Hace casi un año el Presidente Boric caminaba a comprar un sándwich a una tradicional fuente de soda. En esos días empezaba un proceso de preparación para asumir su rol en La Moneda. Llegaba con promesas de cambio e instalaba grandes expectativas, pero eso duró poco, a la tercera semana de gobierno empezaba el desencanto y las demandas por orden se instalaban por sobre las de cambio.
Ya en esa época la delincuencia y el narcotráfico aparecían como prioridades de los chilenos, sin embargo, el nuevo Gobierno se mantenía firme ante su decisión de levantar los Estados de Emergencia y evitar que las Fuerzas Armadas se involucraran en el combate contra el crimen. Hoy, el Gobierno ha renovado 15 veces el Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Sur y esta semana se aprobó en la sala del Senado la reforma constitucional que permite a las Fuerzas Armadas resguardar infraestructura crítica.
¿Hubiese pensado el Presidente que estaría recurriendo a los militares para satisfacer las demandas de orden? El sentido común me dice que no, sobre todo después de verlo en Plaza Italia pidiendo a las FF.AA. volver a los cuarteles y al Gobierno pasado desmilitarizar La Araucanía.
Pero, como el sentido común es el menos común de todos los sentidos y el contexto es tan líquido, hoy no le queda más que recurrir a los militares para compatibilizar la demanda de cambio con la de orden. El Gobierno hijo del estallido social que buscaba deslegitimar a las instituciones de seguridad y defensa hoy debe pedir su ayuda en medio de una crisis política derivada de su decisión de indultar a 13 delincuentes el penúltimo día del 2022.
Pero ¿son las Fuerzas Armadas las llamadas a resolver problemas de seguridad pública? Por supuesto que no. Actúan en territorio nacional en momentos de excepción y para ello requieren de un marco normativo y garantías que les permitan realizar sus labores. Un militar no cuenta con preparación policial, ese no es su rol. Está entrenado para neutralizar la amenaza y para ello debe existir superioridad de fuerza. ¿Cuál fuerza? La que legítimamente tiene el Estado y que debe ser aplicada bajo un marco legal que indique qué se puede hacer y qué no.
Es responsabilidad del Ejecutivo conducir las demandas por orden y proponer los lineamientos que permitirán a las instituciones entregar seguridad y cumplir su función constitucional, pero, si su legitimidad institucional ha sido mermada por mensajes refundacionales impulsados por el Mandatario desde que éste era diputado, se crea una crisis en torno a la seguridad que es responsabilidad del poder político resolver.
De ahí que, lo crítico del proyecto de infraestructura tiene que ver con la falta de conducción política y el correcto uso de la institucionalidad de seguridad y defensa. Por supuesto que existen aprensiones técnicas, sin embargo, de no dar un golpe de timón en cuanto al liderazgo político, el resolver esas aprensiones no será suficiente.
*Pilar Lizana, Athena Lab. Experta en seguridad, narcotráfico y defensa.
