Durante años, buena parte de la discusión laboral se ha centrado en quienes tienen empleo: duración de la jornada, remuneraciones, indemnizaciones y protección frente al despido. Son materias fundamentales. Pero el deterioro del mercado laboral obliga a plantearse: ¿qué ocurre con quienes no consiguen un trabajo?
La tasa de desempleo alcanzó el 9,6% en el trimestre móvil junio-agosto de 2026, acumulando 44 meses sobre el 8%. La informalidad afectó al 26,3% de los ocupados y, en los últimos doce meses, el empleo formal disminuyó 2,9%, una señal del deterioro de la capacidad de nuestra economía para generar puestos de trabajo. Tras estas cifras hay jóvenes que buscan una primera oportunidad, trabajadores que llevan meses sin encontrar empleo y personas cuyas responsabilidades familiares dificultan su incorporación al mercado laboral.
El Gobierno ha respondido a esta emergencia con Chile Despega, un plan que moviliza inversión pública, subsidios a la contratación, liquidez para las empresas y obras de rápida ejecución. Son medidas urgentes para la coyuntura, pero una política de emergencia difícilmente puede generar las condiciones que permiten crear y sostener empleos.
Más allá de la emergencia, surge una cuestión de fondo. La legislación laboral puede proteger a quien ya tiene empleo y, al mismo tiempo, dificultar el acceso de quien busca uno. Proteger el trabajo no sólo es regular las condiciones de quienes están empleados, sino también considerar qué reglas facilitan que más personas accedan a un empleo formal.
Por eso es importante la agenda del Gobierno para remover barreras a la contratación, aumentar la adaptabilidad y modernizar el mercado laboral. Esta agenda reconoce la heterogeneidad del mundo del trabajo, donde no todas las empresas funcionan de la misma manera ni todas las personas necesitan trabajar de igual forma a lo largo de su vida. Pensemos en una madre que necesita compatibilizar el trabajo con el cuidado de sus hijos; en un estudiante que quiere trabajar sin abandonar sus estudios; o en una persona mayor que desea reincorporarse al mundo laboral. Poder acordar horarios, combinar presencialidad y teletrabajo o acceder a modalidades compatibles con sus necesidades puede marcar la diferencia entre encontrar un empleo o permanecer fuera del mercado formal.
También hay una dimensión productiva. Una empresa turística no enfrenta la misma demanda durante todo el año; un comercio atraviesa períodos de distinta intensidad; y algunos servicios necesitan organizar sus operaciones de manera diferente. Obligar a quienes tienen realidades distintas a ajustarse a una misma organización del trabajo puede terminar protegiendo una forma de empleo a costa de dificultar otras.
El proyecto de adaptabilidad, actualmente en discusión legislativa, es un buen ejemplo. Propone ampliar de cuatro a dieciséis semanas el período para promediar la jornada ordinaria, manteniendo el promedio legal de 40 horas, límites semanales y mecanismos de compensación. La idea es permitir una distribución del tiempo de trabajo más acorde con las fluctuaciones de cada actividad.
Si bien la flexibilidad requiere límites, pues sin reglas claras puede transformarse en precariedad, existe una contrapartida que no debemos ignorar: la protección pensada para quienes ya tienen empleo puede ser una barrera para quienes intentan conseguirlo. Este es uno de los puntos ciegos de nuestra discusión laboral porque empleadores, trabajadores contratados y sindicatos tienen representación para defender sus intereses; en cambio, los desempleados carecen de una voz equivalente, aunque las reglas laborales también inciden en sus oportunidades.
Chile Despega puede ayudar a enfrentar la emergencia, pero recuperar el empleo de manera sostenida exigirá más crecimiento, inversión y un mercado laboral capaz de adaptarse a una sociedad y una economía que cambiaron. Un buen sistema no se mide sólo por cuánto protege a quienes ya tienen trabajo, sino también por las oportunidades que abre a quienes esperan por uno.
