Malgasto público, austeridad y desprestigio institucional

La breve y torpe historia de los autos Lexus para los ministros de la Corte Suprema terminó como se suponía: se dejó sin efecto la compra de los vehículos de alta gama, cuyos costos eran superiores a los 50 millones de pesos cada uno, para los 22 miembros del más alto tribunal del Poder Judicial.

Es una buena noticia que el tema haya despertado interés y hasta repudio de parte de los medios, actores políticos e incluso de la ciudadanía. El Estado y la política en Chile tienen muchos problemas, y uno de los más graves es esa mezcla perniciosa entre la continua alza del gasto público y la aparente insensibilidad de la población. Más Estado, más organismos –útiles e inútiles– cada vez más funcionarios o personas contratadas, sean valiosos para la actividad pública o solamente militantes, activistas u operadores de ocasión.

Quizá por eso llama la atención la situación de los automóviles de la Corte Suprema. Mil millones de pesos resultan una nimiedad al lado de los miles de millones de dólares que se gastarán durante estos años por las nuevas contrataciones al interior del Estado; son bastante poco si se compara con el gasto mensual o el presupuesto anual que representa cada nuevo ministerio u organismo público, de los muchos que se han creado en las últimas décadas. Pese a ello, es una señal potente que haya generado molestia la compra de autos muy caros para estándares chilenos, por más que ellos estuvieran destinados a autoridades de rango superior, como son los ministros de la Corte Suprema.

El tema de fondo, me parece, es la necesidad de establecer ciertos criterios, tanto en el orden de los principios como en la acción específica, que permitan utilizar bien los recursos del Estado y vivir con austeridad las labores de servicio a la sociedad, lo cual debería ser en sí mismo una forma de hacer política. No se deben usar mal los dineros estatales (porque se consideran de todos o de nadie) ni dilapidar los siempre escasos recursos, con gastos inútiles, innecesarios, injustificados o, simplemente, ilegales frente a las necesidades múltiples de la sociedad. Nada de esto es obvio ni ocurrirá con inmediatez, pero conviene revisar algunos criterios.

En primer lugar, es necesario entender que el Estado, la política y la economía están al servicio de la gente, sirven en tanto ayudan a que las personas y familias vivan mejor. Por ende, los recursos deben orientarse esencialmente a ello: a la educación que llega efectivamente a las familias, a tener barrios seguros, a contar con atención de salud oportuna y adecuada, a contribuir a que todos vivan mejor sus últimos años. Por el contrario, debe desaparecer la grasa del Estado, los ministerios u organismos deben reducirse drásticamente, al igual que los gastos asociados innecesarios (como los automóviles y otros), y los sueldos deben adecuarse a la realidad social. En resumen, el gasto estatal, en sentido amplio, debe tender a reducirse, con lo cual cada organismo deberá definir qué no es esencial o qué tiene menos relevancia, de manera de mantener aquello que resulta inexcusable y otras cosas que podrían tener buenos resultados o rentabilidad social.

En segundo lugar, es preciso comprender que las decisiones torpes o el malgasto de recursos no solo tiene consecuencias económicas, sino también políticas. El caso de la Corte Suprema con los autos de más de 50 millones de pesos es un caso claro que puede contribuir al deterioro institucional, a la mala imagen de un organismo central para la administración de la justicia en el país, lo que se ha transformado en objeto de memes, de incomprensión y de críticas profundas. ¿Qué hay detrás de la decisión, ahora revertida, de comprar esos 22 autos? Más allá de la autonomía del gasto del Poder Judicial o de la necesidad de renovar los automóviles después de ocho años, la verdad es que el asunto ha terminado por volverse difícil de entender. En la retina quedan otros conceptos, como frivolidad, aprovechamiento, malgasto de los recursos públicos e incapacidad de comprender los problemas sociales que vive Chile. Sea como sea, el asunto se revirtió porque era impresentable.

Hay un tercer aspecto: la preocupación debe ser transversal y la austeridad debe cruzar todo el aparato estatal. Fue interesante el llamado que realizó el Presidente de la República Gabriel Boric en este sentido, pero rápidamente una carta de Francisco Orrego Bauzá a La Segunda (15 de febrero) sugirió que “una señal de austeridad presidencial sería cambiar su domicilio electoral a Santiago, ahorrándole a los chilenos millones de pesos en viajes a Punta Arenas para ir a votar”. Otro tanto se podría decir de algunas instituciones del Estado o ministerios, empresas estatales y otros, todos los cuales deberían ser ejemplos de austeridad y buen uso de los dineros fiscales.

Finalmente, es preciso llegar a un acuerdo fundamental que ajuste el gasto a los ingresos. En los últimos años o décadas la realidad muestra que el gasto se ha incrementado de manera notoria, pero los ingresos no lo han hecho de la misma manera, pese a los continuos aumentos de impuestos. El problema radica –en cuanto a los ingresos– en la disminución del crecimiento económico, con todo lo que ello implica para los fondos estatales y para el país en su conjunto. En relación con los gastos, la complicación es múltiple: la contratación de más personas en el Estado, los sueldos aumentados en distintos niveles y los gastos asociados, a lo que se suma la creación de ministerios (cuando deberían disminuirse), de nuevas regiones y gobiernos regionales.

Se requiere un cambio de paradigma de fondo. Por lo mismo, el tema de los autos millonarios de la Corte Suprema me parece que ha sido una buena noticia, en la medida que no solo revierta el caso concreto, sino que permita un cambio de fondo, serio y consistente, en la misma dirección: ser más austeros, bajar el gasto público, no dilapidar. De lo contrario, seguiremos acumulando gastos, deterioro institucional y pérdida de confianza en el aparato estatal, con todo lo que ello implica.