmente en puestos administrativos de confianza. Los beneficios y regalías para los funcionarios públicos han generado malos incentivos. Mucha gente quiere trabajar en el sector público porque los sueldos son mejores y porque es muy difícil que te echen. Eso hace que la vocación por el servicio público quede de lado y el Estado se replete de funcionarios que no quieren trabajar mucho y quieren cobrar sus sueldos sabiendo que independientemente de qué tanto produzcan, nunca van a perder sus trabajos.
Segundo, hay que focalizar el gasto público en los que más lo necesitan. Los subsidios a la educación superior, que crecen y crecen, limitan la capacidad estatal de mejorar la educación preescolar y la educación pública básica y secundaria. El gran problema educacional en Chile hoy no está en el acceso a las universidades. El problema está en que los menores de edad no aprenden lo suficiente para poder enfrentar adecuadamente la educación superior.
La focalización también debiera llevar a privilegiar el gasto efectivo en ayuda a los más pobres por sobre la creciente glosa de gasto en sueldos y subsidios para un sinnúmero de organizaciones que duplican tareas o desarrollan tareas que no son prioritarias en un país que tiene demasiada gente viviendo en tomas ilegales.
Lo malo es que hay demasiada gente en el gobierno del Presidente Boric que cree que el fisco tiene recursos ilimitados. Lo bueno es que la realidad siempre termina por imponerse. Las tasas de interés más altas (que aumentan el costo de financiar la creciente deuda pública) y los menores ingresos fiscales (producto de la recesión que se nos viene) forzarán al Gobierno a tomar medidas para frenar el aumento del gasto. Eso repercutirá tanto en su capacidad para aumentar el gasto social -cosa que será particularmente dolorosa para los cientos de miles que caen a la pobreza producto de la inflación y el desempleo que se viene- como en la inaudita creencia de que el Estado tiene recursos ilimitados. Más temprano que tarde, todos aprenden que el Viejito Pascuero no existe y que el gasto público sale del bolsillo de todos los contribuyentes.
*Patricio Navia es Doctor en Ciencia Política y profesor de la UDP.
