El narcotráfico es sin duda uno de los peores cánceres de la sociedad actual, sino el peor de todos. Es una industria maldita, oscura, invisible, que se relaciona no sólo con temas de salud, sino también con pobreza, crimen organizado, mafias y violencia desmedida. Tanto es así, que si hay algún área en la que coinciden prácticamente todos, sectores liberales y conservadores, fachos y progres, es en los efectos nocivos que tiene el llamado “flagelo de la droga” para los sectores más vulnerables de la población, y en especial, para niños y adolescentes.
¿Es concebible, entonces, que el narcotráfico esté ligado, directa o indirectamente, a la toma de decisiones y al poder político?
Parece evidente que no. Y el legislador nos da la razón: la ley 20.000 impide que los abogados de imputados por delitos asociados al narcotráfico puedan ser funcionarios públicos. De toda lógica, ¿no? Si bien es legítimo que haya abogados que se dediquen a defender a los imputados por delitos de droga, y más aún, estos personajes -como cualquiera de nosotros- tienen derecho a una defensa jurídica, es razonable poner un muro de contención, para que estos abogados no puedan estar ni remotamente cerca de las toma de decisiones políticas.
Sin embargo, hay un terrible vacío legal: la ley no impide que puedan ser candidatos a alcalde.
Y es así como, en pleno siglo XXI, a pesar de saber lo grave y enmarañado que resulta el mundo del narcotráfico, tenemos ni más ni menos que en la capital del país a un precandidato que no sólo está en la nómina de la Contraloría de los abogados que han defendido a narcotraficantes, sino que además lo reconoce abiertamente, y como no hay ningún tipo de impedimento legal, quiere seguir adelante hasta las últimas consecuencias.
El abogado Aldo Duque, famoso por su historial de apariciones en prensa amarillista, y por defender a “la gente de la tele”, ahora hace noticia porque quiere llegar a una de las principales alcaldías del país (de hecho, ha sido llamada “la madre de todas las batallas” en el pasado), a pesar de haberse dedicado a defender a quizás cuántos imputados por delitos ligados al narcotráfico.
¿Se puede dar cuenta usted la señal que le damos a la comunidad internacional, si en el centro de nuestro país, uno de los aspirantes reconoce tener una fructífera relación laboral con el mundo de la droga?
Apenas se dio a conocer la noticia, en abril de este año, el Partido Republicano le quitó el respaldo (hasta ese minuto estaban en un tímido pololeo), pero hubo otros dirigentes que mantuvieron, y según entiendo, siguen manteniendo su apoyo al abogado Duque. Sin ir más lejos, en dicha oportunidad, la diputada Sara Concha lo excusó diciendo: “Si un doctor tiene que atender a un delincuente, ¿va a decidir no atenderlo porque es delincuente?”.
Supongo que lo débil del argumento es axiomático, pero por si acaso, me referiré brevemente al punto. Por supuesto que el doctor no debe dejar de atenderlo; los médicos tienen el Juramento Hipocrático, que les obliga a prestar auxilio a quien lo necesite, sin importar si es el peor de los malhechores. Pero además el objetivo es completamente distinto: el doctor trabaja no para dejar en libertad al paciente, sino para sanarlo. Así se puede argumentar que sanarlo no atenta contra dejarlo libre, sino muy por el contrario; se le sana para que pueda enfrentar a la justicia.
El trabajo del abogado es, naturalmente, distinto. Recuerdo las clases de ética profesional de Derecho, cuando nos enseñaban que los abogados que “defienden a los malos” deben buscar no dejarlos libres, sino asegurarles la pena justa, y ese es el fundamento de que cualquier persona, incluso un delincuente, merezca un defensor. Pero en los hechos, es muy dudoso que un dealer quede contento con recibir “la pena justa”. Todo el mundo sabe cómo opera esa red de crimen organizado, y si un abogado se limita a hacer eso, será su primera y última causa defendiendo a un narco.
Eso es lo preocupante. Por supuesto que un abogado tiene el derecho a decidir hacer su vida profesional con ese tipo de clientes. Lo malo es que además quiera dedicarse al mundo público. Ambos mundos son irreconciliables.
Quien tampoco parece entenderlo es otro diputado, el ex republicano Johannes Kaiser. Consultado por el asunto, señaló en su momento que sería bueno tener a alguien como Duque en la alcaldía de Santiago, precisamente por su conocimiento del mundo narco: “Si alguien sabe cómo opera toda esta gente es efectivamente Aldo Duque”. La verdad es que esa explicación es una verdadera falta de respeto para quienes han sufrido en carne propia los avatares del narcotráfico; con esa misma lógica, deberíamos poner a la CAM a cargo del gobierno regional de La Araucanía, porque conocen como nadie los problemas del Wallmapu y Temucuicui.
Estando a pocas semanas de inscribirse las candidaturas, y aún sin resolverse este tema, es del todo pertinente marcar el punto: es cierto que las probabilidades de ser electo de Duque son ínfimas, y para muchos por tanto, no es un problema mayor. Pero las señales en política son importantes. Y ya el hecho de tener un candidato ligado al narcotráfico sería nefasto para la salud de nuestra democracia. Ojalá que prime la sensatez.
