Rebelión popular, estallido social, revuelta, revolución o insurrección: esos son algunos de los conceptos que se han utilizado para definir y describir uno de los momentos cruciales de la democracia chilena desde 1990, como fue la quema de las estaciones del Metro y el inicio de una escalada de destrucción y crisis del sistema político, que no tenía precedentes locales.
Es verdad que los acontecimientos tuvieron también un sello social, ciertas reivindicaciones que parecían valiosas, la capacidad de denunciar algunas injusticias presentes en la sociedad chilena y otros aspectos que podrían considerarse propios de la necesidad que tienen los países de ser críticos, de pensar y de rectificar aquello que no está bien. Pero las cosas marcharon por camino diferente: la violencia fue parte integrante de la rebelión, los dos procesos constituyentes fracasaron (el segundo careció de sentido, habiéndose ya resuelto el tema con la derrota del proyecto de la Convención) y además la situación social de hoy es igual o peor que la existente en los días en que había que quemar, criticar y cambiar prácticamente todo.
La revolución de octubre no puede analizarse de manera aislada de algunas de sus consecuencias más relevantes. En otras palabras, la fase caliente de la revolución –entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre de 2019– debe vincularse necesariamente con dos efectos que se expresaron con el paso de los días, los meses o los años. El primero fue el carácter constituyente que adoptó el ánimo transformador de octubre, que comenzó siendo una rebelión social y con otros elementos políticos, pero que terminó siendo un anhelo de cambio constitucional. Lo importante es comprender que esta posición opositora y de algunos miembros de organización sociales, en noviembre se transformó en una petición hegemónica de cambio de constitución, en la que participó el gobierno y que comenzó a aparecer en las encuestas como uno de los tres principales problemas del país. El proceso culminó con el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, tres días después de una de las jornadas más violentas.
Desde entonces en adelante Chile vivió un proceso constituyente, que tuvo plebiscito de entrada, la elección de la Convención constituyente –con una amplia mayoría de la izquierda en sus diferentes denominaciones– y luego el trabajo de un órgano que de inmediato se transformó en refundacional. Mientras la Convención avanzaba en su trabajo disminuía su prestigio, lo que fue alienando progresivamente a la opinión pública, que en un principio veía con interés y hasta admiración a sus representantes, pero que luego fueron decepcionándose por la forma de actuar de los convencionales y por el contenido de las normas que se iban conociendo, caracterizadas por su radicalidad y contraste con el sistema constitucional existente durante la República.
El tercer momento del proceso comenzado en 2019 fue la elección de Gabriel Boric como Presidente de la República. Los comicios de diciembre de 2021 –cuando el líder del Frente Amplio disputó la segunda vuelta contra José Antonio Kast– fueron el último viento de la revolución de octubre, como hemos señalado en alguna oportunidad. Con Boric en La Moneda no solo se produjo un cambio de gobierno, sino también un cambio generacional, liderado por un grupo político con muchos dirigentes bajo los 40 años, que a su falta de experiencia contestaban con sus votos, un proyecto político exitoso, una clara vocación de poder y una mística como no se veía hacía mucho tiempo. Todo parecía cuadrar: la rebelión de 2019, la victoria constituyente posterior y haber triunfado también en la disputa por la Presidencia de la República. Sin embargo, Chile cambió.
La elección presidencial de 2025 es la primera que se desarrolla con los tres procesos concluidos. No se trata solo de estos comicios, sino que debemos añadir las elecciones parlamentarias, que son decisivas para la marcha futura del país. En buena medida, el tono, los conceptos, la evolución de la opinión pública y el resultado de los sondeos son reflejos de la revolución de octubre y sus consecuencias. Las expresiones son diversas, pero se pueden agrupar en un eje: el surgimiento y desarrollo de la contrarrevolución que –como lo enseña la historia– es una fase casi necesaria de las revoluciones. Ese es el proceso que se ha vivido de manera clara desde el 2022, y que antes solo tuvo expresiones aisladas en materia política, que parecían manotazos de convicción en medio de una bruma de confusión.
Si la elección de 2021 se produjo en medio de un contexto transformador o revolucionario bastante claro, la de 2025 está teniendo lugar en un ambiente contrario a los afanes refundacionales del pasado. En 2021 ganó el candidato que promovía la nueva Constitución –que pasaría a ser considerada una condición del éxito de la administración– pero hoy dicho tema está dos veces sepultado; la violencia y la destrucción tenían incluso apoyo popular, mientras hoy la demanda por seguridad es casi omnipresente. En dos palabras, las elecciones de 2021 eran otro símbolo más de la revolución, las de este 2025 emergen en el contexto de la contrarrevolución. Y eso explica también por qué en 2021 la tendencia estaba inclinada hacia la izquierda y hoy lo está hacia la derecha.
Hay otro elemento interesante, que se refiere a las organizaciones políticas. En 2021 el espíritu revolucionario perjudicó especialmente a la vieja Concertación, que no solo era vista cronológicamente como algo del pasado, sino también como representantes de una etapa mala en la historia nacional. Por el contrario, el Frente Amplio –en alianza con el Partido Comunista– podía generar esperanzas futuras, abrir un camino nuevo (“Boric lo va a cambiar todo”, llegó a decir una persona), era todo un “horizonte de expectativas” para un futuro mejor. Este 2025 la situación es exactamente al revés: el gobierno del Frente Amplio, el Partido Comunista y el socialismo democrático, hoy es un “espacio de experiencia”, se le puede juzgar no por sus promesas, sino por su gestión de gobierno, sin duda llena de problemas, errores y pérdida de respaldo popular. En materia de formaciones políticas, bajo esta administración se consolidó el crecimiento del Partido Republicano, así como el nacimiento y alza del Partido Nacional Libertario.
Hoy los candidatos de estas agrupaciones –José Antonio Kast y Johannes Kaiser– marcan más de un tercio de las preferencias en diferentes encuestas, y sumados están muy por sobre la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei. Ello solo es una muestra más de la pérdida de respaldo de la centroderecha que existió en la transición y en los 35 años de democracia en el país. Por cierto, el partido está en curso y no hay resultados finales, pero la tendencia ha sido bastante nítida, como muestran el crecimiento de José Antonio Kast desde la campaña de 2017 hasta la de 2021, o de Republicanos en la elección del segundo proceso constituyente.
Con todo, es preciso comprender que el octubrismo no está muerto, aunque esté dormido y derrotado en esta fase de la historia. Por otro lado, los apoyos políticos son cada vez más veleidosos o líquidos, como se suele decir. Un gobierno de derecha podría ser un buen aliciente para que distintos sectores de la izquierda –y de las organizaciones sociales en las que tienen influencia– avancen nuevamente en hacia posiciones más rupturistas e incluso consoliden algunas amenazas abiertas o veladas de un nuevo estallido social. Ya lo veremos, porque Chile está entrando en tierra derecha, pero este 18 de octubre lo ha sorprendido en una fase muy diferente a la de la revolución, del proceso constituyente y de la elección de Gabriel Boric. En buena medida, precisamente por esos tres factores Chile ha cambiado en los últimos años, en sentido contrario.
Se puede aplicar la vieja máxima: nadie sabe para quién trabaja.

Excelente
El creer el 2019-21 en la izquierda extrema, pese a su largo historial de fracasos revela la ingenuidad o ignorancia de una gran parte del país.