Álvaro Briones: La misma serenidad, la misma voluntad, la misma inteligencia

La actual Constitución española fue sancionada el 27 de diciembre de 1978 por Juan Carlos I y publicada en el Boletín Oficial del Estado dos días más tarde. Antes, el 6 de diciembre, había sido aprobada en referéndum por el 87,78% de los votantes.  

Ese proceso ha sido recordado durante estos días en España durante el debate por la frustrada investidura de Alberto Núñez Feijóo como Presidente del Gobierno. Y también ha sido recordado entre nosotros, aunque por motivos diferentes. Aquí ha estado asociado a la admiración y a veces a la envidia. “¿Por qué no podemos ser como los españoles?” he escuchado decir, o “así es como se deben elaborar las constituciones, ellos sí saben que la Constitución es la casa de todos”.

Y es verdad. El proceso español resultó ejemplar. El texto que se aprobó en referéndum con ese espléndido 87,78% había sido precedido por debates en el Congreso de los Diputados y en el Senado, los que llevaron a una discusión final en una comisión mixta que elaboró el texto definitivo que fue aprobado por los diputados por 325 votos a favor y sólo 6 en contra y en el Senado por 226 a favor y sólo 5 en contra. Ese fue el texto que aprobó el referéndum: un admirable ejemplo de capacidad de negociación y de la serenidad que se necesita para llegar a acuerdos.

¿Somos muy diferentes a los españoles? ¿Ellos hacen cosas de las que nosotros somos incapaces? No. La manera en que nosotros condujimos nuestro proceso de transición no fue muy diferente a como lo hicieron los españoles y el momento que ellos viven ahora quizás no sea muy diferente al que nosotros mismos estamos viviendo.

La clave está en comprender algo que, en el fragor de la batalla política muchos olvidan y otros prefieren olvidar. Los acuerdos sólo son posibles cuando las partes que negocian tienen, ambas y en la misma medida, la voluntad de llegar a acuerdos. El único camino probado para alcanzar acuerdos, cuando existe esa voluntad, es postergar el tratamiento de diferencias que son insuperables. Y la única inteligencia que se necesita es aquella que permite entender cuáles son aquellas diferencias.

Los comunistas españoles, que en plena vigencia del eurocomunismo no tenían problemas en practicar el parlamentarismo estuviese este situado en una monarquía o en una república, no pusieron objeciones a la monarquía. Y en el otro extremo, los herederos del franquismo que sólo aspiraban a mantener una España unida no tuvieron demasiados inconvenientes en aceptar el sistema de autonomías siempre que España fuera una.

Lo que dejaron fuera de la discusión en ese momento, es justamente aquello que hoy está dividiendo a los pueblos que conviven en España, a los partidos que los representan y aún a esos mismos partidos, como ha ocurrido con el Partido Socialista Obrero Español: el extremo al que algunos querían y quieren llevar la autonomía, un extremo que se sitúa en la frontera de la independencia y en algunos casos la sobrepasa.

¿Qué ocurre en estos días en España? Que las fuerzas políticas que, al salir de una dictadura tuvieron la inteligencia colectiva que se necesitaba para comprender que su democracia no estaba madura para abordar ciertos temas con la posibilidad de resolverlos, casi medio siglo más tarde creyeron haber alcanzado esa madurez y los han puesto en el primer plano del diálogo político. Todo indica que se equivocaron.

En Chile también se negoció de modo de permitir que la transición desde una dictadura a una democracia tuviera lugar. Ocurrió en condiciones análogas, lo que quiere decir semejantes, no iguales: cuando tuvo lugar la negociación que dio lugar a la transición en España el dictador había muerto; cuando se negociaron las condiciones para iniciar la transición en Chile, el dictador todavía era jefe del Estado y, cuando dejó de serlo, siguió comandando el Ejército. Sin embargo, sí se pudo. Se pudo con la serenidad que se requiere para negociar, con la inteligencia política necesaria para entender los temas que no eran todavía negociables y, quizás lo más importante, con la voluntad de las dos partes de llegar a acuerdo sobre aquello en que sí era posible alcanzarlo.

La primera negociación tuvo lugar en 1989 y significó una reforma constitucional, aprobada mediante plebiscito, que eliminó de la Constitución de 1980 todo aquello que hacía imposible una transición efectiva hacia la democracia. Entre ellas la facultad presidencial de exiliar y el artículo octavo, que proscribía partidos por su ideología. En 2005, nuevas reformas terminaron de transformar definitivamente la Constitución impuesta por la dictadura en 1980: se eliminó la institución de senadores designados, las Fuerzas Armadas dejaron de ser “garantes de la institucionalidad”, se determinó que sólo el Presidente de la República podría convocar al Consejo de Seguridad Nacional.

¿Qué nos ocurre hoy? Que, como en España, sectores políticos ajenos al espíritu que guió la serena e inteligente negociación que permitió la reconstrucción de la democracia, han creído que llegó la hora de reivindicar sus intereses más particulares, aquellos que se habían postergado en beneficio de los acuerdos posibles… y han puesto al país en crisis. Y, como en España, ha habido partidos que se han dejado seducir por el canto de esas sirenas, a pesar de haber sido antes parte de los procesos que permitieron la reconstrucción de la democracia acordando aquello que era posible acordar.

En España aún siguen sumidos en la crisis que esos partidos se han provocado. En Chile, la ciudadanía logró detener la crisis a la que nos habían llevado los partidos que promovieron la Convención Constitucional. Fue detenida el 4 de septiembre pasado, al ser rechazado el proyecto de Constitución que esa Convención había elaborado. Ahora nos enfrentamos a la posibilidad de que sea la ciudadanía, nuevamente, la que mediante un rechazo deba corregir el error de los políticos si éstos no son capaces de recuperar la cordura y llegar a un texto constitucional que refleje el acuerdo posible y aceptable para todos. Ello ocurrirá si el Partido Republicano y los partidos de derecha no son capaces de retroceder desde el extremo al que han llevado la redacción del proyecto que elabora el Consejo Constitucional. Pero también si los partidos oficialistas insisten en que la única posibilidad de negociar es comenzar desde cero.

Exactamente en una semana más comenzará la negociación definitiva para llevar a buen puerto un nuevo texto constitucional. El Consejo Constitucional habrá enviado al Comité Experto el texto que elaboró y éste propondrá modificaciones. Casi como si de dos cámaras de un Congreso se tratara -tal como ocurrió en España en 1978- el diálogo entre esas dos instancias será público. Sólo cabe esperar que en esa negociación se impongan la misma serenidad, la misma voluntad y la misma inteligencia con que hemos conducido, como nación, la construcción de nuestra democracia hasta ahora.