Los trabajadores subsidiando al Estado. El mundo al revés

En lo acordado en la Comisión de Trabajo del Senado sobre la reforma de pensiones, se aprobó que los trabajadores le presten al Fisco el 1,5% de sus cotizaciones previsionales durante 30 años y como habría una gradualidad de 9 años para llegar al pleno incremento, en los primeros 3 años de aprobada la reforma, toda la plata iría al Estado. Es decir, los trabajadores estarían subsidiando al Fisco en lugar que sea éste el que subsidie a los necesitados. Es el mundo al revés.

Esto es realmente extravagante y a raíz de lo mismo surgen varias inquietudes. Lo primero; en Chile existen aproximadamente 700.000 hombres entre 60 a 65 años y 721.000 mujeres entre 55 y 60 años; o sea casi 1, 5 millones de personas en edad de jubilación o muy cercanas a ésta. Independiente de qué porcentaje sea el grupo activo, la pregunta es qué pasa con el préstamo que éstos harían al Estado. Cómo en tres años los cotizantes no recibirían nada en sus cuentas individuales, la interrogante  es cómo y cuándo estarían percibiendo esos fondos traspasados al Fisco.  

Enseguida, es inconcebible que al Estado se le tenga que prestar plata, cuando han contratado 100.000 nuevos empleados públicos que nadie sabe ni lo que hacen ni donde trabajan. Se sabe que el sueldo promedio de los empleados públicos es $1.144.591, con ingresos de $2.961.542 un grado 12 y de $5.086.230 un grado 5. Pero supongamos que los 100.000 nuevos empleados ganen solo $1,0 MM. Eso implicaría que mensualmente sólo en las remuneraciones de los nuevos empleados contratados por este gobierno el estado gastaría  $100.000.000.000 en sueldos, equivalente a US$100MM mensuales y US$1.200 MM anuales al cambio actual.

Pero hay más. Como lo expusiera el economista Jorge Quiroz en una columna en El Mercurio en agosto pasado, en los programas públicos hay un despilfarro gigantesco. Como lo señaló, desde 2011 la Dipres y el Ministerio de Desarrollo Social evalúan en profundidad un subconjunto de dichos programas. Han analizado 275 y los “buenos” son menos del 5%. Entonces crearon en 2018 los “malos” y hasta  2024, un 28% clasifican como tales y raramente éstos se cancelan.

Y en esa misma columna comentó los resultados de un análisis de la Dipres de los programas realizados en 2023, que demostraron que el Estado dedica US$47.000 MM en programas que no atendían a la población objetivo, otros sin criterios que permitieran medir sus logros y se agregaban los que reportaban mal sus gastos o no tenían como estimarlos. En resumen, un despilfarro insostenible e inaceptable.

¿Ya no existe vergüenza en nuestro país que impida que eso siga ocurriendo? ¿No existe vergüenza en gastar $920.000.000 intentando comprar la casa de Allende violando a sabiendas la Constitución y al mismo tiempo pedirle plata prestada a los trabajadores, cuando se despilfarran recursos a diestra y siniestra sin que a nadie le importe?

Pero además, el gobierno una vez más demuestra lo difícil que es confiar en lo que dicen, puesto que se suponía que como no venía en las indicaciones la creación de un ente estatal para invertir los fondos de pensiones, quedaba fuera de la negociación. Pues bien, el miércoles Hacienda difundió una minuta donde dan a entender que con esta reforma se facilitará que eso ocurra en el futuro. Pero además de este reconocimiento explícito circuló otro documento más directo donde se habla de la posibilidad de presentar un proyecto de ley durante marzo para crear ese sistema, lo que hizo saltar las alarmas en Chile Vamos, que creyó talvez ingenuamente, que el Gobierno no saldría con sorpresas.

Capítulo aparte es el tema de la licitación de stock, que generaría problemas con la inversión extranjera y además hay que agregarle las dudas sobre la sustentabilidad fiscal de la reforma que en régimen implicaría 1,7 puntos del PIB, con un gasto ascendente a US$4.968MM y el efecto sobre los costos empresariales, el empleo, los sueldos y la informalidad.

Visto todo lo anterior, tal como está el acuerdo de la Comisión de Trabajo del Senado, la reforma no debiera ser aprobada, al menos hasta que se mejoren los múltiples aspectos negativos que los expertos han señalado. De lo contrario, esta reforma podría tener similares consecuencias de lo que fue el Transantiago y de las reformas tributaria y de educación  de Bachelet, que después de una década han demostrado ser un desastre.

Es de esperar que en este caso prime la cordura y los trabajadores del país no sufran las consecuencias de lo que podría ser una muy mala y dañina reforma.