Más que apagar incendios

José Joaquín Brunner ha publicado en estas páginas una columna que merece tomarse en serio porque, en lo medular, tiene razón. Sostiene que al gobierno del Presidente Kast empieza a faltarle una narrativa que dé coherencia a la acción, unifique los discursos dispersos de los ministerios y «legitime el sentido histórico del régimen de emergencia». Documenta, con cuidado, turbulencias en cultura, ciencias, comunicaciones y educación. Y concluye que el problema mayor no es comunicacional sino, dice, ideológico: tiene que ver con las metáforas, los significados, la construcción simbólica de una identidad de gobierno.

Corresponde partir reconociendo lo justo. Un gobierno necesita relato, y por una razón muy práctica: sin él, los ministerios hablan idiomas distintos, las decisiones aparecen como improvisaciones aisladas, los aliados naturales se desconciertan y el adversario fija el marco interpretativo del día. Weber lo formuló hace un siglo: ningún poder se sostiene sólo por su eficacia administrativa; necesita ser percibido como legítimo, y la legitimidad descansa siempre sobre un fundamento simbólico. Que las nuevas derechas lean a Gramsci para combatirlo es un dato significativo. Han entendido el punto antes que la centroderecha tradicional, que aún cree que basta con gestionar bien para que el sentido común se acomode solo.

Lo que conviene matizar es el cuadro general. El gobierno no carece de acción sustantiva: la tiene en seguridad, en disciplina fiscal, en orden migratorio, en intentos serios de modernización del Estado. El balance es desigual, pero no es vacío. Lo que falta no es hacer, sino articular lo que se hace en un horizonte mayor, y la «emergencia» —la categoría que ha hecho las veces de relato— es estructuralmente incapaz de cumplir esa función.

La emergencia es, por definición, un estado de excepción. Es una categoría defensiva: indica de qué nos protegemos, no hacia dónde vamos. Funciona como ordenador transitorio precisamente porque promete su propio fin: la emergencia termina cuando el incendio se apaga. Por eso un gobierno puede declararse de emergencia en sus primeros meses sin pagar costo. Pero no puede sostener esa categoría como horizonte durante cuatro años, porque el horizonte vital de cualquier persona —y por agregación, de cualquier sociedad— aspira a algo más que apagar incendios. El ciudadano que vota, paga impuestos y cría hijos no quiere solamente no morir asaltado, no perder su empleo, no quebrar financieramente. Quiere, además, vivir bien, formar familia, educar a los suyos, transmitir algo, pertenecer a una comunidad que tiene un para qué. La emergencia se ocupa, con razón, del primer plano. Pero deja el segundo entero sin nombrar.

Hay todavía un problema mayor, y conviene decirlo con todas sus letras: el relato centrado en atender la emergencia es, además de insuficiente, soberbio. Los incendios reales —la inseguridad, el estancamiento, la fractura social, la crisis migratoria, el deterioro educativo— no son fenómenos que un gobierno extinga en un período presidencial. Son procesos largos, con causas estructurales hondas, que admiten avances significativos, pero no resoluciones definitivas. El gobernante conduce una comunidad imperfecta hacia un bien que nunca se alcanza plenamente en el tiempo. La modernidad política, en cambio, ha tendido a prometer soluciones finales —la revolución que termina con la explotación, la técnica que resuelve la escasez, el progreso que cura la historia—, y cuando esas promesas no se cumplen, la decepción producida ha sido el combustible de los peores ciclos.

Un gobierno conservador que se presente como solución al incendio está, sin saberlo, hablando el lenguaje de aquello que dice combatir. Lo honesto —y lo prudente— sería decir: vamos a avanzar lo más posible en una crisis que durará más que este mandato, y vamos a dejar instaladas las condiciones para que quienes vengan después puedan seguir avanzando. Eso es realismo clásico. Lo otro es, en rigor, un disparo en los pies, porque cifra toda la legitimidad del gobierno en un resultado que la realidad no le va a entregar. Van menos de tres meses y ya le están cobrando factura, cabe imaginar cómo será en marzo de 2030.

El rótulo de emergencia, además, en su uso actual opera como cobertura. Permite excluir del campo de atención del gobierno injusticias graves —prioritarias, según cualquier jerarquía moral seria— bajo el argumento de que no caben en la lista. No basta apagar los incendios visibles si, mientras tanto, se opta deliberadamente por no acercarse a los incendios incómodos. La emergencia, así entendida, no disculpa la omisión: la administra.

¿Qué relato podría reemplazar —o, mejor, integrar y trascender— la emergencia? La pregunta no es ociosa, y la centroderecha chilena lleva décadas eludiéndola. Lo que sí puede decirse, con humildad, pero con claridad, es que existe una tradición intelectual rica, propia y largamente desatendida que ofrece los materiales: la del pensamiento clásico cristiano, recogido y actualizado por la doctrina social desde León XIII hasta hoy.

Cuatro elementos bastarían para empezar. Primero, el bien común como horizonte explícito: no la suma de bienestares individuales ni el agregado de PIB, sino las condiciones que permiten a las personas concretas —en familias, comunidades, cuerpos intermedios— alcanzar su perfección, primero espiritual y, en orden subordinado, material. Segundo, la primacía de la persona y la subsidiariedad bien entendida: el Estado promueve a los cuerpos intermedios —y muy especialmente a la familia fundada en el matrimonio—, lo que en las actuales circunstancias significa, antes que cualquier otra cosa, retroceder. Dejar que esas comunidades naturales alcancen sus fines propios sin imposiciones ideológicas, sin tutelas burocráticas, sin la pretensión expansiva de un Estado que ha aprendido a confundir su servicio con su sustitución, tratando a la familia como botín de guerra de la agenda progresista, a los niños como rehenes de los deseos de los adultos, y a la educación como centro de adoctrinamiento. Tercero, la justicia como medida superior a la eficacia: la pregunta política no es qué funciona, sino qué es justo; funcionar es necesario, no suficiente, y ninguna eficacia administrativa exonera al gobernante del deber de atender, con todos los medios a su alcance, las injusticias más graves —empezando por aquellas que padecen quienes no pueden defenderse—. Cuarto, la cultura entendida como cultivo —cultura animi, decía Cicerón—: las humanidades importan no porque «generen empleo» sino porque forman ciudadanos, y el libro empastado en la biblioteca cumple una función civilizatoria que ninguna métrica capta.

Estos cuatro elementos no son ideología en el sentido constructivista. Son verdades accesibles a la razón humana en cuanto humana, anteriores e independientes de cualquier confesión religiosa específica. Pueden ser sostenidas por católicos, evangélicos, agnósticos lúcidos, liberales clásicos honestos: por cualquiera dispuesto a reconocer que algunas cosas son objetivamente buenas y otras objetivamente malas.

El gobierno del Presidente Kast tiene aún tiempo —no mucho, pero tiene— para articular un horizonte que vaya más allá del incendio inmediato. Que reconozca, sin abandonar la emergencia, que la emergencia no basta, no alcanza, ni promete con honestidad lo que un mandato puede cumplir. Que se atreva a nombrar qué Chile quiere construir, no solo de qué Chile quiere defenderse. Y que entienda, sobre todo, que el ciudadano común no espera del gobierno apenas que apague el fuego: espera, además, que le ayude a mirar al cielo y le diga qué casa estamos construyendo entre todos para cuando el fuego, aunque sea con menos llama, siga ardiendo bajo el techo de quienes vengan después.