Muy de vez en cuando uso el espacio que semanalmente me da El Líbero para hablar de temas municipales, ello producto de mi condición de concejal por Las Condes, una comuna en donde lidero la comisión de hacienda, apoyo lo que se hace en seguridad pública, y trato de resolver problemas que traen los vecinos.
El propósito de esta columna es indicar para qué están las municipalidades, qué deben o no deben hacer, incluyendo el no dar servicios que puedan ser provistos por privados, debiendo limitarse a lo que les es propio y que no es delegable a terceros. En comunas con alto presupuesto la tentación de meterse en temas no críticos es muy alta, incluyendo cosas como veterinarias o farmacias municipales, olvidándose del principio de subsidiariedad del Estado que está consagrado en el artículo 1 de la Constitución. Chile no es un estado social de derecho.
Las municipalidades están reguladas por la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, una ley que en su artículo 1° establece el propósito que no es otro que satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas.
En el artículo 3° establece lo que es privativo a ellas y en el 4° lo que podrán hacer ya sea en forma directa o con otras reparticiones del Estado. La lista de todo lo que se puede hacer en forma voluntaria por parte de las municipalidades es muy amplia, dependiendo claramente de los recursos que tengan o se les asignen desde el gobierno central. El uso de corporaciones es habitual para fines de salud, educación y cultura.
Claramente el vecino espera de parte de la municipalidad que las calles y veredas no tengan hoyos y sean transitables, que los servicios municipales como son retiro de basura, licencias de conducir, y permisos de circulación, entre otros, funcionen de buena forma, y crecientemente y con suma importancia, que la seguridad pública sea lo más completa y efectiva posible, algo que ante la disminución de recursos policiales a las comunas ha obligado a que se tengan que hacer cargo de algo que no les era propio y que más bien siempre estuvo en manos de Carabineros. El reemplazo de Carabineros por las direcciones de seguridad municipal es imperfecto, pero es lo que tenemos para manejarnos ante el aumento de la inseguridad.
Cuando las comunas tienen medianamente satisfechas sus necesidades básicas y en el caso de tener recursos, entre otras cosas, invierten directamente en infraestructura, iluminación, parques, plazas, centros comunitarios, centros de adultos mayores, en edificios consistoriales, y a través de corporaciones, en los temas de educación y salud, como también cultura, aspecto que a veces también se ve complementado con teatros municipales que no siempre están bajo el alero de las corporaciones culturales. Lo normal es que todo lo anterior se haga con presupuesto municipal, y en casos como cultura, haya algo de recaudación que cubra partes menores de las necesidades y gastos en los que incurren.
Cada vez más es la municipalidad la cara del Estado ante los vecinos, la que entrega servicios y recibe reclamos. Para el vecino es difícil enfrentar al Estado distante, algo que con las municipalidades le es más fácil, aunque no siempre responden en la forma y con la velocidad esperada.
Uno de los aspectos difíciles de manejar es cuando las atribuciones de temas que claramente debieran ser municipales están en manos del gobierno central o sus delegados regionales. Las direcciones de obras reportan al Serviu y las autorizaciones de eventos masivos, sean partidos de futbol o espectáculos, recaen en las delegaciones presidenciales, algo que para los vecinos es difícil de entender. Cosa de ver cómo los alcaldes de Ñuñoa y Las Condes se enfrentan al sistema con poca suerte, quedando la sensación de que mandan más los equipos de futbol, la ANFP y las productoras de espectáculos. En esta materia claramente hay mucho que mejorar y claramente los municipios están más preparados para manejar. Solo faltaría que algo de atribuciones tuvieran sobre la fuerza pública.
Cuando en las comunas no hay problemas de recursos, los alcaldes con el permiso de los concejos municipales se colocan creativos y aparecen cosas como las clínicas veterinarias (fijas y móviles), y las farmacias municipales. Las razones serían que los servicios y productos ofrecidos serían más accesibles para aquellos que no tienen recursos.
En Chile muchas familias tienen mascotas, algo que se incrementa año a año, pero también tenemos muchas veterinarias particulares para las cuales la competencia municipal que opera sin fines de lucro es una competencia desleal y que atenta contra el rol subsidiario del Estado. Las municipalidades que se aventuran en el tema de las veterinarias municipales lo hacen amparadas bajo el artículo 4 de la ley orgánica de municipalidades en su párrafo b, salud pública.
Se meten en algo que no les es propio, y en algo que no es su core business. El mejor ejemplo es Las Condes que está cerrando la que tiene por problemas sanitarios y administrativos, un servicio que nunca debió dar y que ahora está buscando ver cómo reemplaza, ya que los vecinos del sector suroriente de la comuna se acostumbraron a recibir sin costo o de haberlo, muy bajo. Claramente en Las Condes hay veterinarias y mucho más fácil sería subvencionarlas de ser necesario por la vía de vouchers asignados a los que sean vecinos.
La creatividad no tiene límites, como tampoco lo tiene el desafío al principio de subsidiariedad del Estado. A modo de ejemplo, en Las Condes no sólo tenemos algo equivalente a una farmacia municipal, sino que también una óptica de la municipalidad. El tema está en que a los vecinos les encantan cosas de este tipo, más aún cuando son gratis y paga moya, pero no entienden que se está afectando la libertad y capacidad de emprender de vecinos.
Al final del día podríamos decir que necesitamos consistencia y lógica en los servicios que dan las municipalidades, pero, por sobre todo, no olvidar el principio de subsidiariedad del Estado, algo que está al comienzo de la Constitución política de la República, pero que a veces por comodidad, alcaldes y concejos prefieren ir con el modelo del Estado social de derecho, uno en que no tienen que decir que no, uno que los hace populares con los vecinos, uno que sólo puede operar en comunas ricas como Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y Providencia, las que justo son las menos de izquierda y las más de derecha.
En comunas como Las Condes se aceptan los desvíos conforme los servicios básicos funcionen bien y las administraciones no sólo estén preocupadas de los temas que afectan al suroriente de la comuna, sino también los que molestan a los vecinos de San Carlos de Apoquindo o los adultos mayores que habitan en los ejes de Isidora Goyenechea, Gertrudis Echeñique y Presidente Errázuriz.
