Algunas violencias escandalizan y otras, sin dejar de escandalizar, comienzan a parecer comprensibles. Ese tránsito —del rechazo inmediato a la comprensión indulgente— es un síntoma inquietante de nuestra época. Porque la violencia no se vuelve legítima cuando se la entiende, pero sí se vuelve más peligrosa cuando encuentra un lenguaje que la hace “razonable”; esto es, cuando deja de aparecer como un sinsentido práctico y comienza a presentarse como un medio proporcionado a un fin.
Conviene, sin embargo, precisar desde el inicio: no toda fuerza es violencia, y no toda coacción es irracional. Existe una fuerza legítima, ordenada por la razón al restablecimiento de la justicia —la del derecho, la de la autoridad debidamente constituida—, que no niega la racionalidad, sino que la protege. Lo que aquí interesa es otra cosa: la violencia irracional, esto es, aquella que sustituye el orden de la razón por la imposición inmediata de la voluntad, que no corrige un desorden conforme a derecho, sino que lo agrava; que no ejecuta un juicio racional, sino que lo reemplaza.
Durante mucho tiempo, la universidad fue —al menos como ideal— un lugar donde esa violencia irracional resultaba no sólo ilícita, sino ininteligible. No porque los hombres fueran mejores, sino porque el tipo de racionalidad que allí se cultivaba hacía que la coacción apareciera como un fracaso intrínseco. Donde la verdad es el fin, la violencia es irrelevante; donde la razón busca persuadir, la violencia se revela como incapacidad y derrota de la inteligencia práctica.
Pero ese mundo —y este es el punto que pretendo enfrentar— es cada vez más una referencia nostálgica; no tanto un ideal operativo como un residuo retórico.
La reciente polémica en torno a las agresiones a la ministra Ximena Lincolao en recintos universitarios, ha sido leída por algunos como una desviación puntual: un exceso, una falta de autocontrol, un desborde juvenil. Y, en esa línea, algunos, como el rector Carlos Peña —muy lúcido en su diagnóstico inmediato— vuelven a invocar la idea de universidad como espacio de razón que debe excluir la violencia.
El problema es que esa defensa, siendo correcta en el plano normativo, incurre en un punto ciego: presupone una universidad que, en gran medida, ha dejado de existir. O, al menos, que ha dejado de ser hegemónica en su propia auto comprensión; describe un deber ser sin hacerse cargo del ser efectivo de la institución.
No se trata de negar que la universidad deba ser un lugar de razón. Se trata de advertir que muchas universidades —chilenas y extranjeras— ya no se conciben primariamente así. Basta revisar sus propias declaraciones institucionales, sus planes estratégicos, sus pronunciamientos públicos: hablan de “impacto”, de “transformación social”, de “compromiso con causas”, de “formación de agentes de cambio”. No es una desviación marginal; es una redefinición programática. En todos estos casos, la constante es la misma: la primacía de la praxis sobre la contemplación; el paso desde el intelligere como fin al facere como criterio de legitimidad.
Y cuando la praxis se vuelve el principio ordenador, la razón cambia de estatuto. Ya no es medida por lo real, sino instrumento de intervención. Ya no busca comprender, sino transformar. El saber deja de ser fin en sí mismo y pasa a ser medio. Y cuando el saber es medio, los medios comienzan, muchas veces, a evaluarse por su eficacia y no por su conformidad con el bien.
En ese contexto, la violencia irracional no irrumpe como un absurdo absoluto. Sigue siendo injustificable —eso no cambia—, pero comienza a ser inteligible. Si la universidad es, en los hechos, un espacio de lucha por la imposición de determinadas visiones del mundo, entonces la transición desde el argumento a la presión, y desde la presión a la coacción, deja de ser un salto cualitativo radical y pasa a ser una intensificación de una misma lógica operativa.
Esto no equivale a decir que algunas universidades promuevan la violencia deliberada y directamente. Sería inexacto (aunque no utópico); sería, más bien, un error de imputación causal inmediata. Pero sí significa que muchas, en Chile y el extranjero, han contribuido a generar un ecosistema donde la violencia puede ser pensada como un recurso coherente con la lógica pragmática subyacente. No como un bien, pero sí como un medio eventualmente comprensible en términos de proporcionalidad subjetiva.
Por eso, me parece que la crítica debe volverse más exigente y pasar, también, a la autocrítica.
No basta con condenar la violencia ni con exhortar a la racionalidad. Es necesario interrogar la transformación más profunda: ¿qué tipo de razón se está cultivando? ¿Una razón que se subordina humildemente a la verdad, o una razón que se pone al servicio de causas previamente definidas? ¿Una universidad que contempla, o una universidad que actúa en función de métricas impuestas por terceros? Tenía razón Aristóteles cuando afirmó que ni la política ni la prudencia deben dar órdenes a la sabiduría —porque la sabiduría versa sobre lo más alto y no puede subordinarse a lo inferior—; qué diría hoy al observar, entre otros, el servilismo institucionalizado al mercado y a la agenda 2030 como criterios extrínsecos que reordenan (¿o imponen?) el fin al que debe dirigirse el saber.
La apelación a la universidad como espacio de pura racionalidad —como hace Peña— corre el riesgo de convertirse en una defensa abstracta de una institución idealizada, mientras se omite el hecho de que esa institución ha sido, en buena medida, desplazada por otra: una universidad funcionalizada, que ya no se mide por la verdad que alcanza, sino por los rankings en que aparece.
Se dirá, con razón, que incluso en la mejor universidad imaginable la violencia seguiría siendo posible. Por supuesto. La libertad humana siempre incluye esa posibilidad. Pero no todas las posibilidades tienen la misma densidad. Hay contextos en los que la violencia irracional es marginal y reconocida como tal, y otros en los que comienza a aparecer —para algunos— como medio legítimo de acción o, al menos, como medio comprensible dentro de una lógica de fines.
Por eso, la cuestión de fondo no es sólo disciplinaria y moral, sino también intelectual e institucional. Mientras la universidad siga desplazando la contemplación por la praxis, seguirá generando —aunque no lo quiera— las condiciones de posibilidad para que la violencia irracional deje de ser absurda y comience a ser, al menos para algunos, un recurso aparentemente razonable; es decir, un acto en el que la razón ya no gobierna por y para la verdad, sino que justifica a posteriori lo que la voluntad ha decidido imponer.
Excelente, muy buen planteamiento