El Ejecutivo ha vetado parte de la Ley de usurpaciones aprobada por el Congreso. Esta ley es una demanda histórica muy relevante para los habitantes de la provincia de Arauco y la región de La Araucanía. También se ha transformado en una demanda muy importante para el resto de Chile, ya que desde el 2019 hemos vivido una especie de “explosión de tomas” según consta en los números presentados por el último informe de campamentos en Chile de “Techo para Chile”.
La explosión de tomas tiene múltiples explicaciones, desde la crisis de vivienda que afecta a nuestro país, hasta la pérdida del sentido de respeto a las leyes y -muy particularmente- al derecho de propiedad, propiciado en parte por el octubrismo que, aparentemente, en el último lugar en que se resiste a morir es en el corazón del gobierno, del Presidente Boric y de sus partidos. Este veto es una muestra de aquello.
Para la defensa del veto se han comunicado razones de distinta naturaleza. Dejaré fuera de análisis los argumentos jurídicos, ya que los hay en todas las posiciones y es precisamente tarea del legislador dirimir qué es lo que debe o no tener vigencia legal en Chile.
Por otro lado, es importante tener presente que la nueva ley de usurpaciones no se aplicará a quienes viven actualmente en campamentos que se encuentren incluidos en el Catastro Nacional de Campamentos elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo vigente al 1 de marzo de 2024. Esto es una muestra de que la ley no tiene por objetivo enfrentar la crisis de vivienda que tenemos en Chile, sino que hacer frente a la delincuencia asociada a las tomas en sus distintas manifestaciones, como las organizaciones violentas que se toman terrenos para posteriormente venderlos subdivididos a terceros como propios, engañando a la gente y generando situaciones aún más complejas de resolver.
Es habitual escuchar por parte del oficialismo que la nueva ley de usurpaciones “criminaliza la pobreza”. Este argumento sólo puede tener origen en quienes consideran a las personas que delinquen víctimas de la sociedad y del Estado, ambos “opresores”. Más grave resulta que parte de la izquierda considere que una situación de subsistencia material precaria es sinónimo de ser delincuente. La historia de progreso de miles de chilenos debiera bastarles para retractarse de esta afirmación.
Adicionalmente, algunos líderes del Frente Amplio han afirmado que las tomas son “la forma histórica en que han crecido las ciudades”, sin embargo, borran con el codo que es el mismo Estado (y en este momento, su gobierno) el que debe velar por el cumplimiento de los planes reguladores y llevar adelante políticas que permitan resolver el déficit de más de 600.000 viviendas que tenemos en Chile actualmente. Además, una afirmación de estas características es anacrónica a la luz de los deberes que tiene el Estado en pleno siglo XXI, entre ellos, contribuir a que las familias puedan acceder a una vivienda, a diferencia de lo fue hasta mediados del siglo anterior. Esa afirmación nos recuerda el clásico argumento mediocre de “siempre lo hemos hecho así”, lo que supone considerar a nuestra sociedad incapaz de aprender de los errores y hacer las cosas bien.
Finalmente, la nueva ley de usurpaciones contribuye a fortalecer el derecho de propiedad, cuestión especialmente importante para enmendar el rumbo después de 4 años de retrocesos. El gobierno debe retirar el veto o transparentar que derechamente no dejará morir el octubrismo, asumiendo toda la responsabilidad por las consecuencias negativas que esto tenga para Chile. En momentos de falta de inversión y debilidad del Estado de Derecho, la actitud del Ejecutivo sólo trae más incertidumbre y pobreza.
*Abogado, Directora Ejecutiva de Juntos +Libres Concepción
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