Vamos a completar una década con casi nulo crecimiento económico per cápita. Parece ir surgiendo un mayor consenso político de que crecer es más prioritario de lo que parecía últimamente para un país como Chile. Pero probablemente eso se logrará, y se sostendrá, si es que se crece de una forma tal que distribuya mejor los ingresos generados, dando más a los grupos más desfavorecidos junto con mayor protección a las clases medias. ¿Se podrá hacer eso bien?
Hemos visto pasar por el gobierno del país en este período a coaliciones políticas de izquierda y de derecha prometiendo más igualdad unas y más crecimiento otra, sin poder cumplir sus promesas sostenidamente. Ni siquiera pudieron continuar a cargo del gobierno. No creo que haya sido por falta de ganas ni de voluntad. Cada uno cree que fue por culpa del otro; de la oposición. Tal vez llegó el tiempo de ponernos más autocríticos. Lo más probable es que los medios utilizados no han sido los adecuados. Es tiempo de proponer y hacer algo distinto. No bastó con subir los impuestos y que el Estado asuma más funciones. Tampoco que sean empresarios quienes vengan a administrar el Estado con una pretendida mayor eficiencia.
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Considero que también ha habido fallas de postulados muy básicos de los sectores que nos han gobernado últimamente, y también dos errores graves de sus programas de gobierno. En un caso (Bachelet 2) fue dar excesiva prioridad a malas reformas pro igualdad de tipo estructural: la tributaria, del sistema educacional, etc. dejando como algo secundario al crecimiento económico. Piñera 2 hizo lo mismo pero al revés. Y Boric quiso ser más radical con la misma estrategia fallida de Bachelet 2. Craso error; inevitable fracaso. ¿Cómo esperar un resultado mejor usando el mismo medio equivocado?
El otro postulado o supuesto de base de los últimos tres gobiernos que ha fallado, me parece ser el haber apostado a conseguir lo que se proponían exclusivamente de la promulgación de nuevas leyes en el Parlamento. No tenían Plan B. No consideraron que el sistema de elección de parlamentarios y de formación y operación de partidos políticos, sumado a períodos presidenciales de sólo cuatro años hacían demasiado difícil aprobar buenos proyectos de ley a tiempo. Además, los últimos dos gobiernos no han tenido mayoría en el parlamento.
Opino que un futuro gobierno que pretenda tener más éxito en Chile debe cambiar esos supuestos implícitos. Debe: uno, procurar prioritariamente un crecimiento económico alto que se traduzca inmediatamente (en cosa de meses) en elevación de ingresos y bienestar de grupos grandes de poblaciones desfavorecidas. No habrá tiempo para operar bajo un esquema de crecimiento primero, redistribución después. Los dos deben ir de la mano y ser lo más simultáneos que sea posible. Y, dos, un nuevo gobierno efectivo y que logre proyectarse más allá de su período, debiera proponerse un programa y organizarse de tal modo de no necesitar como condición de éxito la aprobación de dos o tres leyes claves en el Parlamento para lograr sus objetivos paralelos de crecimiento y redistribución. Debe estar plenamente preparado para actuar desde el día uno por la vía de mejoras administrativas sustantivas de servicios públicos claves y, además, basarse en la distribución directa vía alzas de pocos bonos sociales y fondos en dinero para personas desfavorecidas. Con esto me refiero en particular a cosas como reducir listas de espera por atención en hospitales públicos, adelantar alzas en la Pensión Garantizada Universal (PGU), y otras medidas semejantes que deben estar muy estudiadas previamente.
Está tan baja la confianza de las personas en las instituciones de gobierno hoy, que la gente no se conforma con promesas de resultados futuros. Los quiere ahora y por eso no hay espacio para experimentos ni esperas. Por eso insisto en concentrarse en profundizar o ampliar iniciativas o programas cuya capacidad distributiva ya está probada, como la PGU, y que tienen mínimo costo administrativo, de gestión y plazo de implementación. Un interesante estudio reciente del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián (Fernández, Otth y Rojas, 2023) midió el “Efecto de la PGU en la reducción de la pobreza según la CASEN 2022” (de aquí los datos que mostraré). Allí muestran que la PGU redujo a menos de la mitad el porcentaje de adultos mayores que vivían en la pobreza (de 4,6% sin PGU a 2,2% con ella). La PGU bajó en un décimo la tasa de pobreza a nivel nacional que alcanzó a 6,5%, a pesar de que esa medición consideró sólo el primer año de implementación de la PGU. Su impacto debiera notarse más en la próxima CASEN.
El motivo del impacto tan marcado en redistribuir y reducir pobreza de la PGU es que representa un porcentaje relativamente mucho más alto de los ingresos totales de los pobres comparado con todos los demás 26 programas de subsidios sociales ¡sólo monetarios! del fisco (sí; ¡a lo menos 26!, como el IFE, SUF, Bono Invierno, bodas de oro, etc., etc.). Esto no considera los subsidios de vivienda, la educación y salud “gratis” y otros servicios directos producidos o pagados indirectamente por el Etado (como educación escolar). El Estado es hoy un árbol que ha crecido demasiado y con tantos objetos o pesos colgados a sus ramas que se está cayendo y ahogando. Además atrasado tecnológicamente y difícil de administrar. Entonces su gente trabaja más para salvarse a sí misma o para que no se caigan todos, antes que para servir a quienes debiera. Se necesita una poda cuidadosa, no traumática, pero generalizada.
Termino con algunos datos de la significación o relevancia redistributiva de la PGU, aunque me sea difícil de explicar y me equivoque. Ella representó el 36% de los ingresos monetarios del décimo de hogares más pobres del país ($91.000 mensuales); casi tanto como los ingresos propios que se generan ellos mismos ($96.000). Las familias pobres en Chile viven principalmente gracias a dinero y servicios que reciben del Estado y no de ingresos propios generados por su trabajo. ¿Cuánto exactamente? Mucho. Tenemos datos de eso obtenidos de la encuesta CASEN con la cual se calcula el porcentaje de familias que viven en la extrema pobreza. De allí sabemos que el décimo (decil) más pobre de los hogares (familias) chilenas en promedio sobreviven con el equivalente de $256.000 al mes en dinero, ya que tienen escuela, consultorio y otros servicios gratis. Pero del monto en dinero, sólo $96.000 viene de trabajitos propios. La mayor parte, $160.000 vienen de los numerosos subsidios y ahora de la PGU. ¿Cuánto de sólo la PGU?: $91.000 en promedio para ese decil más pobre, $41.000 para el siguiente y $26.000 el decil medio (el quinto). Esta diferencia entre los 91 y 26 (250% mayor que el quinto decil), esos $65.000, es lo que está haciendo la diferencia en sacar más gente de la pobreza comparado con lo que existía antes de establecer la PGU. Y es porque los otros 26 programas de subsidios son mucho menos diferenciados en favor de los más pobres: le entregan solamente $26.000 más al mes en promedio al decil más pobre que al del medio ($69.000 comparado con $43.000). Sé que esto es muy árido, entonces termino.
La clave para crecer con redistribución y que ésta no trabe ni ahogue el crecimiento está en administrar mejor los dineros del Estado para que generemos mayor distribución con menos recursos. Y hoy sabemos mejor cómo lograr eso.
