El 23 de diciembre recién pasado —fecha propicia para los regalos, pero no para los amarres— la Superintendencia de Educación aprobó dos resoluciones exentas que ordenan a todos los establecimientos de enseñanza básica y media incorporar la llamada “perspectiva de género” como principio rector de sus reglamentos internos y de la disciplina escolar (circulares 781 y 782). La medida fue criticada por asociaciones de padres, profesores, instituciones y diversas autoridades, que la calificaron, con razón, como un nuevo amarre ideológico del gobierno saliente. No es extraño: este particular Grinch educativo consiguió arruinarle la Navidad a más de uno.
En ambas circulares, la idea de fondo se formula con un lenguaje aparentemente inofensivo: no se puede discriminar a nadie por su identidad o expresión de género. Ahora bien, como suele ocurrir con las fórmulas vagas, el problema no está en la consigna sino en sus consecuencias. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Que un hombre de quince años que se identifique como mujer pueda ingresar a los baños o camarines femeninos? Hasta ahí llega el chiste, porque la inmensa mayoría de los padres no estaría dispuesta a tolerarlo y reaccionaría de inmediato. La pregunta es otra: ¿a qué sanciones se exponen quienes se opongan? ¿Estarán los colegios obligados a asumir multas por permitir lo que la autoridad llama, con elegante severidad burocrática, “actos transfóbicos”?
Las circulares se aplican a todos los establecimientos de enseñanza básica y media, incluidos numerosos colegios subvencionados de distintas confesiones religiosas. A la Superintendencia —siempre tan celosa de los reglamentos— se le olvida, con notable comodidad, que su actuación debe ajustarse a la Constitución. Esto implica respetar la libertad religiosa, el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos, la libertad de enseñanza y la autonomía de los cuerpos intermedios. Para estos funcionarios del nuevo catecismo civil, la inclusión y la diversidad son virtudes muy apreciadas… siempre que estén fuera. Una vez dentro, solo importa excluir toda disidencia y homogeneizar bajo una visión única y obligatoria.
A un gobierno que suele declamar con entusiasmo sobre la participación ciudadana, justo en este punto —justo, justo ahora— no le importó escuchar. La sociedad se oye solo cuando confirma lo que ya se decidió. Es evidente que, de haberse informado de manera transparente a las comunidades educativas, y no de forma selectiva y tardía, el contenido de estas circulares habría sido muy distinto. El fervor por las “mesas de trabajo” y por “escuchar a la calle” se evapora cuando la calle no aplaude. Entonces, la participación se transforma discretamente en decreto.
El contenido ideológico de estas circulares sería casi anecdótico si no fuera porque la llamada perspectiva de género es, en lo esencial, antiformativa. Enseñar a los niños, desde primero básico, que basta con sentirse del sexo opuesto para serlo no es un acto de apertura mental, sino un atentado contra la lógica y la biología, propio de quienes discuten seriamente si la Tierra es plana. La confusión que se introduce no es accidental ni ingenua: es profunda y deliberada.
Cabe esperar que el gobierno entrante —puesto que, contra toda sospecha, es posible caminar y mascar chicle al mismo tiempo— entienda que esta “normativa” debiera tener pronta fecha de vencimiento. Si algo se le reconoce es su declarado respeto por la Constitución y la ley. Restablecer el imperio del derecho no es una consigna grandilocuente, sino una tarea concreta: las leyes regulan materias específicas y dentro de un marco definido. Lo que lo excede no es audaz ni progresista; es simplemente ilegal e inconstitucional. Y, por lo mismo, debe ser corregido. Ni más ni menos.
