La rectora Araya (UMCE) y el rector Corrales (Universidad de Valparaíso), en los diarios El Mercurio y La Segunda, respectivamente, han criticado el proyecto de nueva Constitución en elaboración. Vale la pena comentar estas críticas, sobre todo cuando se advierte que no tienen fundamento.
La rectora Araya sostiene, sin argumentar, que “la omisión sobre el financiamiento de la educación superior en la nueva propuesta de Constitución puede ser leída como el fin de la gratuidad universitaria”. Esa lectura es evidentemente incorrecta, pues la gratuidad existe con la Constitución vigente, sin que ésta la mencione.
Luego, dice que la educación debiera plantearse “como una obligación del Estado garantizarla y financiarla” y que los artículos “no representan ningún avance o visión innovadora de este derecho”. Disiento con la rectora y para ello solo basta citar la letra “j) El Estado proveerá educación pública, pluralista y de calidad, a través de establecimientos propios en todos los niveles. El Estado garantizará el financiamiento de sus establecimientos de educación parvularia, básica y media. En cualquier caso, la ley podrá entregar financiamiento a sus instituciones de educación superior”. Se innova respecto del texto actual al nombrar y dar cuerpo a la educación pública, y se obliga al Estado a financiarla, usando las mismas palabras de la rectora.
El rector Corrales, en una entrevista en la cual se lamenta por tener que competir por recursos tal como hacen todos (en pedir no hay engaño), afirma que el texto propuesto, hasta ahora “no garantiza que el Estado esté obligado a proporcionar acceso a la educación a través de un sistema de educación público”. De nuevo, basta leer el artículo antes citado (letra j) para darse cuenta que el texto nuevo propone exactamente aquello.
¿Por qué dos rectores de universidades estatales, destacados académicos, no reparan en que lo que ellos dicen desear está explícitamente escrito en el texto? Puede haber un rechazo político, que les obliga a ver solo defectos en un texto por el hecho de que no fue redactado por personas de su preferencia. Es desesperanzador que algo tan prosaico como esto afecte las opiniones públicas de autoridades universitarias, pero también es improbable, por lo que creo que la razón es otra.
Como confiesa el rector Corrales, lo que irrita al mundo estatal de la propuesta de Constitución no es la ausencia del Estado, sino la presencia de lo privado. Las autoridades universitarias buscan, tal como hacía el texto de la fallida Convención, dejar la provisión privada de bienes públicos en su mínima expresión, o hacerla desaparecer completamente, para que no les compita. Cabe recordar que el principio de provisión mixta fue consagrado en las bases del llamado “acuerdo por Chile” que dio origen al proceso. El lamento de los rectores, entonces, llega tarde y se ubica en los márgenes del espectro político chileno.
*Daniel Rodríguez – Director Ejecutivo de Acción Educar
Bueno, el ideológismo y el fanatismo provocan ceguera, rabia, frustración y pérdida de la compostura..
Muy de acuerdo Daniel. Son estos dos casos, un ejemplo más de la ausencia de reales razones para defender propósitos y no constituciones