Uno de los logros experimentados por las sociedades contemporáneas es la debida distinción entre el Estado y la sociedad civil. Mientras aquel asume la función de gran regulador de las relaciones entre la sociedad civil y la sociedad política (que es el ámbito reservado a los partidos políticos), la primera incluye a todas aquellas manifestaciones de la sociabilidad humana a través de las cuales las personas se agrupan para perseguir fines del más diverso orden, desde los religiosos hasta los gremiales en un sentido amplio.
La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó, en segundo trámite constitucional, el proyecto de reforma constitucional que incorpora un nuevo procedimiento para elaborar una Constitución Política, fruto del esfuerzo de los partidos políticos con representación parlamentaria y de algunos en formación. Se trata de asumir -y superar- los errores de la fracasada Convención Constitucional y de reafirmar el rechazo a su producto: un proyecto constitucional que nada tenía que ver con la identidad constitucional chilena.
El proceso constituyente que se abrió a partir de la publicación de esta reforma en el Diario Oficial debe ser cualitativamente distinto del anterior. Desde luego, la combinación, en la redacción de la propuesta constitucional, de 50 consejeros constitucionales, elegidos directamente por votación popular y con criterios de paridad, unidos a 24 expertos que redactarán un anteproyecto de nueva Constitución y a otros 14 otros expertos que integrarán el Comité Técnico de Admisibilidad para velar por el respeto de las bases ya acordadas, asegura un criterioso equilibrio entre la representación popular y el aporte de la técnica y de la experiencia.
Este equilibrio parece fundamental para que una representación no subyugue a la otra y para que la sociedad civil se sienta doblemente representada: por los nominados por los partidos políticos y pactos electorales, por un lado, y por la especialización que supone redactar un documento que, en parte, es jurídico, pero que también tiene mucho de político.
El tema no es menor, porque la Constitución deberá regular, entre otras materias, a los partidos políticos reconociendo su aporte a democracias cada vez más complejas (Innerarity), pero, a la vez, fijando sus límites de actuación. Por ello es vital que los expertos, aunque sean designados por los parlamentarios que expresan las fuerzas políticas presentes en el Congreso Nacional, gocen de la debida independencia frente a ellas para exponer y expresar, con libertad, su parecer especializado logrando conjugar una buena redacción con las necesidades del Chile actual y futuro. Pienso que eso es lo que espera la sociedad civil de esta nueva oportunidad constitucional que todos queremos que sea la definitiva.
En esta lógica de captar y traducir lo que la ciudadanía realmente espera no bastan los libros de cátedra ni el estudio acucioso del derecho comparado. Lo más importante es captar ese sentir ciudadano, para lo cual la reforma ha previsto que el reglamento que rija el trabajo del Consejo Constitucional prevea mecanismos de participación ciudadana coordinados por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile y con injerencia de todas las universidades acreditadas.
El Consejo Constitucional se instalará el 7 de junio de este año. La Comisión Experta, en cambio, estará redactando la propuesta desde el 6 de marzo, sin que en ese lapso de tres meses exista la posibilidad de consultar el parecer de la sociedad civil que ya debiera tener la posibilidad de hacer llegar iniciativas populares de norma u otros insumos en la primera fase de redacción de la propuesta.
Lo contrario supone imaginarse a un conjunto de científicos encerrados en su laboratorio y concentrados en el resultado de su experimento sin darse cuenta de lo que ocurre más allá de las paredes de ese laboratorio.
Sin duda, todo hace aconsejable que la sociedad civil pueda hacer oír su voz en las diversas etapas de este nuevo proceso constituyente que deberá reflejar lo que somos como sociedad y lo que debemos enmendar o incorporar al pacto fundamental de la convivencia. Así, no sólo la legitimidad de la nueva Constitución está en juego, sino que la propia estabilidad del país.
