Después de la aprobación el lunes pasado de la ley corta que le dio un respiro temporal a las isapres, el Gobierno decidió salir a satisfacer a sus partidarios, molestos por el incumplimiento del programa que prometía acabar con ellas.
Como vienen las elecciones, el Gobierno no halló nada mejor que anunciar que en septiembre ingresarán al Congreso la propuesta de condonación del CAE. Pero resulta que el tamaño de dicha deuda, de acuerdo con un estudio de Horizontal de diciembre de 2023, asciende a US$11.270MM, equivalente a un 3,7% del PIB.
Más allá de las cifras, condonar el CAE es una gran irresponsabilidad pues la deuda de empresas públicas y del gobierno central está en máximos de cuatro décadas. Un informe reciente de LyD señala que la deuda de las empresas públicas más el gobierno central es de US$178.365MM, equivalente al 59% del PIB a 2023.
Existe consenso entre los expertos que el nivel prudencial de deuda pública del gobierno central, sin considerar las empresas públicas, no debiera exceder el 45% del PIB. Hoy, esa cifra es aproximadamente 40,6%. Pero, si el gobierno pretende agregarle US$11.270MM del CAE, se superaría ese 45%. Y si se le suma a esto la deuda de Codelco, Enap, Enami, EFE, Metro y el resto de las empresas públicas, esa cifra escalaría al 63% del PIB 2023.
A fines de 2023, el número de deudores CAE ascendía a 896.000 personas, de los cuales, 356.000 están al día en sus obligaciones y 539.000 son morosos, lo que según la Cuenta Pública 2023 de la Comisión Ingresa, organismo encargado del CAE, en los dos años del gobierno de Boric, han aumentado en 175.000 casos; 94.000 en 2023 y 81.000 en 2022. En 2021 en cambio, hubo sólo 56.000 nuevos morosos. Por otra parte, es de una injusticia enorme hacia esos 356.000 deudores que están al día en sus obligaciones y el gobierno pretende premiar a los que pudiendo pagar no lo hacen, porque están los incentivos para no hacerlo.
La mayor irresponsabilidad de esta condonación es que el gobierno, por satisfacer a sus partidarios y así no perder poder dejaría al país en una deficiente situación financiera que seguramente tendría consecuencias en nuestra calificación de riesgo, lo que encarecería aún más nuestro acceso al crédito. Para tener una idea, sólo las empresas públicas con una deuda de US$52.776MM pagaron intereses superiores a US$1.300MM.
Pero no es sólo el CAE. Un reportaje de Canal 13 dio a conocer un escándalo de proporciones en el Hospital Sótero del Río. En dicho recinto se eliminaron 320.000 interconsultas médicas de las listas de espera para pacientes de Puente Alto, La Florida y otras comuna aledañas sin previo aviso y en un día, el 7 de junio de 2023. Incluso se está investigando la posibilidad de presunta intencionalidad que dejó a esos miles de pacientes sin una atención médica que muchos esperaron durante años.
El Director del Hospital fue removido, pero eso no sirve de nada, porque el daño a esos pacientes es irreversible, y quién sabe ahora cuánto tendrán que seguir esperando para recibir los tratamientos que necesitan. El problema de esto, al igual que con el tema de seguridad, es que el gobierno siempre llega tarde, porque lo que se podría haber evitado con una buena gestión no ocurrió, entonces aparece para las lamentaciones, cuando ya no hay nada que hacer.
Finalmente, el tema de la huelga ilegal del Puerto de Coronel es otra gran irresponsabilidad, con intención de hacerle un guiño a sus partidarios. Este paro lleva más de 50 días, con pérdidas superiores a US$75MM y cerca de un millón de toneladas de carga que no pudieron salir del país.
Esto por dos temas. Uno es la implementación de medidas contra el uso de alcohol y drogas, para prevenir riesgos, después de que un trabajador el 23 de enero de este año se cayó al mar con un tractocamión y al hacerle el test correspondiente, salió positivo en alcohol y en droga, por lo que fue despedido. El otro tema es la llamada “nombrada”, donde el sindicato quiere tener el control de quienes entran a realizar labores de carga y descarga, sin que la empresa tenga injerencia en esos nombramientos, lo que es igualmente riesgoso.
El gobierno dice que es un problema entre privados, pero los huelguistas tienen bloqueada exteriormente la entrada al puerto, por lo que se requiere que el gobierno cumpla con su responsabilidad de mantener el orden, la libre circulación y permita que se pueda ingresar al recinto. Pero con la patrulla de carabineros que mandaron, eso es imposible.
En resumen, una semana en que el gobierno decidió gobernar para satisfacer a la izquierda, en lugar de hacerlo para el bien de todos los chilenos. Y eso es una gran irresponsabilidad.
Excelente