Se suele decir que la libertad de expresión es la más importante de las libertades. Tiene lógica: si cualquier otra de las libertades (de movilización, culto, asociación, opinión, etc.) es pasada a llevar, será necesario contar con el debido resguardo para alegar y hacer visible aquello.
Tal vez por eso mismo, entre los años 1980 y 2017, el prestigioso centro de estudios Freedom House publicó un ranking denominado Freedom of the Press (libertad de prensa), categorizando a los países en tres grupos, según si contaban con prensa libre, prensa parcialmente libre o prensa no libre. Así, un país sumaba puntos si permitía la investigación y aseguraba libertad editorial; y perdía puntos si se perseguía a periodistas y líderes de opinión, o si estos podían incluso ser víctimas de asesinato.
¿Cómo le fue a Chile en este ranking? En sus casi 40 años de existencia, Chile pasó por las tres etapas: durante los últimos años de dictadura, Chile fue considerado un país con “prensa no libre”, título que afortunadamente abandonó durante los años ’90, pasando a ser reconocido como un país con “prensa libre”. Sin embargo, al comenzar la década del 2010, Chile fue catalogado de “prensa parcialmente libre”, principalmente por la concentración de la prensa escrita en un duopolio. Este fue un mote bastante injusto -dicho sea de paso- ya que los reportes olvidaban la proliferación y heterogeneidad de la industria de las radios, y una moderada pero plural agenda en televisión. Por suerte, en las últimas dos versiones del ranking, se hizo justicia, y Chile volvió a ser considerado dentro de los países con “prensa libre”, junto con otros dos países de la región (Uruguay y Costa Rica). La inferencia era evidente: sí, la concentración de los medios puede ser un problema, pero en Chile los periodistas y editores cuentan con plena autonomía para sus pautas, y no se sienten atosigados por un Gran Hermano que los está observando.
Sin embargo, todo eso puede cambiar.
En efecto, el ranking señalado ya no existe (Freedom House lo cambió por un ranking de libertad en la red), pero no hay que ser adivino para suponer cómo le iría a Chile en la medición de libertad de expresión, con la creación de una Comisión gubernamental contra la Desinformación.
Muy probablemente la etiqueta de “prensa parcialmente libre”, e incluso la amenaza de “prensa no libre” estarían a la vuelta de la esquina.
Y en esto no hay que ser purista: por supuesto que la desinformación es un asunto grave e importante. Nadie lo duda. Lo que sí es dubitable es que deba ser el Gobierno el que decida qué es fake news y qué no, y que pueda controlar de alguna forma a los medios y, huelga decirlo, a los ciudadanos.
Sí, es verdad que hasta ahora la Comisión parece inofensiva, pero tal como los recién nacidos desarrollan sus dientes incluso antes de tener conciencia de ellos, un organismo así puede ser peligroso porque sus atribuciones pueden crecer más rápido que su capacidad reflexiva.
Al contrario: si algo hemos aprendido en estos últimos años, es que las fake news se combaten con más información, medios de comunicación con líneas editoriales claras y, sobre todo, una ciudadanía empoderada. Ninguna de estas labores puede ser reemplazada por el Estado; por supuesto que éste, en materia de desinformación tiene un rol que cumplir (castigar a los abusadores), pero no puede intentar reemplazar a los propios medios de comunicación, ni a la ciudadanía y sus gestiones de accountability. En esta causa, por más que le pese a los estatistas, la subsidiariedad vale oro.
De hecho, la Sociedad Interamericana de Prensa ha criticado la ofensiva del Gobierno, señalando que estas formas de vigilancia “siempre suelen mirar la realidad desde ópticas ideológicas” y pueden devenir en la generación de eventuales mecanismos de censura.
En la academia hay opiniones similares: el profesor de Penn State, Homero Gil de Zúñiga, ha desarrollado una teoría comunicacional llamada News find me (“las noticias me encuentran”), que se puede resumir en el fenómeno de dejar de informarse por canales establecidos, como medios de comunicación o sitios de noticias, esperando simplemente que alguien la cuente por Whastsapp u otro medio similar. El problema, dice el académico, es que quienes caen en esta flojera intelectual tienden a conocer menos hechos noticiosos, anclarse más en sesgos de confirmación (es decir, sólo consideran lo que les refuerza lo que ya creen) y son más incapaces de distinguir las noticias reales de las fake news.
Así, La forma de combatir la desinformación y el vicio del News find me es con mayor acceso a información, no con menos, y en ese sentido, la Comisión contra la Desinformación puede ser completamente contraproducente. Se puede dar el absurdo de que el remedio termine siendo peor que la enfermedad. Y más encima, pagado con nuestros impuestos.
