Más del 58 % de los votantes manifestó en las urnas su deseo de un cambio de rumbo. Ese dato no es menor: expresa una evaluación crítica de la experiencia reciente. El país no se construye sobre expectativas, sino sobre resultados, y al revisar lo que deja el gobierno de Gabriel Boric, lo que aparece no es un legado transformador, sino una suma de debilidades que condicionan el punto de partida de la próxima etapa. Parte de ese balance se explica por un impulso refundacional que incluyó el respaldo a un proyecto constitucional de cambios estructurales de enorme magnitud, difíciles de financiar y capaces de alterar equilibrios básicos del funcionamiento institucional y económico del país.
Cuesta entender, además, las decisiones adoptadas en las últimas semanas de mandato. Nombramientos y concursos apresurados para dejar funcionarios designados, intentos de fijar posiciones antes del cambio de gobierno, un error de cálculo de miles de millones de dólares en las cuentas fiscales en un año de altos ingresos por el cobre, y la postulación de Michelle Bachelet a Naciones Unidas sin un trabajo diplomático sólido previo. Amarres, improvisaciones y señales de escasa responsabilidad institucional.
Primero, la conducción política. El gobierno mostró fisuras desde temprano: un gabinete inexperto, un Presidente sin suficiente capacidad de articulación, un proyecto que se frustró con el Rechazo constitucional sin contar con un plan alternativo, y una coalición que termina quebrada. La improvisación fue una constante. Cambios ministeriales reiterados, dificultades para ordenar equipos y errores políticos graves marcaron el período. No se logró consolidar un equipo con experiencia suficiente para enfrentar la complejidad de gobernar.
Segundo, la gestión del Estado en áreas críticas. Dos procesos de reconstrucción tras incendios devastadores dejan en evidencia lentitud, descoordinación y falta de eficacia. En el caso más reciente, el propio Presidente reconoció tardanza en la respuesta. En seguridad pública, la violencia se expandió sin que el Estado lograra contenerla eficazmente, instalando una sensación persistente de inseguridad. En educación, se observó una fuerte caída en matrículas de liceos emblemáticos, deterioro del clima escolar y bajo rendimiento académico. En salud, las listas de espera siguieron tensionando al sistema. En vivienda, el déficit habitacional no experimentó el salto de gestión prometido. La brecha entre discurso y resultados fue evidente.
Tercero, la probidad y la confianza pública. Casos como el de las fundaciones revelaron desorden en el manejo de recursos públicos y debilidades de control. A ello se sumaron crisis internas que afectaron la credibilidad de la conducción política. La promesa de superioridad ética terminó golpeada por la realidad de una gestión con fallas graves.
Cuarto, la economía y la responsabilidad fiscal. El crecimiento fue modesto, la inversión se vio afectada por una permisología paralizante y aumentaron tanto el desempleo como la informalidad. La percepción de incertidumbre macroeconómica se consolidó. A esto se añadió un deterioro fiscal marcado por mayor déficit y dificultades para cumplir con el balance estructural, reduciendo el margen de acción de la próxima administración.
Quinto, el proyecto político. Las reformas estructurales prometidas quedaron diluidas o inconclusas. El proceso constituyente terminó fracasando, dejando mayor fragmentación y debilitando políticamente al sector que lo impulsó. Las promesas de descentralización profunda tampoco se tradujeron en cambios visibles en la distribución real del poder. El resultado fue un retroceso político del oficialismo y un desplazamiento del clima público hacia posiciones críticas.
Aquí aparece el punto de fondo. Gobernar exige algo más que convicciones: exige gestión. Capacidad de formar equipos competentes, experiencia para tomar decisiones bajo presión, claridad estratégica, coordinación eficaz del Estado y liderazgo para sostener rumbos en escenarios complejos. Sin gestión, las ideas se diluyen; sin experiencia, las crisis se agravan; sin conducción, los gobiernos se dispersan. Y sobretodo se requiere probidad en el manejo de los fondos públicos.
Chile necesita ahora algo distinto: conducción profesional, experiencia de vida, de trabajo de gestión, visión de largo plazo y equipos capaces de ejecutar. Más gestión que consigna. Más responsabilidad que improvisación. Más capacidad de hacer que las cosas funcionen.
El futuro no llega como una revelación repentina ni como una profecía grandilocuente. Se construye de manera silenciosa, a partir de lo que ya está ocurriendo hoy. No aparece en discursos deslumbrantes ni en promesas que suenan bien, sino en cambios concretos que solo advierten quienes miran la realidad sin ilusiones.
El porvenir no se adivina: se reconoce en las señales del presente. Basta observar lo que ya se está moviendo bajo nuestros pies.
Por eso, los movimientos que proclamaron futuros luminosos suelen envejecer rápido cuando sus consignas no se traducen en resultados. Las ideas que se desconectan de la vida real dejan de ser promesas de futuro y se convierten en recuerdos de algo que nunca llegó a existir.
Chile no se cae a pedazos gracias a la solidez institucional construida por los primeros gobiernos de la Concertación y a liderazgos que supieron enfrentar crisis mayores. Entre ellos, Sebastián Piñera, a quien corresponde recordar a dos años de su muerte: debió enfrentar un terremoto devastador, el rescate de los mineros, incendios, el estallido de violencia y la pandemia. Fue un gran gestor. No hay duda.
Hoy lo que importa es observar la tendencia de los principales indicadores del país, y esa trayectoria muestra con claridad la necesidad de un gobierno de emergencia, con experiencia, gestión y unidad, como ha planteado el presidente electo José Antonio Kast.
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