Hay dos dichos populares en Chile que pueden aplicarse muy bien a la gestión de la ministra Siches: “no dar el ancho” y “tener espalda ancha”.
No da el ancho quien demuestra carecer de las habilidades necesarias para realizar lo que se le exige, aun cuando demuestre cierto esfuerzo e intención. La ministra, desde una disruptiva carrera en la dirigencia gremial de su profesión y tras posicionarse como una voz pública en el análisis crítico del manejo de la pandemia -situaciones que, cuando arreciaba la falta de liderazgos en la izquierda, la llevaron incluso a ser sondeada como candidata a la Presidencia de la República- pasó a ser un total fracaso en el cargo que desempeña al punto de estar comprometiendo la seguridad y orden al interior del país.
Desde ya su debut marcó el camino de lo que ha sido su gestión. La primera actuación de su cartera fue retirar 139 querellas presentadas por el Gobierno ante distintos hechos de violencia sucedidos en Chile, pasando luego a desmantelar la División Jurídica del Ministerio del Interior en la que se desempeñaban profesionales que por décadas y distintos gobiernos implementaron la política de persecución penal gubernamental. Luego, desoyendo los consejos de los policías a cargo de su cuidado, decide realizar un primer viaje oficial al corazón de La Araucanía en donde balas, lienzos y una barricada incendiaria detuvieron su desplazamiento en lo que ha sido una de las más graves amenazas contra autoridades de Estado del último tiempo. En línea con eso, haciendo gala de ideas que no tienen un correlato en la realidad, intentó por semanas poner en el tapete el uso del término “Wallmapu” como la semántica oficial para referirse a las regiones del Biobío al sur, desatando protestas desde Argentina al estar aludiendo a territorios que, en dicho imaginario, alcanzan incluso las cercanías de Buenos Aires.
No bastando lo anterior, vale recordar también las desavenencias que ha generado con otros poderes del Estado. Su constante pulsión por afirmar que en Chile existen presos políticos y el haber incluso dicho abiertamente que un delincuente “de Las Condes, pelo rubio y con apellido” gozaría siempre de impunidad, le valieron importantes réplicas desde el propio Pleno de la Corte Suprema. Así es como también se presenta ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados afirmando con un manejo teatral la supuesta realización de vuelos falsos que simulaban ser repatriaciones de migrantes, lo que fue desmentido por ella en la medianoche de ese mismo día, constituyendo una falsa entrega de información en un órgano encargado de legislar aspectos relevantes sobre esas materias.
Otras actitudes de la ministra merecen ser aludidas, como aquella en que afirmó no tener conocimiento de los saqueos ocurridos en Talagante el día 26 de abril, deslizando que la principal autoridad encargada del orden no se informa de lo que ocurre en Chile. También su constante alusión a la inutilidad de usar las Fuerzas Armadas ante lo que ocurre en la Macrozona Sur para terminar instruyendo de todas formas un estado de excepción y la conducta timorata ante el violentista Héctor Llaitul, quien, mientras llama a organizar la resistencia armada ante el Estado recibe condescendencia con “sus ideas” como respuesta desde el Gobierno.
Probablemente no hay registro de una autoridad que, en menos de tres meses, haya protagonizado tantos desbarates y se haya vuelto un peligro para el propio cargo que desempeña. Ante su paupérrima gestión no ha sido criticada en momento alguno, siendo reforzada con la “compañía” de la vocera Vallejo y Ana Lya Uriarte como chaperona oficial.
Por eso Izkia no solo “no da el ancho”, sino que demuestra “tener espaldas anchas” al recibir la protección a toda costa de quienes la rodean y, lamentablemente, de quien la nombra: el Presidente de la República, sin reflexionar en cómo esta negligencia está afectando a diario a millones de chilenos.
*Sebastián Torrealba es ex diputado.
