Se ha advertido estos días, a propósito de la reforma constitucional en materia de seguridad, contra el error de volver a constitucionalizar la política. La advertencia es sensata y viene, además, del propio sector que gobierna, lo que la vuelve más digna de atención. Una Carta Fundamental, afirman, está para organizar, distribuir y limitar el poder, no para zanjar en su articulado las disputas de cada temporada. Quisiera examinar una condición que ese argumento da por cumplida y que nadie enuncia.
Porque la regla ordena no llevar la política a la Constitución, y presupone con ello que todavía nada se ha llevado. ¿Y si algo se hubiera instalado antes, no en el texto sino en el modo de leerlo y de leernos? No hablo de artículos ni de incisos, sino de una manera de entender qué es una Constitución, qué es la política y qué puede decirse en ella; una manera instalada hace tanto que ya no parece una opción entre varias, sino el aire que respiramos. Si así fuera, la regla no protegería a la Constitución de la política, sino a esa manera de leerlas, que es cosa muy distinta y bastante menos inocente. Y no se la discutiría jamás, porque no se cuenta entre las cosas que miramos.
Para comprobar si es así no hace falta leer el proyecto de reforma constitucional. Basta repasar el mes. El Gobierno suprimió del proyecto de reconstrucción la prohibición del anatocismo, el derecho al olvido financiero y la garantía de pago a treinta días, y lo hizo alegando encarecimiento del crédito, restricción de la oferta de financiamiento y efectos sobre los balances de las instituciones. Impugnó luego la norma que ordena reponer el agua a las familias damnificadas, y no dijo que fuera injusta: dijo que se apartaba de las ideas matrices, y fue a pedirle a un tribunal lo que no supo argumentar en el Congreso, y perdió. El Presidente descartó impulsar la iniciativa sobre el latido del corazón porque generaba una tensión que no era necesaria para el actual momento político. La prensa y buena parte del mundo empresarial recibieron la carta del Arzobispo de Santiago como una opinión más que enriquece el pluralismo, valiosa en la medida en que no pretenda imponerse. Y un reputado columnista liberal, al objetar con toda razón que se prive de la pensión garantizada a quien rayó un muro, sólo pudo llamar a eso iliberal.
Cinco asuntos sin parentesco alguno y una misma imposibilidad. Sobre las deudas se habló de tasas; sobre el agua, de competencias; sobre el niño por nacer, de oportunidad; sobre la fe, de pluralismo; sobre el castigo, de libertad. De lo debido, nunca.
Ya se ve. Lo que estaba antes de la regla no es una doctrina escrita en el articulado, sino el liberalismo hecho gramática: una manera de entender la Constitución y la política según la cual nadie tiene nada que decir en público acerca de qué sea una vida buena. Rige para todos los que hablan, y cada uno se la aplica a sí mismo sin que nadie se la imponga. Por eso el Arzobispo es admitido a condición de no pretender imponer, y por eso quien objeta un castigo desmedido dispone de iliberal y no dispone de injusto: no se lo prohibió una autoridad, se lo prohibió la lengua. No se ha constitucionalizado el liberalismo como se constitucionaliza una materia, con quórums y comisiones, sino como se instala un idioma, hasta que hablar de otro modo suena a error de sintaxis.
Y entonces sólo restan potestades y permisos, y con ellos una sola cosa que decir: lo que agrada y lo que disgusta.
En las primeras páginas de la Política, Aristóteles distingue precisamente eso. La voz la tienen también los demás animales y sirve para señalar lo que duele y lo que agrada. La palabra es propia del hombre, y sirve para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, y por eso mismo —dice— también lo justo y lo injusto. Ese por eso mismo lo decide todo: no son dos funciones separables, sino una sola que se despliega, de modo que hablar humanamente de lo útil lleva necesariamente a hablar sobre lo debido. Y agrega lo que aquí importa: es la comunidad en lo justo y lo injusto la que hace la casa y la ciudad. Una política (y un constitucionalismo) que ya no puede nombrar lo justo se vuelve flatus vocis, ruido vacío.
Así se explica cómo terminó de vaciarse la palabra derecho, que ya no nombra lo que a alguien se le debe sino lo que a una mayoría le complace conceder. Por eso el mismo vocablo ampara hoy amar y odiar, decir la verdad y mentir, socorrer e ignorar, proteger y matar, según sople el gusto de la mayoría del momento, sea la del Congreso, la de una sala de tribunal o la de un gabinete. No hay contradicción en ello, porque un ruido jamás se contradice consigo mismo.
La regla del comienzo estaba bien enunciada y mal dirigida. Lo intocable entre nosotros no es la Constitución: es la clave con que la leemos y con que entendemos la política entera. El problema está en que una política sin lengua para lo justo y lo injusto ha dejado de ser política. No es siquiera voz, que al menos manifiesta con verdad lo que duele al animal: es ruido que embrutece. Volver a hablar de lo justo y de lo injusto es condición para la vida buena en común.
